El primer caso en el Estado español en el que la Fiscalía solicitó que la Justicia investigara una denuncia por torturas a manos de la Policía franquista ha sido desestimado por una jueza de Barcelona, que ha concluido que los hechos están «prescritos y amnistiados» y que no constituyen un delito de lesa humanidad.

En un auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona ha rechazado admitir a trámite la querella presentada por el sindicalista Carles Vallejo, que el Ministerio Público pidió investigar invocando la nueva Ley de Memoria Histórica.

La magistrada descarta investigar las torturas denunciadas por Vallejo al concluir que los «principios de legalidad penal, de irretroactividad de disposiciones desfavorables y de vigencia de la ley de amnistía son obstáculos insalvables», a la vista de la jurisprudencia constitucional.

Carles Vallejo fue detenido en Barcelona el 17 de diciembre de 1970. Los agentes de la Brigada Político Social lo llevaron a la comisaría de Via Laietana, donde lo mantuvieron durante 21 días. Vallejo denunció haber sufrido torturas y humillaciones por su militancia en CCOO. Denunció haber sufrido «la bolsa», patadas, golpes, que lo mantuvieron en cuclillas durante horas y privación de sueño.

La Fiscalía presentó un informe en el que acusaba a seis policías de torturarlo, pero ahora la jueza de Barcelona ha dado carpetazo. La  magistrada considera que la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez «no deroga la ley de amnistía de 1977, ni de manera expresa ni de manera tácita», por lo que los hechos denunciados por Vallejo no pueden ser investigados por la vía penal.

La instructora razona además que la nueva ley no emplea «el término investigación penal» cuando alude al derecho de las víctimas a la verdad, sino que apuesta por obtener una declaración judicial sobre lo sucedido a través del llamado «expediente de jurisdicción voluntaria», no enmarcado en ningún proceso contencioso.

Contrario al «principio de legalidad penal»

Es más, la jueza recalca que la ley «habla de medidas de investigación, no diligencias de investigación», con lo que encomienda las indagaciones sobre vulneración de derechos humanos a las universidades, organismos públicos y corporaciones de derecho público.

Tras remitirse a la «consolidada jurisprudencia» en la materia, García Martínez mantiene asimismo que la tortura no puede ser tipificada dentro de los delitos de lesa humanidad, dado que ello sería contrario al «principio de legalidad penal».

En ese sentido, recuerda que hasta julio de 1978 no se tipificaron las torturas en el Estado español y que, en cualquier caso, no están incluidas en el artículo 131 del Código Penal que establece que los delitos de lesa humanidad no prescribirán. «La imprescriptibilidad del delito de lesa humanidad fue introducida en el apartado 4 del artículo 131 del Código Penal por la Ley Orgánica de 2003, posterior a los hechos objeto de la querella», abunda el auto.

Recurso de Fiscalía

Como ya ha hecho la Generalitat, acusación popular en el caso, la Fiscalía de Barcelona ha decidido presentar un recurso contra el auto de la titular del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona.

La Fiscalía había pedido a la jueza que admitiera a trámite la querella de Vallejo, en la primera vez en el Estado español que apoyaba investigar los crímenes del franquismo invocando la nueva Ley de Memoria Democrática, que el ministerio público entiende que impone al Estado el deber de investigar las violaciones de derechos humanos en la Guerra del 36 y la dictadura.