«Que estos casos oficiales por ley de muertes, lesiones y gravísimas torturas no sean un escándalo es algo que nos inquieta. Y es así porque hay una anestesia que se rompe dando a conocer los testimonios de las víctimas». «Víctimas que, además, muchas veces han contado lo sufrido a esta comisión después de habérselo callado incluso ante sus familias durante años». De esta forma se han expresado los miembros de la comisión de reconocimiento de las víctimas del Estado ante el Parlamento y por ello han pedido la máxima difusión del informe presentado.

La denominada oficialmente ‘Comisión de Valoración para el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos’ ha presentado este lunes en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz su ‘Tercer Informe anual de la Comisión de Valoración para el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999’, correspondiente al periodo julio 2022 - junio 2023.

Y tras unas denominaciones tan burocráticas, aparece un equipo de personas empáticas con las víctimas de la violencia del Estado, padecida tanto de elementos policiales y oficiales, como parapoliciales, y un informe que reconoce a 66 de estas víctimas que ofrece testimonios desgarradores.

Al mismo tiempo, proponen una serie de mejoras legales y administrativas para que su trabajo no acabe atascándose y para ofrecer una mejor reparación de estas víctimas. Tanto de los testimonios como de las trabas sufridas ha ido informando NAIZ en los últimos días. Además, junto a estas líneas se recoge el informe en su integridad.

Comparecencia y peticiones

La presidenta de la Comisión, Juana Balmaseda, que es experta en la materia, y Jon Mirena Landa, miembro de la misma y jurista especializado, han comparecido ante la comisión parlamentaria, mientras que otros miembros de la misma la han seguido desde una sala anexa. El informe se había distribuido con anterioridad entre los parlamentarios, aunque la portavoz del PSE, Miren Gallastegi, ha apuntado que hubiera sido mejor tenerlo todavía con mayor antelación, puesto que es «un informe magro, sin tonterías».

Ha sido Jon Mirena Landa quien en su última intervención ha puesto sobre la mesa la inquietud de que los testimonios que se ofrecen en el informe, que están comprobados y oficializados, no produzcan un escándalo. Pero lo llamativo es que tampoco las parlamentarias y parlamentarios que ya lo conocían han mostrado especial consternación por lo leído que, recordemos, incluye relatos espeluznantes de torturas, incluso con un punto de vista de género tantas veces obviado.

También se recoge, y Juana Balmaseda lo ha expuesto de forma expresa ante la comisión, el dolor añadido que sintieron las familias de Joxi Zabala y Josean Lasa por, tras el secuestro, tortura y muerte de los jóvenes, ver como la Policía española y la Guardia Civil cargaron en el aeropuerto de Hondarribi, y después la Ertzaintza apaleó a familiares y allegados en el cementerio de Tolosa. Los representantes parlamentarios de los partidos que entonces y ahora mandan en la Policía Autonómica no han sentido tampoco la necesidad de decir nada.

Los representantes de la Comisión, además de pedir la máxima difusión de sus informes, han solicitado más medios para hacer su trabajo y apertura de nuevos plazos, puesto que su labor está haciendo que más víctimas confíen en ellos.

También han considerado necesario revisar de manera urgente las indemnizaciones previstas en la ley, puesto que hay casos de enorme sufrimiento que, sin embargo, no pueden ser indemnizadas o dan lugar a unas «indemnizaciones irrisorias» que pueden resultar contraproducentes.

Junto a ello, han dado cuenta de los problemas que encuentran para acceder a determinados archivos militares y otros de los tribunales. Y no han pasado por alto los intentos de sabotaje y boicot padecidos a través de la presentación de requerimientos por miembros de las FSE, familiares y sectores afines.

Turno de grupos

El turno de grupos ha comenzado por Iñigo Martínez, de Elkarrekin Podemos-IU, puesto que la representante de Vox estaba en otra Comisión y ninguno de los otros cuatro miembros del PP parece que podían sustituir a Carmelo Barrio, que estaba en la Ponencia de Educación. Después, cuando ha vuelto para la segunda ronda, Barrio ha asegurado que había seguido las intervenciones, pero su único comentario ha sido que «analizaremos el informe y las propuestas con total rigor».

Iñigo Martínez ha agradecido a la Comisión su trabajo, su mirada pro-víctima, ha recordado el acto que tendrá lugar este martes en el Kursaal de Donostia, donde se procederá al reconocimiento de las 66 víctimas recogidas en este informe, y ha apostado por la significación de los lugares en los que se produjeron estas vulneraciones de derecho y por el fin de los agravios con otras víctimas.

Miren Gallastegi, del PSE, al igual que Iñigo Iturrate, del PNV, ha defendido el trabajo de la Comisión, incluso a pesar de las adversidades, aunque al mismo tiempo se han felicitado por el cumplimiento de algunas de las peticiones realizadas hace un año. Sobre todo, el jeltzale Iturrate ha sido especialmente vehemente en defender el compromiso con estas víctimas del Gobierno de Lakua y del Instituto Gogora.

Desde EH Bildu, Julen Arzuaga, no solo ha apoyado el trabajo de la Comisión, sino que ha querido «agradecer y felicitar» su labor y les ha pedido que sigan. Ha resaltado la empatía mostrada por sus integrantes con las víctimas, a muchas de las cuales han puesto voz recogiendo sus testimonios en el informe, lo que ha contribuido a superar la desconfianza con la que algunas veían esta ley. También ha destacado la perspectiva de género adoptada.

¿Paso a la vía penal?

Arzuaga ha recordado que la nueva legislación estatal y autonómica de memoria recoge la posibilidad de llevar algunos de estos casos por la vía pena, al entenderse que la Ley de Amnistía no puede aplicarse ante la gravedad de lo ocurrido. Ha puesto el ejemplo de uno de los reconocidos en el Informe, Josu Mugica, muerto en una balacera policial en Madrid en la que estuvo implicado, según propia confesión, por el chivato Mikel Lejarza, El Lobo, que entrevistado en Radio Euskadi recientemente aseguró que lo volvería a hacer.

Desde la Comisión, Jon Mirena Landa ha apuntado que dar ese segundo paso de ir a la vía penal no les corresponde a ellos, pero se ha felicitado de que al menos pueden ofrecer un primer paso a esas familias, que es la «verdad» de lo que les hicieron.

Los cuatro grupos han anunciado su apoyo a las peticiones de la comisión, aunque han coincidido en que la reforma legal ya no será posible en esta legislatura. En todo caso, Julen Arzuaga sí ha sugerido a la Comisión que podría ir especificando las reformas que pedirían, lo que podría servir para arrancar cuanto antes en la próxima legislatura, ya que la «autoridad» que se han ganado podría evitar discusiones entre los grupos.

Landa ha señalado que no quisieran entrometerse en los ritmos y decisiones del Parlamento, pero que están abiertos a hacer las aportaciones que se les pidan.