De «prevaricar» para impedir un pacto de investidura ha acusado el Govern a un sector de la justicia española, en la que Lakua también ve «ideología», mientras que el Gobierno español ha recordado que la imputación de Carles Puigdemont por el caso de Tsunami Democràtic llega «cuatro años después» y con la Fiscalía en contra de esa decisión.

La postura del Govern sobre la citada imputación ha sido dada a conocer por Plaja, quien ha señalado que «alguien tiene la poca vergüenza, la maldad, de acusar de terrorismo a quienes no han hecho nada más que defender siempre pacíficamente el derecho a decidir» de Catalunya.

Ha denunciado que «aquellos a quienes teóricamente les toca impartir justicia buscan no solo condicionar negociaciones políticas, sino castigarlas, prevaricando».

Estas imputaciones «por terrorismo», ha advertido, son «la confirmación de que la salud democrática del Estado español es tan débil que si no se toman medidas urgentes acabará gangrenándose».

También se ha referido directamente a la declaración institucional aprobada por el Consejo General del Poder Judicial, con mayoría conservadora, contra la futura ley de amnistía, «un posicionamiento público sin precedentes en contra de legítimas negociaciones políticas», ha destacado la portavoz del Govern.

Lakua ve «ideología»

Sobre esta cuestión, el portavoz del Gobierno de Lakua, Bingen Zupiria, ha señalado que algunos pronunciamientos que se han producido en el Poder Judicial «tienen más que ver con la política y con la ideología que con la Administración de justicia».

Ha indicado que esta cuestión han sido objeto de comentario entre los miembros del Ejecutivo durante el Consejo de Gobierno y ha aludido a las consecuencias que «tiene la politización de la justicia».

Zupiria también ha denunciado que en las movilizaciones que se registraron este lunes contra la Ley de Aministia «se incita al rencor y al odio, y estas son actitudes que nos preocupan, porque pueden tener una incidencia directa en la convivencia democrática que deba existir entre las personas en una comunidad democrática y estas cosas se ve dónde empiezan, pero nunca se sabe dónde terminan».

«Cuatro años después»

Por su parte, la portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, ha afirmado que el señalamiento del juez hacia Puigdemont por el caso de Tsunami Democràtic llega después de «cuatro años» de instrucción de la causa. También ha destacado que la Fiscalía se ha manifestado en contra de esta decisión.

Rodríguez ha señalado que no debe emitir una opinión política sobre decisiones judiciales, aunque ha añadido que «ahí están los hechos para su análisis –en referencia a los medios de comunicación– y el de la ciudadanía. Es una causa que se lleva instruyendo cuatro años y hay otros operadores jurídicos con criterios distintos, como la Fiscalía», ha afirmado.

A continuación, al ser preguntada de nuevo por este asunto, ha reiterado que tiene «respeto absoluto» por la separación de poderes y ha indicado de nuevo que «ahí están los hechos» para que puedan ser analizados tanto por los medios como por los ciudadanos.