LAB ha comparecido este lunes en rueda de prensa en Bilbo para dar cuenta de irregularidades en las adjudicaciones de obras en Osakidetza por valor de 8 millones de euros. «El procedimiento de adjudicación directa de las obras es ingeniería política», ha subrayado la coordinadora general Garbiñe Aranburu, que ha incidido en que «no se trata de errores en la gestión, sino de decisiones políticas».

Jesús Oñate, delegado sindical en Osakidetza, ha indicado que la investigación desarrollada se suma a otras efectuadas con anterioridad en los resultados de la OPE de 2018, prácticas fraudulentas de contratación en 2019 y licitaciones en 2022 y 2023, que han logrado paralizar la externalización de servicios por valor de 160 millones de euros.

Del análisis efectuado por el sindicato se detectan un total de 381 contratos menores en 2022 por valor de 8.054.211,99 euros que han sido fraccionados de una u otra manera para poderse contratar sin ningún tipo de publicidad y adjudicándose «a dedo». Esa información va a ser denunciada ante el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y también se transmitirá a la dirección general de Osakidetza en la reunión que van a mantener este próximo jueves.

Destacan especialmente los casos de la OSI Araba y la de Cruces, con 60 y 135 contratos, respectivamente, incluyéndose en el caso del centro sanitaria vizcaino cuatro de diciembre de 2021 asignados a dedo por valor de 500.000 euros.

Este tipo de contrato está pensado para dar agilidad a la contratación cuando se trata de cuantías menores. La tentación es grande porque el procedimiento es rápido, sencillo, sin publicidad y a dedo. «Pueden entregar directamente el contrato a la empresa que quieren y se evita la competencia entre empresas encareciendo los contratos», ha explicado Oñate.

La trampa viene muchas veces por el fraccionamiento de los contratos. Tienen por ejemplo una obra cuyo valor estimado es 70.000 euros y hacen dos contratos menores de 35.000 cuando deberían sacar un concurso de obras cumpliendo todos los requisitos de publicidad exigidos. Esto está expresamente prohibido por el artículo 99.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

«Sospecha de corrupción»

«Desde el punto de vista económico se evita la competencia entre empresas, con la pérdida que esto supone para los y las contribuyentes vascas y pone de manifiesto cuál es el modelo de gestión de determinados directivos y responsables de Osakidetza. La falta de transparencia, además, deja a Osakidetza bajo la sospecha de corrupción», ha manifestado.

Según establece la ley, no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.

Las variantes de fraccionamiento pasan por trocear la obra y dársela en X contratos a la misma empresa, adjudicar a dos que tienen el mismo dueño, dividir y adjudicar a firmas distintas, contratar con la misma compañía pero desde organizaciones distintas (organización central y una OSI), hacer un contrato de obra por importe menor de 40.000 euros y otro de suministro por valor de menos de 15.000 euros.

Otra manera sutil, pero igualmente ilegal, de fraccionar un contrato de obras es la de separar por ejemplo por gremios la contratación de una obra, ya sea tabiquería, instalación eléctrica o contrato de climatización, por citar algunos de los casos descubiertos.

LAB subraya que no hay motivos económicos, organizativos o técnicos que justifiquen la necesidad del fraccionamiento. «La única razón es que algunas empresas se beneficien y premien. Además, esta forma de hacer, que supone eludir el control público, es opaca, evita las condiciones de publicidad necesarias a la hora de adjudicar este tipo de trabajos. Eso es muy grave. Es grave –ha remarcado Aranburu– porque tiene un objetivo claro».

La coordinadora general ha criticado que el modelo «neoliberal y clientelar del PNV busca debilitar el sistema sanitario público y fortalecer el privado». Aranburu ha comentado que «no se invierte lo suficiente, se está desmantelando, las dificultades para conseguir cita en Atención Primaria son evidentes, hay largas listas de espera para intervenciones o para ser atendido por especialistas...».

Además, ha denunciado que Osakidetza está externalizando tareas que pueden realizar sus trabajadores. En el caso de las irregularidades detectadas, no duda de que se trata de «premiar a las empresas del entorno del partido».

Garbiñe Aranburu ha asegurado que «quien está dañando el prestigio, la imagen y el servicio  del sistema público de salud es el Gobierno del PNV. El PNV es un buen gestor y vigilante cuando se trata de proteger los negocios privados, pero no cuando se trata de defender unos servicios públicos fuertes».

Aranburu ha dicho que al lehendakari y a la consejera de Salud «se les ha agotado el tiempo». «Intentarán en vano responsabilizar de lo que está pasando a una estrategia de desgasta de trabajadores y trabajadoras y sindicatos, pero esa crítica no se sostienen. Somos los y las trabajadoras y los y las ciudadanas las que apostamos por un servicio público de salud digno. Hace tiempo que hemos denunciado esto, hemos hecho huelgas y movilizaciones pidiendo más creación de empleo público y estabilización de empleo, pidiendo reforzar el sistema público de salud pidiendo mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores», ha añadido.