Un agente de la Ertzaintza de paisano fue identificado por sus compañeros uniformados en incidentes que siguieron a una manifestación ultraderechista contra el Gobierno de Pedro Sánchez, según ha reconocido el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, a raíz de una pregunta realizada por el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga.
En su escrito remitido al Gobierno, Julen Arzuaga detallaba que el pasado 12 de noviembre se realizaron movilizaciones de la extrema derecha en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en contra del Gobierno español. El parlamentario de EH Bildu detalla que en la concentración que tuvo lugar en Gasteiz, participaron algunos ertzainas, al parecer fuera de servicio, liderando actitudes de corte de la vía pública y generación de incidentes.
Por ello, preguntó al consejero de Seguridad si tenía constancia de estas actitudes, si fueron identificados, si eran ertzainas y si estaban fuera de servicio. E incidía en que si se les ha abierto expediente disciplinario, en caso de estar trabajando, o si se prevé alguna sanción en cumplimiento de la llamada «Ley Mordaza» si estaban fuera de servicio.
Admisión de dos posibles delitos
El Departamento de Seguridad no contestó a la pregunta en los plazos ordinarios, que conllevaba que ésta se conociera hace dos semanas, antes de este periodo vacacional, y pidió una ampliación de las fechas.
Tras ese periodo de gracia, concedido por la Mesa del Parlamento, la Consejería de Josu Erkoreka, ha admitido la participación de un agente en esas algaradas. Según el escrito remitido al Parlamento, se admite que «en respuesta a las preguntas formuladas le participo que el Departamento de Seguridad tiene constancia de la identificación de un agente de la Ertzaintza por su participación en las movilizaciones por las que se interesa su Señoría».
A continuación añade que «la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una
investigación interna para dirimir la existencia de conductas que pudieran resultar merecedoras de reproche disciplinario y se han tramitado dos denuncias por la presunta comisión de dos infracciones a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana».
Ultraderechistas en la Ertzaintza
En los últimos años, se ha venido destapando la existencia de elementos de la ultraderecha española entre los miembros de la Ertzaintza, a lo que los mandatarios del Departamento estuvieron restando importancia y considerándolos obsesiones de la izquierda independentista en contra de la Policía Autonómica.
Cabe recordar que cuando agentes de Jusapol acudieron al Parlamento de Gasteiz a condicionar el debate y aprobación de la ley de víctimas de la violencia del Estado, hubo un representante sindical de la Ertaintza (con camisa de cuadros) entre quienes se manifestaron desde la tribuna de invitados.
Pese a todo, contaron con la aquiescencia del Departamento. Por ejemplo, en abril de 2021, el consejero de Seguridad aseguró por escrito al Parlamento que «no se puede aseverar que la organización Blue Lives Matter represente valores que contravengan lo establecido en el código deontológico» y, por lo tanto, no tomará medidas contra el ertzaina que ganó un concurso y exhibió una camiseta de este grupo en ETB.
Poco después, en mayo, Josu Erkoreka reiteró en la Cámara autonómica que la «Ertzaintza no ha mantenido relación de colaboración alguna con la empresa Desokupa» a pesar del vídeo en el que se veía a una patrulla decir a su líder: «Vamos a estar por aquí. Si la cosa se pone fea, nos pegáis un toque».
Y, a los dos días, después de que Julen Arzuaga le mostrara en un pleno la imagen de un ertzaina con una pulsera de Jusapol en una carga ante el Parlamento, el consejero Josu Erkoreka puso en duda su veracidad porque «ese día los agentes llevaban manga larga». Ernai registró las fotos y los informes médicos de las personas heridas.
Finalmente, con motivo de las movilizaciones convocadas por ‘Ertzainas en Lucha’ en contra del propio Departamento, desde instancias del PNV se empezó a admitir esta relación de agentes con la ultraderecha. Probablemente ya tarde, cuando se ha admitido que el propio acceso de los aspirantes al cuerpo esté condicionada por determinadas actitudes políticas.