El fin del alejamiento en marzo pasado tras 34 años de política de dispersión y antes la asunción de la competencia de prisiones por parte de Lakua (octubre de 2021) han supuesto un punto de inflexión que se había demorado demasiado. Ambos hechos han traído un alivio muy importante para las familias y han alimentado las perspectivas de salidas paulatinas para las personas presas. Con ello, también noticias que han plagado estas páginas durante décadas han desaparecido al fin: accidentes en carretera, trabas a las visitas, celdas de aislamiento...

Sin embargo, estos árboles no pueden impedir ver el bosque. El cuadro general carcelario mantiene su regla básica anterior; existen una política y una práctica de excepción aplicadas exclusivamente a este grupo aún muy numeroso de presos y presas, en cuyo núcleo de decisión final está la Audiencia Nacional española. La consecuencia es una situación absolutamente anómala en el ámbito europeo, como reflejan los siguientes datos de este artículo. Y es cada vez más indefendible, en la medida en que la justificación esgrimida (ETA, todavía muy viva en los escritos de la AN) va quedando atrás, muy atrás: este 2024 se cumplirán 15 años de sus últimos atentados mortales.

La mayoría, más de 20 años

La irregularidad de la situación se puede resumir en este dato palmario: al comenzar este año, más de la mitad de estas personas acumulan ya más de dos décadas entre rejas. De las 142 del listado de Etxerat, son 80 las que llevan más de 20 años presas.

Si alguien pudiera elaborar un estudio de cumplimientos de condena actuales en Europa, sería interesante ver si los presos vascos con más de dos décadas de cautiverio no son más que todos los del resto del continente. Y es que incluso en los Estados que tienen establecida la cadena perpetua contemplan una revisión de cada caso concreto a los 10, 12, 15 ó 20 años como máximo. Solo Hungría lleva este plazo hasta los 40 años, que son los que la reforma legal de 2008, aún sin corregirse, impuso a estos presos concretos en el Estado español.

20 años son también, por cierto, los que han pasado ya desde la ley 7/2003 del Gobierno de José María Aznar, que endureció al extremo los periodos de prisión y el control de la AN. Se hizo al calor de una máxima inequívocamente vengativa: «Que se pudran en la cárcel». Su continuidad es otra anomalía flagrante. Ni se ha cambiado la letra ni, más incomprensible aún, la aplicación.

De esos 80 presos, 14 han superado ya los 25 años de cárcel y algunos ya han cruzado el umbral de los 30, como Unai Parot o Joseba Arregi o el fallecido Antton Troitiño. Nunca hubo cautiverios tan largos en Euskal Herria, ni siquiera en las fases más duras del enfrentamiento armado. Jose Mari Sagardui ‘Gatza’ salió en 2011 con 31 años cumplidos, que ahora están siendo ya superados. Tampoco en el franquismo: el mítico preso de Uxue Jacinto Ochoa pasó 26 entre rejas.

Septuagenarios en prisión

En paralelo a este alargamiento de los encarcelamientos llega lógicamente su consecuencia biológica: de esos 142 presos, casi el 20% (27) tienen ya más de 60 años de edad y 4 de ellos han superado incluso los 70. Se trata de Lola López Resina, Gregorio Eskudero Balerdi, Juan Manuel Inziarte Gallardo y Joseba Arregi Erostarbe.

Dos detalles añadidos: más que ilustrativos, sonrojantes para quienes fuerzan estas situaciones. Arregi tiene ya 77 años y pese a ello fue devuelto a prisión incluso después de haber pasado ocho meses en tercer grado en 2022. Y a Inziarte también se le ha aplicado la reversión de grado pese a haber padecido un ictus en prisión.

Las posibilidades que prevé la ley para estos casos, que son diversas y tienen diferentes escalas, no han sido aplicadas en estos casos. De nuevo la excepcionalidad. Y una certeza: si las soluciones carcelarias se siguen demorando, este problema será cada vez más agudo porque el calendario vital no se detiene.

Libertad condicional, el muro actual

Si cuando EPPK empezó a desplegar la apuesta por la vía legal en 2017 el «cepo» que atrapaba a sus miembros era el primer grado, en la actualidad el muro principal se levanta en torno a la libertad condicional y su «precuela»: el tercer grado.

Así, en este cambio de año únicamente 19 de estos presos y presas han visto reconocida la libertad condicional a la que tienen pleno derecho. Constituye apenas un 13% del total. Y sin embargo son 55 los que han superado las tres cuartas partes de la condena, que es el requisito principal para cruzar esa puerta.

¿Qué pasa con las otras 36? Encuentran obstáculos legales para acceder primero al paso del tercer grado, debido a las condiciones extralegales añadidas por la AN e incluso la reversión del paso de segundo a tercero, pisoteando los criterios de las Juntas de Tratamiento de las cárceles. En este momento aún hay solo 22 encarcelados en situación de tercer grado, lo que supone una ínfima parte de este colectivo humano.

Esta situación interpela obviamente en primer lugar al tribunal especial español, que no deja de obstaculizar este recorrido lega. Incluida la Fiscalía, que este año ha presentado diez recursos contra el tercer grado con efecto suspensivo y que, por tanto, fuerza reingresos en prisión a la espera de la resolución judicial. Pero también reta a la Administración de Lakua, puesto que serían factibles muchas más progresiones de las que se plantean. Son sus responsables quienes han expresado el objetivo, con carácter general, de fomentar el régimen de «semilibertad» para quienes están en Zaballa, Martutene y Basauri, pasando del 25% que existía al tomar la competencia al 40%.

Este capítulo queda incompleto sin recordar que con la ley ordinaria en la mano no hace falta acceder al tercer grado ni a la libertad condicional para pisar la calle: las salidas en sus diferentes variantes están permitidas para cualquier persona presa que haya cumplido una cuarta parte de la condena, que en este caso son un porcentaje altísimo.

2009, muy atrás

Aunque responsables judiciales y políticos sigan queriendo actuar como si las hojas del calendario no pasaran, 2024 llega inexorablemente y obliga a hacer algunas actualizaciones: en julio se cumplirán 15 años del último atentado mortal de ETA en Mallorca, en octubre se han producido ya 12 desde la Declaración de Aiete y en mayo fueron 5 desde la decisión de ETA de autodisolverse.

Sin embargo, siguen rigiendo una ley extrema de hace 20 años, diseñada para un contexto radicalmente diferente, y continúa marcando la pauta un tribunal especial al que se encomendó esta labor represiva allá por 1977. De algún modo, el legado de Aznar (7/2003) y Martín Villa (1/1977) sigue condicionando la práctica carcelaria en los tiempos de Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu. Parte de esta gigantesca anomalía es pura anacronía.