Por 348 votos contra 186, la Asamblea francesa ha aprobado poco antes de la medianoche de este 19 de diciembre la nueva legislación sobre migración que se traducirá en una limitación de derechos básicos a personas extranjeras y que ha abierto una crisis política en la mayoría gubernamental motivada por el apoyo entusiasta de la ultraderecha al texto.

El Senado, con mayoría de Les Républicains (LR, derecha republicana) había aprobado horas antes el proyecto por 214 votos a favor y 114 en contra antes de enviarlo a la Cámara Baja.

El proceso ha agitado el Elíseo, donde, en una reunión de urgencia, el presidente, Emmanuel Macron, ha advertido de que la ley no debía adoptarse con los votos de  Rassemblement National (RN), de Marie Le Pen.

Si la ultraderecha lo apoyaba, Macron planteaba una segunda deliberación parlamentaria, gracias al mecanismo del artículo 10 de la Constitución. Una pirueta para tratar de enmascarar que el pacto con LR se realiza sobre una materia prima contaminada, al mimetizarse con propuestas de la ultraderecha, incluso a riesgo de chocar con la Constitución francesa.

Reaccionaba así al peligro sin precedentes para la mayoría macronista. Tres miembros del Gobierno, Aurélien Rousseau (Salud), Sylvie Retailleau (Educación superior) y Patrice Vergriete (Vivienda), pusieron su dimisión sobre la mesa en un encuentro con la primera ministra, Élisabeth Borne. Y el ministro de Salud, Aurélien Rousseau, ha presentado su carta de dimisión al Ejecutivo.

El agua no llegaba finalmente al río, y la primera ministra Élisabeth Borne, que impuso con el 49.3 la reforma de las pensiones y ahora ha logrado que su grupo parlamentario trague con una ley migratoria que discrimina entre 'nacionales' y 'extranjeros' se declaraba el 20 de diciembre «satisfecha por la labor cumplida».

Los votos de RN

Finalmente, aunque RN ha votado a favor, el ministro del Interior Gérald Darmanin se ha felicitado por haber aprobado una ley dura sin que sus voto hubieran sido necesarios, a pesar de que varios diputados habían amagado con votar en contra si la ultraderecha lo apoyaba.

Lo cierto es que si RN hubiera votado en contra las cuentas no abrían dado, por lo que el argumentario con el que el macronismo enmascara su viaje hacia las tierras de la derecha extrema y la ultraderecha se queda cojo.

La Comisión misión Mixta (CMP), integrada por siete diputados y otros tantos senadores,  fue la hacedora del acuerdo que permitió alcanzar el acuerdo votado anoche.

La CMP empezó sus trabajos en la mañana del 18 de diciembre. En la primera jornada, la primera ministra, Élisabeth Borne, ya hizo una primera gran concesión al anunciar que ordenaría a los ministerios afectados que prepararan en 2024 una reforma de la Asistencia Médica Estatal (AME), en la línea de privar de asistencia sanitaria básica a las personas «sin papeles».

El martes por la mañana ha dado un paso más, que a la postre se ha demostrado decisivo de cara a despejar un acuerdo con la derecha de LR que, sin confesarlo, asume el principio de que los ciudadanos con nacionalidad francesa dispongan de más derechos que los llegados del extranjero y, más en concreto, de fuera de la Unión Europea.

Borne ha sometido, de hecho, al escrutinio del grupo parlamentario de Rénaissance en la Asamblea Nacional un principio de compromiso sobre las ayudas a la vivienda o APL que comulga con esa vieja idea de «dar prioridad a los franceses» que acuña la ultraderecha.

De hecho, la líder de Rassemblement National (RN), Marie Le Pen, entró la misma mañana del martes exultante a la Cámara Baja repartiendo sonrisas entre la pléyade de periodistas que cubren una jornada que se anuncia decisiva para la llamada ‘Ley Darmanin’ sobre migración.

Y fue la que, incluso antes de hacerse oficial, ha anunciado que había acuerdo en la CMP, por si habñía alguna duda de quién rentabilizará un acuerdo que, desde la izquierda, el PS ha tildado ya de «naufragio moral».

Mantener «los valores macronistas»

Borne ha defendido ante sus parlamentarios la idea de condicionar el acceso a las ayudas para pagar el alquiler a la presencia durante cinco años en el Estado francés en el caso de que no dispongan de un empleo –sería más correcto hablar de empleo con contrato ya que decenas de miles de extranjeros trabajan en el Estado francés «sin papeles»–  y a tres meses para aquellos que trabajan –de forma regularizada–.

Esa restricción de ayudas por hijos o a la vivienda tiene implicaciones graves para unidades familiares de por sí precarizadas, con particular perjuicio para sus hijos.

Pese a ello, Borne insistía ante sus diputados en la idea de «no abandonar los valores fundacionales» del proyecto que llevó a Emmanuel Macron al Elíseo.

Una cuarentena no han quedado convencidos por sus argumentos, optando ya por votar contra el texto, ya por la abstención.

En el Estado francés hay 5,1 millones de personas de origen extranjero que viven en situación legal, lo que equivale al 7,6% de la población. A ello hay que añadir medio millón de refugiados.

Las autoridades calculan que hay entre 600.000 y 700.000 de inmigrantes «sin papeles».

La dilatación en la concesión de ayudas sociales no afectaría a los estudiantes, los refugiados y los extranjeros que se benefician de una protección subsidiaria.

Con todo, la cuestión de la «preferencia para los nacionales» que, se diga o no, destila ese principio de compromiso, ha causado profundo malestar en la llamada ala izquierdista del macronismo, mientras la ultraderecha, por el contrario, saborea la miel en los labios.

La ultraderecha saborea su victoria ideológica

«No veo cómo la ‘pierna izquierda’ de Emmanuel Macron en la Asamblea Nacional podría votar un texto que ofrece una victoria ideológica a RN», ironizaba esta mañana el presidente del partido de extrema derecha, Jordan Bardella, en el matinal de France Inter.

La de las ayudas sociales no es la única concesión de calado ideológico asumida por Borne con tal de sacar adelante el controvertido texto sobre migración.

Algunas de ellas, como las relativas a un aumento en ritmo y plazas en la construcción de centros de retención de migrantes, las cuotas reforzadas de expulsión a refrendar anualmente por el Parlamento o la reintroducción del «delito de estancia irregular en territorio francés», han sido puestas por escrito por el ministro Gérald Darmanin empeñado, más si cabe, en salvar un texto cuyo rechazo previo por la Asamblea Nacional le ha dejado muy tocado.

El acuerdo entre macronismo y derecha republicana ha permitido votar el texto este 19 de diciembre.

Para complicar esa opción al «ala izquierda» de Rénaissance, la Francia Insumisa había presentado al arranque de la sesión, particularmente bronca, una moción de rechazo previo, similar a la que hiciera encallar la aprobación del proyecto, el 11 de diciembre, que no ha salido adelante.