El Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea han acordado en la madrugada de este jueves la reforma del mercado eléctrico, que busca que los precios de la electricidad dependan menos de los volátiles precios de los combustibles fósiles, proteger a los consumidores de las subidas de precios y acelerar el despliegue de las energías renovables.

«Gracias a este acuerdo, podremos estabilizar los mercados a largo plazo, acelerar el despliegue de fuentes de energía renovables y libres de fósiles, ofrecer electricidad más asequible a los ciudadanos de la UE y mejorar la competitividad industrial», ha manifestado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su papel de presidencia española del Consejo Europeo.

Tras el aumento de los precios de la electricidad el año pasado, esta reforma tiene como objetivo reducir las facturas de los hogares y las empresas gracias a contratos a largo plazo –con precios decididos de antemano– que permitan suavizar con el tiempo el impacto de la volatilidad de los precios del gas.

En este contexto, los Estados podrán optar por favorecer «exclusivamente» los contratos de electricidad procedente de nuevas fuentes renovables.

«Contratos por diferencia»

El texto –del que solo se conocen algunos detalles y que aún debe ser ratificado formalmente por los Estados y el Parlamento– ofrecerá más previsibilidad a los inversores gracias a la utilización de «contratos por diferencia» (CfD) a un precio garantizado por el Estado para cualquier apoyo a la inversión pública en la producción de electricidad libre de carbono (renovable o nuclear).

En ese mecanismo, en el caso de que el precio del mercado mayorista sea superior al precio fijo, el productor de electricidad deberá devolver los ingresos adicionales obtenidos al Estado, que podrá redistribuirlos entre los consumidores. Si el precio es inferior, el Estado pagará una indemnización.

Los CfD se aplicarán a la financiación pública de nuevas centrales eléctricas, pero también bajo condiciones a las inversiones destinadas a prolongar la existencia de centrales nucleares en funcionamiento, según el acuerdo, que deja la puerta abierta a mecanismos equivalentes «que tengan los mismos efectos».

Este punto es el que ha causado la mayor tensión entre los Estados y el Parlamento Europeo, muy divididos sobre la ampliación del mecanismo nuclear existente y que ha provocado el enfrentamiento entre París y Berlín.

Los CfD permiten que el Estado acuerde un precio estable por la compraventa de electricidad en un plazo fijo con un generador y después se devuelva la diferencia automáticamente en función de si el precio final ha sido más alto o más bajo de lo pactado.

París, con un amplio parque nuclear, quería aplicar ese esquema a las plantas atómicas en uso y prácticamente amortizadas, pero Alemania temía que esto pudiera funcionar como una ayuda de Estado encubierta a la industria gala, que podría obtener electricidad más barata que la germana.

Los ministros de Energía de los Estados miembros pactaron finalmente un enfoque común en octubre, de forma que los CfD se puedan aplicar a todas las nuevas instalaciones de generación, las que amplíen su capacidad y extiendan su vida útil, independientemente de si se refiere a plantas nucleares u otras tecnologías.

Sin embargo, según el acuerdo previo a la negociación final, esos contratos no se aplicarían de forma automática a las plantas existentes, sino que –como hasta ahora– tendrán que obtener el visto bueno de la Comisión Europea, que los analizará en virtud del régimen de ayudas de Estado, pero con criterios simplificados.

El Parlamento había asumido en su posición las líneas generales del pacto entre capitales a propósito de los contratos por diferencia y en el acuerdo final solo añade que se puedan utilizar «medidas equivalentes» a los CfD con el mismo efecto» para apoyar a la nuclear o las renovables.

En cuanto a la redistribución de los ingresos procedentes de los CFD, otro motivo de discordia, el acuerdo «ofrece flexibilidad» a los Estados.

De esta manera, podrán optar por redistribuirlos entre los consumidores finales (empresas, hogares), pero también financiar inversiones en el sector o apoyar regímenes que reduzcan las facturas, y reforzar la competitividad de los fabricantes, lastrados por la inflación de los precios del petróleo.

El texto también prevé, en caso de que se produzca un nuevo aumento de los precios que se prolongue en el tiempo, el establecimiento de una situación de crisis a nivel europeo que permita a los Estados adoptar medidas tipo escudo de precios para proteger a los hogares y empresas vulnerables.

Así, el Consejo Europeo (que reúne a los Estados) tendrá el poder de decretar una situación de crisis «a propuesta de la Comisión Europea», pero las medidas adoptadas a nivel de cada Estado deberán evitar «cualquier distorsión o fragmentación indebida» del mercado común.