El acuerdo para una ley de amnistía es una realidad entre PSOE y ERC, certificada el jueves con el apretón de manos entre Félix Bolaños y Oriol Junqueras, pero su redacción exacta sigue pendiente del punto de consenso que se acuerde con Junts. Y con ello, la investidura de Pedro Sánchez. El PSOE no ha conseguido poner al debate la fecha del 7 de noviembre, martes, como pretendía, aunque técnicamente todavía podría ser posible si se desbloquea la situación el fin de semana. El plazo antes de dar paso irremisiblemente a otras elecciones concluye el 27 de noviembre: quedan aún tres semanas, por lo que Junts tiene margen para seguir apretando.

Un tuit de Carles Puigdemont en la noche del jueves dio la pista de dónde está la discrepancia, tras un día entero de reuniones de la dirección de Junts en Waterloo, en los que el atril para la comparecencia que sellaría el acuerdo fue montado primero y desmontado después. En él, el president represaliado dejó claro que «para tratar con el sistema político español todas las precauciones son pocas» y «ahora más que nunca».

Junts quiere amarrar todos los aspectos de la amnistía en marcha, algo que queda más detallado en el escrito del secretario general, Jordi Turull, a la dirección del partido, del que ha dado cuenta ‘La Vanguardia’: «No dejaremos a ningún soldado tirado», dice. Y también: «No haremos una amnistía para vips». Turull plantea a sus compañeros «calma» para cerrar el mejor acuerdo posible.

Aunque desde Madrid se trata de atribuir la alusión al «soldado tirado» a la dirigente de Junts y expresidenta del Parlament Laura Borràs, condenada inicialmente por «falsedad documental» y «prevaricación», en el entorno de Puigdemont se piensa más en el caso de su jefe de oficina Josep Lluís Alay, sobre el que pesa el llamado «caso Voloh», un sumario impulsado por la Guardia Civil que trata de ligar el «procés» con Rusia.

Sabotajes policiales y judiciales

Junts muestra claros recelos también sobre la posibilidad de boicot judicial a una solución en clave de amnistía. Y no faltan motivos para ello, empezando por la revuelta de los vocales del Consejo General del Poder Judicial designados por el PP, que van a forzar un pleno de esta institución (posiblemente el lunes) para un posicionamiento contra la ley que se prepara. Cabe recordar que los órganos de representación judicial en el Estado español están desfigurados por la negativa de la derecha española a renovarlos hace ya un lustro.

También son sintomáticos los dos movimientos producidos este viernes, horas después de cerrarse el acuerdo PSOE-ERC. Uno es el informe filtrado por la Guardia Civil que afirma que la secretaria general de Esquerra «realizó cometidos de coordinación» de Tsunami Democràtic en sus acciones de desobediencia civil tras la represión al «procés». Este documento ha sido remitido, curiosamente hoy, a la Audiencia Nacional.

En paralelo, desde el tribunal especial español se ha comunicado la apertura de juicio por delitos de «terrorismo contra doce miembros de los CDR, a los que acusan de planear acciones violentas en 2019. Un sumario que ha ido dando pasos adelante y atrás desde 2019, pero que ahora se lleva a juicio con imputaciones muy graves: «pertenencia a organización terrorista», «tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos»...

Presión de la ANC

Entre tanto, Junts se enfrenta también a las presiones ya recurrentes de la Assemblea Nacional Catalana, que ha denunciado este viernes el pacto PSOE-ERC como «retroceso para el independentismo» y «sumisión al Estado».

En un hilo de tuits, la entidad independentista cita que, a tenor del último borrador conocido, «la ley de amnistía acordada es ‘para la normalización institucional, política y social en Cataluña’. El conflicto con el Estado no se soluciona con un perdón. Si desean normalización, que reconozcan el derecho a la autodeterminación y la voluntad mayoritaria del Parlamento».

Aunque admite que la amnistía «será positiva para un gran número de represaliados», la ANC pone en duda que «les beneficie a todos», a la vez que critica que «exculpará» a los policías que «apalizaron» a ciudadanos el 1-O, causando cerca de un millar de heridos y contusionados.

Condonada deuda a Catalunya y Galicia

Además de la cuestión de la amnistía, ERC y PSOE han pactado un traspaso integral de Rodalies a la Generalitat y la reducción del déficit fiscal. En concreto, el acuerdo recoge una condonación de parte del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que corresponde a 15.000 millones de euros.

Dentro del acuerdo con el BNG, avanzado este viernes y validado ya por la Ejecutivo de esta formación, se incluye también la condonación de la deuda pública que tiene Galicia desde 2021 y que asciende a 12.333 millones de euros. Y se avanza un acuerdo sobre los peajes de las autopistas AP-9 y AP-53 (aquí, entrevista en NAIZ el pasado domingo con su líder, Ana Pontón). Solo faltan algunos flecos, ha admitido Pontón.

Estos acuerdos ya han movilizado a presidentes autonómicos del PP que reclaman «café para todos». El primero en salir a la palestra, el andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que reclama 17.000 millones. Y Castilla-León avanza que acudirá a los tribunales.

El PNV también negocia

En esta recta final de negociación tienen que definirse también las contrapartidas al PNV, cuyos votos requiere la investidura. La formación jelkide negocia a través de Aitor Esteban y Andoni Ortuzar, con la intención de mantener el pulso hasta última hora.

No es el caso de EH Bildu, que afirmó de entrada que no tenía líneas rojas y que apoyará a Sánchez para evitar una repetición electoral que vuelva a dar alas a las derechas.

Aval de la militancia de ERC

Por su parte, la militancia de ERC ha avalado este viernes en una consulta el acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, con el 89% de votos a favor y una participación del 43,61% de la militancia con derecho a voto, según ha informado el partido en un comunicado.