El Conseil d’État francés, órgano gubernamental que actúa como tribunal supremo de justicia administrativa, ha impuesto al Estado una nueva multa, por un total de 10 millones de euros, por incumplir la normativa europea sobre contaminación atmosférica, como ya había sucedido en 2021 y 2022, cuando acumuló sanciones de 30 millones en ambos periodos.

No obstante, la máxima corte administrativa ha reconocido que ha habido progresos respecto a los otros periodos analizados, por lo que la multa se ha reducido respecto a sanciones anteriores. «No se sobrepasa el techo de contaminación de micropartículas en ninguna zona urbana», ha destacado el Conseil d’État.

Sin embargo, los topes de dióxido de nitrógeno siguen «bastante elevados» tanto en París como en Lyon, mientras que en Toulouse y el área de Marsella están ahora dentro de los límites europeos.

El dinero se lo repartirán Amigos de la Tierra, que fue la primera organización que interpuso un procedimiento en 2017 ante la máxima instancia de recursos administrativos, y otras ONG comprometidas en la lucha contra la contaminación atmosférica.

El Estado francés tendrá que abonar esa multa mientras se sigan sobrepasando las concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO2) y de partículas finas (PM10) establecidas por la UE.