Como es habitual, la convocatoria de Sare ha recibido el apoyo de otras naciones del Estado. Así, se han unido a la movilización representantes de Òmnium, el Sindicato Obrero Aragonés, Amigos de Euskal Herria y Acercar y Convivir, así como de la Assemblea Nacional Catalana, la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya, ERC, Junts, la CUP y BNG. Todos ellos han querido arropar la causa desde un sentimiento de fraternidad.

Dolors Feliu, presidenta de la Assemblea Nacional Catalana, ha mostrado el apoyo de la entidad a las reivindicaciones «tanto de derechos humanos como de derechos nacionales». Ha reconocido a Euskal Herria como pueblo, y también «su identidad de nación».

En representación de la Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya, Cesar Lagonigro ha recordado a la abogada y activista Amaia Goirigolzarri, fallecida el año pasado, a quien ha agradecido la presencia de la coordinadora en la movilización. Ha reivindicado el final de la política de excepción que sufren las presas y presos vascos: «Es el momento de exigir, sin más dilación, que se les aplique el derecho penitenciario como a cualquier otro preso, para asegurar que sus derechos sean respetados, cosa que ahora no pasa».

Lagonigro ha subrayado que, lejos de un privilegio, lo que se exige es «evitar un trato discriminatorio e injusto, como el que se les está aplicando actualmente». Ha aprovechado la ocasión para mostrar su apoyo incondicional a las reivindicaciones que han tomado Bilbo: «Nunca estaréis solos, estamos con vosotros».

Teresa Jordá, diputada de ERC en Madrid, ha recalcado el compromiso del partido con la defensa, «sin ningún tipo de duda», de los derechos fundamentales y humanos: «Nos unimos al rechazo a estas medidas de excepción que en el contexto actual no tienen ninguna razón de ser». Ha asegurado estar siempre al lado del pueblo vasco, al cual le unen «anhelos sobre todo democráticos y nacionales», y ha subrayado que se trata de un conflicto que nunca debía haber salido de la política.

Joan Queralt, también de ERC, ha explicado que «como fraternos colegas del pueblo vasco», piden lo que cualquier demócrata debe pedir: «La aplicación igualitaria de la ley».

Junts, a través de su vicepresidente, Josep Rius, se ha unido también a la movilización. Ha pedido que se ponga fin a la política penitenciar de excepción y se ha comprometido a trabajar en favor de los derechos humanos en todas las instituciones en las que tengan representación.

Montserrat Vinyets, de la CUP, ha asegurado que la formación no entiende su práctica política sin el ejercicio de la solidaridad y ha subrayado que la demanda es clara: «Hoy en día hay vigente unas leyes de excepcionalidad, un claro ejemplo del conocido como derecho penal del enemigo, que exigimos de una vez por todas que sean derogadas». Ha tildado de «inhumanas» y «demasiado largas» las penas de prisión impuestas a las presas y presos vascos y ha exigido que se cumplan las directivas europeas que obligan a tener en cuenta lo que dicen las sentencias de los tribunales de otros países de la Unión Europea.