La activista feminista de Perú Mariana Mangini ha explicado el trabajo que realizan en la organización feminista Movimiento Manuela Ramos. Su tarea se centra en el empoderamiento social, económico y político de mujeres y disidencias, para lo que fomentan la educación sexual integral, trabajan en favor de la autonomía económica a través de la unidad de financiamiento CrediMujer y proporcionan apoyo y fortalecen a las mujeres electas, que sufren un fuerte acoso político en el país latinoamericano.

Mangini es la encargada del voluntariado del movimiento, que cuenta con 45 años de trayectoria. En un acto organizado en Bilbo por la ONG InteRed ha explicado que trabajan «desde la protección del cuerpo pero también la autonomía económica y política». Para ello, tienen en marcha los programas ‘Sexualidad y Autonomía Física’, ‘Poder y políticas’ y ‘CrediMujer’.

Ha destacado cómo se logró la Ley de Paridad y Alternancia política y ha señalado la necesidad de seguir luchando para que se tipifique el acoso político. Ha precisado que realizan su labor tanto de manera centralizada desde la capital, Lima, o desde las distintas regiones, dependiendo del tipo de programa.

Mangini se ha mostrado preocupada por el «contexto adverso» que vive su país. Si bien ha subrayado la movilización social que se ha estado produciendo, ha recordado también que la represión está siendo realmente «feroz»: «Hubo matanzas». Asimismo, ha lamentado que pese a que las movilizaciones se siguen produciendo, la cobertura de los medios se ha reducido.

Además, ha asegurado que el Estado está haciendo captación de los distintos poderes y también de la prensa. Del mismo modo, ha señalado el racismo y el clasismo como obstáculo para avanzar en la conquista de derechos.

«Nos quieren quitar derechos reproductivos ya ganados», ha denunciado, «y quieren cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer al de Ministerio de la Familia». Sin embargo, ha asegurado que están organizadas para hacer frente a estas amenazas: «Estamos en diferentes luchas acompañando, acuerpando».

En ese sentido, ha querido destacar los logros de la región de Puno, a partir del empoderamiento de las mujeres electas. «Son pioneras en crear ordenanzas para prevenir el acoso sexual callejero» y también trabajan con una agenda propia, según ha explicado.

Hostigamiento político

Mangini ha explicado que el acoso que sufren las mujeres electas en Perú llega al punto de cuestionarse públicamente su validez para el puesto por el hecho de ser mujeres. Esto hace que haya quien se retire o que otras ni se planteen postularse. Por ello, la activista ha subrayado la importancia de empoderar a estas mujeres.

«Tenemos que fortalecer a las mujeres electas para que sean ellas quienes trabajen para que se implementen ciertas medidas», ha asegurado, ya que debido a la mayoría conservadora del Congreso, una organización feminista como Manuela Ramos tiene verdaderamente difícil que sus propuestas sean siquiera escuchadas.

La existencia de mujeres electas es necesaria, ha incidido Mangini, para corregir cuestiones de algunas leyes para que sean más igualitarias. Ha puesto como ejemplo que hasta el año pasado las mujeres desaparecidas no formaran parte del recuento de víctimas de violencia contra la mujer; «estamos hablando de 700 mujeres desaparecidas, en su mayoría menores, por mes».

La activista considera que muchas veces, aunque las leyes estén más o menos bien, hay que estar alerta para ver si las sanciones contempladas en las mismas se aplican debidamente, ya que ha habido ocasiones en las que las sanciones se han visto rebajadas «por la vida social que llevaba la víctima o porque llevaba una trusa (braga) roja».

Del mismo modo, ha aclarado que la reparación de las víctimas no se reduce al encarcelamiento de los agresores. Ha subrayado la necesidad de medidas concretas para atender, por ejemplo, a las infancias que dejan huérfanas los feminicidios. En la actualidad reciben una pensión de 300 soles (unos 70 euros) al mes por hijo, aunque deja de contarse a partir del tercero: «Para el cuarto no se da nada».

Autonomía económica, como seguro de huida

El programa ‘CrediMujer’ que tienen en marcha es una unidad de financiamiento mediante la cual se impulsa la creación de bancos comunales, con el objetivo de que las mujeres accedan al crédito y cuenten con recursos para implementar negocios que les generen ingresos. Así, facilitan que las mujeres que sufren violencia machista en sus casas puedan dejar de depender económicamente de su agresor.

Este programa funciona a nivel regional y, según ha explicado Mangini, las 20.000 socias que tiene la red actualmente se convierten en referentes de sus comunidades en la ruta de denuncia, y garantía de respuesta: «Cuando van a denunciar diciendo que son Manuelas, la Policía se apura más». La activista asegura que los policías son «casi nuestros enemigos»: «En entornos rurales te devuelven a la casa de la que te has ido».