No es una buena noticia ver a la extrema derecha campar a sus anchas en las calles de Madrid, pero las ironías están para disfrutarlas. El precio que el PSOE parece estar dispuesto a pagar para poder gobernar, y poner fin a lo que siempre ha considerado un problema de convivencia entre catalanes, está generando un problema de convivencia de primer orden entre españoles.

El conflicto español. Siempre se ha hablado del conflicto vasco o del conflicto catalán, mientras en vano tratábamos de explicar que no, que el conflicto, en todo caso, sería entre España y Euskal Herria, o entre España y Catalunya. O que, en rigor, el conflicto lo tenían los propios españoles con la democracia. Los contenedores en llamas cerca de Ferraz alumbran este marco y nos hablan del conflicto español. Quien debe ir a prisión ya no es Otegi o Puigdemont, sino Pedro Sánchez. Y la amenaza a España ya no proviene de vascos o catalanes, sino de la propia Carta Magna. «La Constitución destruye la nación», se lee en una de las pancartas que los grupos ultra han sacado a pasear estos días.

Con la ayuda de la aritmética electoral, la apuesta de los independentistas por frenar los pies a la extrema derecha en el Congreso y negociar la gobernabilidad con el PSOE agudiza las tensiones entre españoles. Y al mismo tiempo, pone negro sobre blanco los profundos y estructurales problemas que la derecha mesetaria tiene con la democracia.

Hay más. Que dos pilares del Estado profundo como la judicatura y los cuerpos policiales secunden, de palabra y obra, la ofensiva contra la negociación entre Sánchez y los independentistas no hace sino sacar a la luz la materia de la que están hechos los cimientos del Estado español.

La amnistía ha sido ya bendecida por instancias tan poco sospechosas –y algo más inteligentes– como el conservador y elitista Cercle d'Economia barcelonés o el ‘Financial Times’ inglés, de atributos parecidos. Una derecha serena –como predica en vano ‘La Vanguardia’, quizá única derecha serena en el Estado– sería capaz de ver en la vuelta de Puigdemont una vaga opción de regresar, a medio plazo, a los amplios salones del Hotel Majestic en los que Aznar y Pujol sellaron la llegada del PP a la Moncloa en 1996, y un modo de quitarse de encima la losa de Vox, un impedimento evidente para Núñez Feijóo.

Pero quizá sea demasiado tarde. Hoy es Aznar el que llama a la rebelión y Esperanza Aguirre la que corta carreteras delante de Ferraz. El problema no solo es Vox. El problema es, siempre lo fue pero ahora emerge más allá de Euskal Herria y Catalunya, el conflicto de una parte importante de los españoles con la democracia. He ahí, en todo su esplendor, el conflicto español.