El Gobierno de Ecuador ha emprendido cuatro acciones encaminadas a la reestructuración de las fuerzas policiales tras darse a conocer la muerte en la cárcel de siete sicarios acusados del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto pasado.

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ha informado en un comunicado de las medidas que va a adoptar. Como respuesta «a los hechos violentos ocurridos las últimas 24 horas» y en relación con el sistema penitenciario, ha anunciado, en primer lugar, el «traslado de seis personas privadas de la libertad, vinculadas con la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio, para resguardar su seguridad».

Asimismo, ha hecho saber que destituirá de su cargo al director del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI), Luis Ordóñez, «y el respectivo encargo al Coronel Fausto Cobo, actual Director del CIES».

La tercera resolución del Ejecutivo implica «disponer la separación del cargo del Director General de Investigación de la Policía Nacional, el general Alain Luna, con la consecutiva baja, y la reorganización del Alto Mando Policial».

Finalmente, Lasso ha presentado una «denuncia penal contra José M., director subrogante del CPL Guayas 1, quien ya ha sido detenido, por la Policía Nacional, para que rinda su versión ante la Fiscalía».

En una nota posterior, el mandatario ha hecho oficial «el nombramiento del general de distrito César Augusto Zapata Correa como Comandante General de la Policía, a través del Decreto Ejecutivo 889», dando las gracias «a los generales Fausto Salinas y Manuel Iñiguez por sus servicios en la Policía Nacional». Ambos han sido destituidos.

Las medidas llegan después de que el SNAI informara de que seis presos acusados de estar implicados en la muerte de Villavicenico habían fallecido dentro de la cárcel del Litoral, en la ciudad ecuatoriano de Veracruz, ahorcados. Posteriormente, este sábado, agentes han constatado la muerte de un séptimo acusado en la cárcel de El Inca, en el norte de Quito.

La fundación SOS Cárceles Ecuador, que trabaja por la defensa de los derechos humanos y la paz en las cárceles del país, había pedido a la Fiscalía y al SNAI que trasladaran a los imputados del caso Villavicencio a cárceles más seguras, aunque su llamamiento no fue atendido.

La muerte de los siete sicarios se produjo pocos días después de que las autoridades estadounidenses que colaboran en la investigación del caso Villavicencio ofrecieran una millonaria recompensa por información que permita dar con los autores intelectuales del crimen.

Además, coincide con los últimos días de la campaña de la segunda vuelta electoral entre los dos candidatos presidenciales finalistas: La correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa. Esa contienda electoral tendrá lugar el próximo 15 de octubre y quien resulte ganador completará el periodo 2021-2025 que le correspondía a Lasso, pero que fue recortado a la mitad por él mismo al invocar en mayo pasado a la «muerte cruzada», una herramienta constitucional que le permitió disolver el Parlamento y llamar a elecciones anticipadas.