La manifestación de Sare del próximo sábado en Bilbo por la solución a la cuestión de los presos cuenta con el respaldo de Abogados Europeos por la Democracia y los Derechos Humanos (ELDH), según ha hecho público este colectivo a través de un comunicado.
En el mismo, ELDH, que cuenta con miembros en 22 países europeos, recuerda que «hace más de 12 años que ETA declaró el fin de su campaña armada» y que «el País Vasco ha transitado por un largo camino de sanación y recuerdo». Añade que «la disolución de ETA, la legalización de los partidos políticos y el fin de políticas como el aislamiento, la segregación y el encarcelamiento de presos vascos en centros penitenciarios remotos han acercado al País Vasco a una paz duradera».
Sin embargo, «todavía es necesario seguir avanzando hacia una reconciliación que haga posible un trato justo e igualitario para todas las víctimas de la violencia generada durante el conflicto», indica.
Poner fin a las medidas excepcionales
Para lograr esa reconciliación, considera «necesario poner fin a la aplicación de medidas legales excepcionales a los presos políticos vascos que imposibilitan cualquier posibilidad de excarcelación temprana». En este sentido, señala que «la falta de aplicación de beneficios penitenciarios a los condenados acusados de terrorismo, de acuerdo con la Ley 7/2003, sobre cumplimiento pleno y efectivo de las penas, afecta a hasta sesenta presos vascos que no tienen derecho al beneficio de la legislación ordinaria y están cumpliendo así 40 años de prisión sin expectativa de liberación anticipada».
Además, «el hecho de que los periodos de prisión ya cumplidos en un tercer país no se tengan en cuenta para el cálculo de la duración máxima de las penas de prisión que deben cumplirse en España una vez extraditados desde dicho tercer país, impide la liberación anticipada de 45 presos».
Añade que «de los 142 presos políticos vascos actuales, 45 han cumplido las tres cuartas partes de la pena y quedarían en libertad si se aplicara la legislación ordinaria».
Por todo ello, ELDH exige «la aplicación ordinaria de la ley a los presos políticos vascos, y la anulación de las medidas excepcionales que se les aplican desde hace décadas. La legislación debe interpretarse y aplicarse de acuerdo con el nuevo contexto de paz y reconciliación en el País Vasco».
También por estos motivos «apoya la marcha organizada por Sare y que es respaldada por numerosas organizaciones cívicas».