El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional española, Manuel García Castellón, ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue por un delito de «terrorismo» al expresident de la Generalitat y miembro del Parlamento Europeo Carles Puigdemont, a la dirigente de ERC Marta Rovira y a otras diez personas.

En su exposición, el magistrado señala que para el esclarecimiento de los hechos es necesaria la práctica de diligencias de investigación que no puede practicar por estar aforados tanto Puigdemont como el diputado del Parlament de Catalunya Rubén Wagensberg.

Esta petición se enmarca en la causa contra la plataforma popular Tsunami Democràtic, nacida para dar respuesta al juicio contra el procés independentista catalán.

El juez explica al Supremo que Puigdemont se situaría en el «vértice más alto de la organización» de Tsunami Democràtic y añade que su posición como expresident y «líder desde Bruselas del independentismo le atribuye una posición de autoridad incuestionable».

Según el magistrado, existen indicios que permiten inferir su participación en el nacimiento y planificación de las acciones de Tsunami. Entre esos indicios, explica, se encuentran los mensajes a través del móvil entre su jefe de gabinete, Josep Lluís Alay, y el empresario Jesús Rodríguez, las anotaciones de la agenda del primero o el impulso de Puigdemont a través de Twitter del lanzamiento de la plataforma de Tsunami.

Para el juez también se infiere el rol de liderazgo de Puigdemont en Tsunami de una conversación mantenida con el empresario Josep Campmajó en la que discuten sobre la actitud que están teniendo los dirigentes políticos catalanes con relación a la sentencia del 'procés'.

Bloqueo del Prat

A lo largo de su escrito, el instructor repasa las acciones que se atribuyen a Tsunami en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio del procés, como «la huelga general del 18 de octubre de 2019, el intento de afectación de las elecciones generales de noviembre o el bloqueo de infraestructuras críticas del Estado o europeas como las acciones llevadas a cabo en el aeropuerto de Barcelona-El Prat y de la torre de control Enaire de Barcelona-Gavà».

En relación con esto último, el magistrado destaca la «importancia estratégica de este objetivo, y las graves consecuencias que pudiera haber tenido para la seguridad del tráfico aéreo nacional e internacional el éxito de la acción pretendida».

«Si Tsunami hubiera logrado su objetivo de impedir el cambio de turno de los controladores aéreos de la instalación, esto no solo habría provocado daños económicos, sino que podría haber tenido un resultado catastrófico de consecuencias imprevisibles para las personas que en ese momento se encontraban en vuelo a bordo de las aeronaves en el área objeto de control, con el evidente riesgo y peligro para sus vidas», asegura.

Ley de amnistía e investidura

En su exposición motivada el juez explica que en este momento procesal la calificación no puede plantearse en términos excluyentes, sino que la gravedad de los hechos y su complejidad permiten subsumirlos en diversas infracciones que encajarían en actos de «terrorismo» en el sentido que prevé el Derecho de la Unión Europea.

El magistrado analiza los actos que se produjeron el 14 de octubre de 2019 en el Aeropuerto del Prat y señala que se trató de una acción ilícita, en el sentido más amplio de la palabra, puesto que no consta que hubiera convocatoria legal alguna para realizar una manifestación o reunión.

García Castellón anunció el pasado 6 de noviembre la imputación contra una docena de personas. La decisión llegaba en plena recta final de las negociaciones entre el PSOE y los líderes catalanes sobre la ley de amnistía y la investidura de Pedro Sánchez. El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, acusó a García Castellón de querer influir en dichas negociaciones, ante lo cual este pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).