La consejera de Salud del Gobierno de Lakua, Gotzone Sagardui, ha adelantado este martes que los servicios jurídicos de su departamento están estudiando la legalidad de la intención del Ministerio español de Sanidad de establecer la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios.

Sagardui ha analizado la situación en una comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de Lakua, después de que a última hora de ayer el Ministerio anunciase esta medida pese a la oposición que la mayoría de las comunidades mostraron en el Consejo Interterritorial de Salud.

La consejera de Lakua ha cuestionado tanto las formas como el fondo de la decisión del Ministerio y ha dejado claro que el Gobierno autonómico está en contra de que la medida sea obligatoria y que apuesta por que sea recomendable, y así se lo trasladará al Ejecutivo español en las alegaciones que presentará a su propuesta.

«Las cosas no se hacen así», ha advertido Sagardui quien, a pesar de lamentar la manera de actuar de Sanidad y que no existe un informe que avale la medida, ha dejado claro que su departamento quiere «buscar soluciones» a través de las citadas aportaciones, en las que también se opondrá a la posibilidad de poner en marcha planes de contingencia, ya que la CAV ya cuenta con ellos, y a las bajas automáticas.

El argumento del Gobierno de Lakua es que la situación epidemiológica de las comunidades y la situación de sus servicios sanitarios es distinta por lo que las medidas uniformes no son efectivas, del mismo modo que considera que tampoco lo es para evitar la propagación de los virus usar la mascarilla solo en los centros sanitarios.

«Mejor que Murcia»

En este sentido, ha recordado que la última semana de diciembre la incidencia de la gripe en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa fue de 550 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en en Catalunya era de 850 casos, en el País Valencià de 900 y en Murcia de 1.200. Además, ha agregado que la medida supone introducir «inseguridad jurídica» porque no habla de obligatoriedad sino de uso universal, lo cual es un «término ambiguo».

Por ello, y unido a que afecta a competencias autonómicas, Sagardui ha avanzado que los servicios jurídicos de su departamento están analizando si es o no legal «implantarla e imponerla a las autonomías», a la espera de la decisión final que podría conocerse este miércoles tras la nueva reunión del Consejo Interterritorial.

La consejera de Lakua también ha criticado las formas del Ministerio al explicar que conocieron la propuesta inicial en la reunión de ayer y de manera oral. Una decisión de este tipo, en su opinión, debería haber pasado previamente por la Ponencia de Alertas y por la Comisión de Salud Pública para poder estar fundamentada en la «evidencia científica y en la opinión de expertos». 

Garamendi: «Nos dicen que no nos automediquemos, pero sí que nos demos la baja»

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha rechazado que los trabajadores puedan decidir su propia baja durante los tres primeros días de una enfermedad leve y ha destacado que se quiera promover la autobaja laboral mientras se desincentiva la automedicación.

Garamendi ha señalado que la mayoría de trabajadores son responsables, pero no tienen conocimientos médicos, por lo que el derecho a la atención sanitaria debería ser «lo primero». Se ha quejado de que el Ministerio español de Sanidad «haya lanzado un titular» sin contar primero la medida ni a las comunidades ni a los agentes sociales y ha considerado que se podría pedir la colaboración de las mutuas y del sector de la sanidad privada en situaciones específicas, como ya se hizo durante la pandemia.

Garamendi ha hecho hincapié en que las empresas tienen derecho a llevar un control del absentismo y ha reclamado al Estado que corra con el gasto de las autobajas y que alivie de ese coste a las empresas.

Las empresas no están obligadas a asumir el pago de los primeros tres días de baja, aunque muchas de ellas lo contemplan en sus convenios.