PNV y el PSE han rechazado este jueves la creación de una comisión de investigación sobre la adjudicación de varias rutas de transporte escolar a una empresa de cuyo Consejo de Administración forma parte Joanes Labayen, marido de la presidenta del Parlamento de Gasteiz y asesor del Departamento de Educación.

La puesta en marcha de una investigación parlamentaria en torno a este asunto había sido planteada de forma conjunta por Elkarrekin Podemos-IU y el PP, y ha recibido el apoyo de EH Bildu, Ciudadanos y Vox en el pleno. No obstante, el PNV y el PSE han hecho valer su mayoría absoluta en la Cámara para rechazar la propuesta.

En su iniciativa, Elkarrekin Podemos-IU y el PP solicitaban la creación de una comisión de investigación destinada a esclarecer las posibles «responsabilidades políticas» por la adjudicación de varias rutas de transporte escolar a Autocares Urpa S.L., de cuyo Consejo de Administración forma parte Labayen.

La concesión de contratos fue reconocida el pasado mes de septiembre por el propio consejero de Educación, Jokin Bildarratz, que ha defendido en todo momento la legalidad de la medida y ha rechazado la existencia de un conflicto de intereses.

En el texto registrado por Elkarrekin-Podemos-IU y el PP, se solicita la constitución de una comisión especial de investigación «relativa a la licitación y adjudicación de contratos de transporte escolar por parte del Departamento de Educación del Gobierno Vasco».

En la justificación de la iniciativa, se recordaba que el pasado 22 de septiembre «se hicieron públicas ciertas informaciones que apuntaban la existencia de un posible conflicto de intereses en la adjudicación de contratos de transporte escolar por parte del Departamento de Educación del Gobierno Vasco».

Elkarrekin Podemos-IU y PP destacaban que gracias a dichas informaciones, se ha tenido conocimiento de que «el Departamento de Educación había contratado como asesor externo y mediador en el conflicto de las adjudicaciones de las rutas de transporte escolar a una persona que, a su vez, es consejero y secretario de una de las empresas concurrentes al concurso público».

«Extrema gravedad»

En el texto, se añadía que «parece ser que una parte importante de los contratos de transporte escolar correspondientes al Territorio Histórico de Gipuzkoa fueron adjudicados, precisamente, a la empresa de transportes de la cual este asesor gubernamental es miembro de su Consejo de Administración y secretario».

Ambas formaciones señalaban en su escrito que de confirmarse estos hechos, «nos encontraríamos ante una situación de extrema gravedad, que pone en tela de juicio la gestión de los servicios públicos que realiza este Gobierno y su compromiso con el respeto a los principios de concurrencia en la contratación pública, respeto a la normativa de contratos del sector público, transparencia y buena gobernanza».

Asimismo, afirmaban en su propuesta que resulta «imprescindible» escuchar a todas las partes implicadas y recabar «cuanta documentación escrita o grabada, relativa a estas adjudicaciones pueda estar disponible», con el fin de «aclarar y, en el caso de existir, depurar cuantas responsabilidades de carácter político pudieran corresponder en el ámbito de la investigación parlamentaria».

A través de la comisión de investigación que planteaban, Elkarrekin Podemos-IU y PP pretendían «indagar sobre las eventuales responsabilidades políticas en los procesos de licitación y adjudicación de contratos de transporte escolar llevados a cabo por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco».

«Redes clientelares»

En el debate de este jueves en el Parlamento, la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha afirmado que «cuando se subcontratan los servicios públicos (...) se garantiza la supervivencia de las redes clientelares». Ha afirmado que pese a las explicaciones de Bildarratz, aún quedan "muchas" dudas pendientes. «No sabemos para qué contrató Educación a este asesor; no sabemos todavía si había o no un conflicto de intereses», ha añadido.

El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha denunciado las «insuficientes justificaciones» y los argumentos «peregrinos» empleados por el consejero de Educación para defender su gestión en este asunto. Además, ha dado por hecho que en este tema se han producido «irregularidades» administrativas que «merecen» ser estudiadas en una comisión de investigación.

El parlamentario de EH Bildu Ikoitz Arrese ha afirmado que «la cuestión no es sólo si este tipo de prácticas son legales o no, si son irregulares o no», sino si resultan «éticas o no y si están bien hechas o no». Arrese ha considerado que en este tema «no se han hecho las cosas todo lo bien que se tendrían que haber hecho», y ha criticado la falta de «transparencia» del Gobierno.

El único parlamentario del Grupo Mixto-Ciudadanos, José Manuel Gil, ha censurado la »escandalosa» gestión y los «desatinos» de Bildarratz, así como la «impunidad» con la que actúa el PNV.

La representante del Grupo Mixto-Vox, Amaia Martínez, ha afirmado que aunque no se pueda poner «en tela de juicio» la legalidad de la contratación de esta persona, la medida «no tiene un pase desde un punto de vista ético y estético».

«Ruido político»

Por parte de los grupos que apoyan al Gobierno, el parlamentario del PNV Gorka Álvarez ha reprochado a Elkarrekin Podemos-IU y PP que registraran la petición de una comisión de investigación antes incluso de haber escuchado las explicaciones aportadas por el consejero, algo que ha atribuido al hecho de que a estas formaciones «no les importa para nada el transporte escolar, sino que sólo buscan ruido político».

La parlamentaria del PSE María Jesús San José ha defendido la «celeridad» con la que el consejero acudió al Parlamento para ofrecer explicaciones sobre este tema, y ha subrayado que los argumentos planteados por Bildarratz fueron «precisos y profundos». Además, ha criticado a quienes pretenden impulsar esta comisión de investigación «para sacar réditos políticos».