Treinta de los treinta y ocho millones habitantes de Polonia están llamados a acudir a las urnas mañana. Con sus votos decidirán, por un lado, el reparto de los 460 escaños del Parlamento, el Sejm, y los 100 asientos del Senado. Además, deben pronunciarse en referéndum sobre la posición de Polonia frente al compromiso que la Unión Europea (UE) ha alcanzado respecto a la acogida de solicitantes de asilo. Las voces críticas dicen que el Ejecutivo polaco, liderado por el Partido Ley y Justicia (PiS), ha incluido esta consulta en la convocatoria electoral para influir así en el resultado.

Después de ocho años en el Gobierno, el PiS teme por su mayoría absoluta. La necesita para culminar su proyecto de convertir al Estado en un sistema autoritario. En este camino ha avanzado considerablemente, aunque le quedan aún una serie de obstáculos por delante. Aunque ha logrado someter al Poder Judicial a sus intereses, no todas las sentencias han salido a su favor.

Aun así, los máximos representantes del PiS, presidido por Jaroslaw Kaczynski, y gobernado con el primer ministro, Mateusz Morawiecki, han optado por respetar solamente aquellas decisiones judiciales que les interesan, obviando las demás como si no existieran.

Este estilo político ha agudizado la crispación política. El descontento, que llega hasta el seno del Estado, se ha manifestado esta semana en la repentina dimisión de dos altos mandos del Ejército. El jefe del Estado Mayor, Rajmund Andrzejczak, y el del Comando Operativo, Tomasz Piotrowski, dejaron sus cargos sin explicaciones. Medios polacos especulan con que el PiS intentaba instrumentalizar al Ejército para sus fines electoralistas.

Aunque los sondeos auguran una victoria del PiS, la formación ultraconservadora y ultracatólica podría perder la anhelada mayoría absoluta. Para mantenerse en el poder necesitaría un socio. 

Situación interna

En la decisión del electorado influye la situación interna del país. Un tema fundamental es la inmigración, que ha aumentado como consecuencia de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Un millón de refugiados ucranianos ha encontrado acogida, sobre todo en casas particulares de Polonia, ya que el Estado no les proporciona una alternativa.

Ahora, después de 18 meses de hostilidades en el país vecino, el clima social se ha enrarecido ante la posibilidad de que la guerra se prolongue más de lo previsto.

Como también ocurre en la vecina Alemania, ha surgido un debate sobre si el Estado debe ayudar, y en qué cuantía, a los inmigrantes.

En el caso de que el PiS vuelva a gobernar el país, su política le aislará todavía más de Europa. En esta situación solo le ayudaría el regreso de Donald Trump a la Presidencia de EEUU.

Además, los agricultores polacos se consideran víctimas colaterales de la contienda ya que no pueden vender su trigo por la exportación del grano ucraniano, que ha de pasar por Polonia para llegar a los mercados internacionales.

Por eso, el Ejecutivo de Morawiecki prohibió su importación. El consiguiente conflicto con el Gobierno ucraniano de Volodimir Zelenski ha llegado a tal extremo que Varsovia cuestiona también continuar con su apoyo militar a Kiev.

Con esta agresividad en la política exterior, el PiS intenta ocultar los demás problemas internos, como la alta inflación (10%), la subida de los precios de la energía y las crecientes restricciones al aborto.

Ante este panorama, la electoral Coalición Cívica de Donald Tusk se ofrece como una alternativa. El 1 de octubre mostró su capacidad de movilización cuando reunió a varios cientos de miles de manifestantes en la capital. Tusk consideró el acto como la «señal del renacimiento de Polonia».

Para que el símil se convierta en realidad, sus muy probables socios han de superar primero el límite del 8% de los votos requerido.

Con el fin de que expresidente del Consejo Europeo no consiga el apoyo necesario para su coalición, que las encuestas sitúan en el 32%, el PiS le difama como el «representante» de los intereses de Berlín y Bruselas.

Enemigo número dos

La propaganda gubernamental ha convertido a Alemania –por cierto, su principal socio comercial– en su enemigo número dos, justo después de Rusia. Primero crispó las relaciones reclamando más de un billón (con b) de euros en reparaciones por la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, a lo que Berlín hizo caso omiso porque considera que es un asunto cerrado desde 1990.

Y la relación fue a peor cuando Alemania detectó que autoridades polacas habían vendido visados a inmigrantes para que pudiesen seguir su camino al país vecino, evitando así ser atendidos como refugiados en Polonia. Cuando el canciller, Olaf Scholz, instó a Polonia a respetar la legislación de asilo de la UE –que beneficia a Alemania–, el ministro polaco de Justicia,  Zbigniew Ziobro, lo consideró «un extraordinario descaro del canciller alemán».

En el caso de que el PiS vuelva a gobernar el país, su política le aislará todavía más de Europa. En esta situación solamente le ayudaría el regreso de Donald Trump a la Presidencia de EEUU.
Alemania, a su vez, se enfrentaría al hecho de que Polonia contará pronto con las Fuerzas Armadas más numerosas de la UE, comandadas por un Ejecutivo autoritario.