El Consejo de Ministros italiano ha aprobado este miércoles un decreto que añade una medida más para aumentar la expulsión de migrantes. Según el texto, se acelerará el análisis médico a los que se declaren menores de edad al llegar al país para que, en caso de mentir, la condena pueda ser sustituida por su expulsión.

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha explicado que, en situaciones de llegadas múltiples, los inmigrantes que se declaren menores serán sometidos a un examen antropométrico.

«Está previsto que en el caso de que en el resultado de ese análisis la condición de ese menor sea contradicha se pueda aplicar la sanción sustitutiva de la expulsión, porque incurriría en una consecuencia penal por falsa declaración», ha justificado.

Para comprobar si los jóvenes tienen menos de 18 años, los controles se endurecerán, con pruebas de huellas dactilares y las mencionadas medidas antropométricas,

Menores en alojamientos para adultos

Por otro lado, el decreto prevé que los menores puedan ser alojados en centros para adultos «de forma provisional» y hasta un periodo de 90 días, en casos de extrema urgencia, y ante una eventual falta de espacio en instalaciones para menores.

A pesar de que menores de edad puedan compartir centros durante tres meses con adultos, el ministro ha sostenido que «no disminuiremos su tutela».

Por otro lado, la nueva legislación prevé acelerar la expulsión de los inmigrantes afectados por medidas judiciales por motivos de «peligrosidad social y de orden público».

Esto se aplicará también a aquellos inmigrantes que cuenten con un permiso de residencia de largo plazo.

Asimismo, el ministro ha asegurado que «se amplía la protección a las mujeres» solicitantes de asilo. Hasta ahora solo las madres con niños o las embarazadas podían acceder al Sistema de Acogida e Integración (SAI), más protegido, mientras que el resto recibían el mismo trato que los hombres. El decreto prevé el acceso de todas las mujeres en estructuras de mayor protección como el SAI.

Cadena de decretos antiinmigración

La primera ministra ultraderechista, Giorgia Meloni, ha defendido el decreto porque «acelera la expulsión de los inmigrantes irregulares peligrosos, introduce la plena protección para las mujeres y mantiene la de los menores y no permitirá mentir sobre la edad».

Se trata del cuarto decreto en materia migratoria que Meloni aprueba en lo que va de año.

El primero dificultó las misiones de los barcos de las ONG asignándoles puertos lejanos para desembarcar inmigrantes e impidiendo más de una operación de salvamento seguida; el segundo eliminó la protección especial, una tutela que el ordenamiento de Italia ofrece a los inmigrantes que no tienen derecho al asilo o a la protección subsidiaria.

El tercero, aprobado la semana pasada, alarga el tiempo de retención de los sentenciados a la expulsión hasta el máximo legal permitido por la Unión Europea, 18 meses, y prevé la apertura de nuevos Centros de Permanencia para la Repatriación (CPR).

El Ejecutivo de Meloni trata así de poder reducir el número de migrantes que atiende tras la oleada migratoria en su frontera sur, especialmente en la pequeña isla de Lampedusa, el enclave italiano más próximo a las costas africanas. Allí llegaron a inicios de septiembre más de 10.000 migrantes en apenas tres días.

El último decreto prevé además un aumento de 400 efectivos de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad las principales estaciones de ferrocarril y aumentar el personal policial para el control de visados en todas las entradas al país.