El jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, dio a conocer este lunes una carta a través de la cual pedía al conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, que destine «de manera inmediata y con carácter de urgencia» un servicio de escoltas para al expresident, ante el aumento de la «peligrosidad y el riesgo hacia su persona» detectado «desde hace algunas semanas».

Alay recordaba en su misiva carta que ya presentó esta solicitud hace 22 meses y que dicha petición ha quedado sin respuesta.

Fuentes del Departamento de Interior de la Generalitat, consultadas por Efe, apuntaron ayer que los Mossos d'Esquadra no tienen competencias para actuar fuera del Estado español y que para poder prestar un servicio de escoltas en Bélgica –donde se encuentra exiliado Puigdemont– requieren de la autorización del Ministerio de Interior español que, hasta ahora, siempre la ha rechazado.

Este martes, fuentes del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska han confirmado a Europa Press que es la Generalitat, a través de su Consellería de Interior y los Mossos d'Esquadra, quien tiene que decidir si Puigdemont cumple con los «criterios técnico-policiales» para contar con el servicio de protección policial.

Pero si la petición afecta a otro país, como por ejemplo Bélgica, donde reside Puigdemont, sería este país el que tendría que autorizar si deja entrar o no en su territorio a alguien para ejercer dicho servicio.

Mientras, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, se ha mostrado confiada en que el Gobierno dé respuesta a las demandas de Puigdemont y haga efectivo su servicio de escolta «lo antes posible».

Condena al exconseller Buch

Cabe recordar que en su día la Audiencia de Barcelona condenó al exconseller de Interior Miquel Buch a cuatro años y medio de cárcel por designar al mosso d'esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para que escoltara al expresident. Buch podría ser uno de los beneficiados por la ley de amnistía.

En abril de 2018, el Ministerio del Interior no autorizó el envío de una escolta de los Mossos para proteger a Puigdemont, rechazando así la petición del entonces jefe del Ejecutivo catalán, Quim Torra.

La negativa se sustentó en un informe de la Abogacía del Estado, que argumentó como puntos fundamentales la pérdida de condición de autoridad pública de Puigdemont y la existencia en aquel momento de un proceso judicial y una orden de detención contra él.

El ministro español de la Presidencia, Félix Bolaños, ha remarcado que «nadie cuestiona la seguridad de las personas, por muchas diferencias ideológicas que pueda haber». Preguntado por un posible regreso de Puigdemont, lo ha supeditado a la aprobación definitiva de la amnistía, algo que es «casi imposible» antes de que acabe el año.