José Antonio Rodríguez Ranz llegó a Derechos Humanos procedente de la Universidad de Deusto hace más de tres años. Víctimas y memoria son los dos principales ámbitos de trabajo de su viceconsejería. ¿Qué se ha avanzado y qué no en esta fase posterior a los siete años en que gestionó esta área Jonan Fernández? Lo explica en esta entrevista a NAIZ.

Haciendo balance, ¿de qué está satisfecho y qué se ha quedado por hacer?

Se han dado pasos en los ejes fundamentales. Primero, el reconocimiento de víctimas (reconocimiento legal, institucional, pero sobre todo social), incluido el colectivo que se incorporó más tarde a este reconocimiento. También se ha avanzado en memoria, con el documento ‘Begiradak’ y creo que estamos cerca de tener unas bases compartidas. Y en sensibilización en derechos humanos, que están en riesgo en muchos países de este mundo.

El reciente informe de la Comisión de Valoración de víctimas de violencia estatal ha sido crítico: falta de medios, riesgo de dilatar el proceso muchos años... ¿Se va a reparar?

Este es el tercer informe. La ley es de 2016, pero fue recurrida y no se aplicó hasta 2020. Yo creo que lo fundamental es el reconocimiento de las víctimas. Son víctimas de terrorismo de la extrema derecha, de la guerra sucia, de la tortura y de la utilización ilegítima de la violencia por parte de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Supone un avance. El informe efectivamente hace también referencia en las conclusiones a algunas mejoras que hay que ir incorporando. Sobre recursos, se ha incrementado el personal de la unidad de la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad, que está al servicio de este trabajo. Se ha incrementado el apoyo a los servicios jurídicos de la comisión. Este año se incrementará la dotación presupuestaria para la recogida de testimonios y su transcripción.

«Con estas víctimas [de violencia estatal] se podría ir más rápido quizás, pero yo creo que estamos incrementando los recursos»

Diría también dos cosas. La comisión tiene establecida una metodología con la que yo estoy totalmente de acuerdo, que es que los dictámenes se aprueban siempre de manera colegiada. Es el plenario quien aprueba, lo cual exige que todo el plenario estudie el dictamen previamente. Y luego, se trata de un proceso duro, diría que muy duro, les hace revivir experiencias que para ellos han sido traumáticas, que en ocasiones nunca han contado, y diría que la práctica totalidad de las víctimas que han sido reconocidas y que han pasado por ese proceso se han encontrado escuchadas y acogidas. Esto no es ‘tienes 45 minutos para darme tu testimonio’, sino que se intenta hacer que se sientan acogidas y tienen el tiempo que sea necesario. Se podría ir más rápido quizás, pero yo creo que estamos incrementando los recursos.

Hablando concretamente de la tortura, el informe del IVAC de 2017 incluía más de 4.000 casos, pero solo se han reconocido unas decenas. Es un desfase muy grande...

A día de hoy están reconocidas 362 víctimas en total, entre el decreto anterior de 2012 y la ley de 2016. Y hay también un trabajo lógico de desestimación. Quiero citar que ha habido 589 solicitudes desestimadas, la mayoría de miembros de las FSE, algunos quizás de buena fe y otros inducidos, que pensaron que eso de ‘víctima de vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política’ les podía amparar también a ellos. Pero para eso ya hay otra ley. 

Junto a ello, creo que hay personas que no van a solicitar nunca el reconocimiento por motivos diferentes: no quieren revivir la situación, o sienten desconfianza... ¿Qué quiero decir? Que llevamos tres años, se inició un camino, y está dando resultados. Sobre todo permite un reconocimiento, que es individual, pero también tiene una pedagogía social, enseña que existe ese colectivo de víctimas. Lo decía la consejera en el acto del Kursaal: ‘Tardamos en escuchar, tardamos en actuar’.

¿Hay una interpelación del Gobierno Vasco al español para que reconozca esta violencia?

Sí. Si decimos que es necesario que todo victimario haga una autocrítica, un reconocimiento del daño, una responsabilización... esa misma exigencia es también planteable a los poderes del Estado. Y además es verdad que ha habido una cierta o mucha impunidad que no es admisible.

¿Y hay alguna respuesta por su parte? Porque es una anomalía clara que exista un informe oficial desde 2017 que detalla una lacra de tal tamaño y se le haga oídos sordos...

Quiero creer que no hay un capítulo cerrado, sino una asignatura pendiente que el Estado deberá afrontar en algún momento. Hay elementos diferentes: está la posible desclasificación de documentación reservada, está la vía judicial, está la vía política...

¿Qué piensa el viceconsejero cuando ve, por ejemplo, que desde el Memorial de Víctimas cada año se recuerda a Melitón Manzanas como simple víctima de ETA? ¿Incomoda a su Gobierno, que es patrono de esa fundación?

