Stop Desahucios ha valorado de forma positiva el informe sobre municipios tensionados elaborado por el Gobierno de Lakua, aunque ha censurado que se dejen fuera varios distritos de Donostia, Gasteiz y Bilbo.

«En Gasteiz las zonas rurales, en Bilbao, uno de los distritos, el número 6, y en Donostia otros dos que abarcan barrios muy poblados», ha apuntado en un comunicado.

En el caso de Donostia ha criticado que «barrios tan poblados como Amara Berri, Martutene, Centro o Antiguo no están considerados como zonas tensionadas, mientras fondos buitre, como Blackstone en el Antiguo, campan a sus anchas».

«No es entendible que Donostia, que es considerada la ciudad más cara en cuanto a compra o alquiler de vivienda, al mismo nivel que Barcelona y Madrid donde se ubican 259 grandes tenedores, la mitad de los existentes en Gipuzkoa, entre los que se encuentran fondos buitre como Azora con 320 viviendas en Gros y Amara, o Blackstone accionista mayoritario de las 520 viviendas de VPO en Benta Berri del Antiguo, no se considere como municipio tensionado en su totalidad», ha incidido la plataforma, que ha exigido que las tres capitales «sean declaradas, en su totalidad, municipios tensionados».

Además, ha recordado la «exitosa» campaña de mociones que lanzó para impulsar la declaración de zonas tensionadas, que finalizó el 31 de octubre con 20 mociones aprobadas en plenos. Un dato que «refleja la urgente necesidad en todos estos municipios, de ser declarados zonas tensionadas para poder limitar los precios de los alquileres y poder prorrogar por tres años los contratos que vayan finalizando en Euskadi».

Cabe recordar que el grupo municipal de EH Bildu en Donostia reclamó el pasado viernes que la capital guipuzcoana sea declarada en su totalidad ciudad tensionada. «Es urgente si verdaderamente queremos dar una salida a la crisis habitacional que sufrimos en la ciudad», manifestó, incidiendo en que se cumplen los dos requisitos que marca la Ley de Vivienda estatal: el precio medio de los alquileres ha subido tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años y el esfuerzo de las familias para pagar el alquiler supera cada mes el 30% de los ingresos.