El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha comparecido este mediodía en Bruselas para confirmar el acuerdo con Junts para investir al presidente del Gobierno español en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez. Un acuerdo que, según ha querido remarcar, es para los próximos cuatro años: «Un acuerdo de investidura y legislatura». Carles Puigdemont lo ha puntualizado: «Se condiciona la legislatura a los avances y no solo a los cumplimientos».

Según avanza la agencia Efe citando fuentes del PSOE, la investidura de Pedro Sánchez podría celebrarse los días 15 y 16 de noviembre.

Cerdán ha destacado que el acuerdo con Junts llega «en un momento clave», ya que «han pasado seis años desde 2017 y el conflicto en Catalunya sigue sin resolverse». El representante del PSOE ha considerado que, de esta forma, «se abre una nueva etapa» y con el resultado positivo de esta negociación se quiere «devolver al cauce de la política las diferencias entre las administraciones españolas y catalanas». «Que la política sea el marco en el que se resuelvan las diferencias», ha insistido.

El texto acordado entre ambas formaciones sitúa el origen del conflicto en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 contra el Estatut y recuerda que «desde 2015 se han ido repitiendo mayorías absolutas independentistas» en el Parlament, que desembocaron en una consulta popular (2014) y un referéndum (2017), seguido de la aplicación del artículo 155 de la Consitución española y «múltiples causas judiciales».

«PSOE y Junts apuestan por la negociación y los acuerdos como método de resolución de conflictos y acuerdan buscar un conjunto de pactos que contribuyan a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya», apunta el texto acordado.

Puigdemont: «Una etapa inédita»

Carles Puigdemont también ha comparecido desde la capital belga, destacando el hecho de que se haya tenido que firmar en Bruselas y no en Barcelona, y ha puesto en valor un acuerdo que abre «una etapa inédita», a pesar de que ha querido ser cauto y ha pedido «no levantar expectativas». Ha definido el acuerdo como «el marco en el que decidimos relacionarnos a partir de ahora», después de que «la convivencia» con el Estado español «se haya llegado a hacer insostenible».

En el fondo del acuerdo ha puesto la defensa de «la voluntad del pueblo de Catalunya», expresada a través del Parlament, por lo que ha remarcado que defiende la legitimidad del referéndum del 1 de octubre.

El expresident ha destacado que «el problema de fondo» de Catalunya no se ha solucionado, pero que este acercamiento «es un cambio de enfoque».

«Es la puesta en marcha de un proceso de negociación, asumiendo que no es la solución a nada. No hay que levantar expectativas. Entramos en una etapa inédita, que debemos saber explotar. Un recorrido que dependerá de la capacidad que tengamos que aplicar las herramientas acordadas», ha señalado.

Con el acuerdo alcanzado con Junts, solo queda por confirmar el apoyo del PNV a la investidura de Sánchez. «Estará a punto de cerrarse», ha adelantado Cerdán.

Ley de amnistía

La versión final de la ley de amnistía no se presentará este jueves, sino que se hará en otro acto, probablemente la semana que viene, con la participación de las distintas fuerzas políticas que la han pactado. De hecho, en los próximos días se seguirá trabajando con el texto legal de la ley, ya que todavía faltarían algunos flecos.

Pese a ello, Cerdán ha confirmado que la ley de amnistía «está acordada», pero que «hay que presentarla al resto de partidos», que tendrán que revisarla.

«Todas las precauciones. Delante tenemos toda la maquinaria posible»

El expresident catalán ha añadido que la ley sostiene «la voluntad compartida de no dejar fuera a nadie que haya sufrido persecución por su participación de cualquier manera en el procés». Sin embargo, aquí también ha reclamado «todas las precauciones posibles», ya que «delante tenemos toda la maquinaria posible». 

De hecho, las últimas jornadas de este proceso de diálogo en Bruselas han estado marcadas por innumerables rumores sobre los escollos que mantenían las conversaciones trabadas, así como por la ofensiva contra la ley de amnistía que han encabezado los jueces –con la causa contra Puigdemont o la declaración contra la amnistía, por ejemplo– y las derechas, que se ha traducido en protestas diarias, principalmente en Madrid, con algaradas y cánticos y simbologías fascistas, racistas y homófobas.

A la espera de conocer más detalles de la misma, el texto presentado hoy da algunas pinceladas. La base será el acuerdo ya firmado al respecto por PSOE y ERC, en la que su alcance se extiende hasta 2012 y abarca todos los delitos de carácter político producidos en este periodo, en que además del referéndum del 1 de octubre de 2017 se registró la anterior consulta de noviembre de 2014.

Y también se incluirían sumarios encuadrables como «lawfare», uno de los extremos reivindicados por Puigdemont, en los que representantes independentistas han sido condenados o están imputados por otras acusaciones teóricamente extrapolíticas y que ha sido el punto que más problemas ha dado a la hora de cerrar el acuerdo. Interrogado sobre ello, Cerdán se ha limitado a contestar que «serán los jueces quienes valoren si cubre a unos o a otros».

El acuerdo enmarca esta ley «para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato». Así, señala que la futura ley «debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos».

Mesa negociadora con un mediador internacional

Además de la ley de amnistía, el acuerdo con Junts también pasa por un reconocimiento del conflicto político, sus orígenes y una mesa de negociación con la figura de un mediador, «que tendría función de acompañar, verificar y realizar el seguimiento de todo el proceso de negociación», que sería internacional.

El texto abre la puerta a negociar «la aspiración de la sociedad catalana a superar los déficits y limitaciones del autogobierno y las relativas al reconocimiento nacional de Catalunya».

La primera reunión se llevará a cabo este mismo mes de noviembre y a esa mesa Junts llevará su propuesta para organizar un referéndum de autodeterminación «amparado en el artículo 92 de la Constitución», mientras que el PSOE defenderá «el amplio desarrollo del Estatut de 2006».

Facilitar el regreso de empresas

El acuerdo, asimismo, prevé abordar la elaboración de un plan que facilite y promueva el regreso a Catalunya de las sedes sociales de las empresas que se mudaron a otros territorios en los últimos años, fundamentalmente a raíz del referéndum independentista de octubre de 2017, así como la gestión fiscal.