Creo que lo hemos hecho constar: en ese caso concreto no se debe hacer referencia solo a su condición de víctima, que lo es, sino también a su condición de torturador, que lo fue.

¿Y las víctimas de ETA? ¿Trasladan demandas a la viceconsejería o se sienten suficientemente atendidas?

Hay demandas a título individual. Es difícil hablar de ellas como colectivo y que yo haga de altavoz de unas reivindicaciones concretas; hay víctimas asociadas, pero también hay muchas víctimas que no lo están. En general hay un requerimiento de modificación de la ley de 2008. Y una lectura política de que determinadas acciones les revictimizan. Pero diría que hay una situación de estabilidad porque es un colectivo al que se llegó antes: esta ley es de 2008 y la otra es de 2016.

«Cuando una víctima de ETA y una víctima de torturas van a un colegio, comparten deslegitimar la violencia, y eso va generando un humus. Llegará el día en que hablemos de víctimas de vulneración de derechos humanos»

Hay víctimas que participan como educadoras en las aulas. También las hay en el colectivo de víctimas de la tortura. Creo que llegará el día en que hablaremos de víctimas de vulneración de derechos humanos. Llegará, llegará el día. Cuando una víctima de ETA y una víctima de torturas acuden a un colegio a dar su testimonio, compartirán o no compartirán su visión política, pero comparten el hecho de deslegitimar la violencia como vía para resolución de conflictos. Eso va generando un humus.

¿Como responsable de derechos humanos, le preocupan las trabas a la progresión legal de los presos? ¿Es una cuestión de derechos humanos?

No es un tema de mi viceconsejería, pero voy a opinar. El Gobierno recibe una transferencia y la ejerce. La exigencia que nos hemos impuesto es trabajar con rigor. Y eso significa dos cosas. Una, analizar detenidamente las propuestas de la Junta de Tratamiento. Y dos, adoptar y argumentar una resolución. Los principios para ello son régimen ordinario; igualdad de derechos entre todas las personas privadas de libertad; y objetivo final de reinserción de esa persona.

«El 80% de progresiones a tercer grado se han ejecutado. Nuestro objetivo es que el 100% se conviertan en definitivas»

Por dar algún número, las progresiones a tercer grado han afectado desde que el Gobierno Vasco asume las competencias a 48 personas. De ellas, 38 han accedido definitivamente ya al tercer grado. Es decir, el 80% se han ejecutado. Hay 8 pendientes de recursos y 2 definitivamente rechazadas. Nuestro objetivo es que el 100% se conviertan en definitivas.

¿Conoce el caso de Xabier Atristain? Europa declara injusta la condena, pero Madrid la mantiene, y además se le revoca reiteradamente el tercer grado. ¿Qué concluye de ello?

No conozco el caso concreto, pero si hay argumentos sólidos para la progresión a tercer grado, pelearemos para que así sea. Los datos son los que son. A partir de ahí, no vamos a confrontar públicamente con nadie sobre este tema.

Pasemos a memoria. Se comenta mucho que a los jóvenes no les preocupa esta cuestión. Usted viene de la universidad. ¿Le preocupa que no les preocupe?

Es difícil que te preocupes de lo que no conoces. Hay un desconocimiento del que somos responsables todos. Echamos la culpa muchas veces a la escuela, pero están la familia y otros ámbitos. En el momento en que se prende la chispa, sí aparece un interés real. Lo vemos con las víctimas educadoras. Hay 34.650 alumnos que han tenido una experiencia directa y eso tiene un potencial transformador enorme. A ver si conseguimos llegar a 200.000. Quien llega a conocer, se siente interpelado y activa resortes de defensa de los derechos humanos.

¿Qué daño ha hecho la «batalla del relato» a una memoria compartida y eficaz?

Hay una base en que estamos de acuerdo todos: queremos un país que tenga memoria. Eso no siempre es así, en otros puntos se ha decidido ‘borrón y cuenta nueva’. Ahora, ¿cómo miramos a ese pasado, con qué lentes? Deben ser las de la dignidad de la persona, la defensa de los derechos humanos y la no-violencia. Si miramos desde ahí, y no desde a ver qué relato hago para justificar la violencia de mi lado, eso tiene consecuencias.

Tiene que ser una memoria inclusiva: estamos acostumbrados a ‘yo leo mi capítulo del libro y esto no tiene más capítulos’. También hace falta centralidad de las víctimas. Y la conclusión de ese libro tiene que ser que cualquier conculcación de derechos fue radicalmente injusta.

Acabamos con cooperación internacional, también parte de su viceconsejería. ¿Qué está haciendo Lakua en un mundo tan convulso, con guerras, migraciones...?

El contexto cada vez es más complicado también porque se están restringiendo las posibilidades de actuación en nuestro espacio cooperativo: Sudamérica, África... Hay prohibición de desarrollo de proyectos, trabas... Creo que tenemos que repensar las fases de esa cooperación, es difícil lograrla allí donde te persiguen.