Han pasado 45 años y medio desde los sucesos de Sanfermines de 1978 y la Justicia sigue cerrada para estas víctimas. Según han dado a conocer hoy, el 30 de noviembre de 2023 la Audiencia Provincial de Nafarroa ratificó el archivo de la querella decidida previamente por el Juzgado de Instrucción número 2 de Iruñea.

La querella fue interpuesta hace cinco años por la familia de Germán Rodríguez, la Asociación Sanfermines 78 Gogoan, la Federación de Peñas de Iruñea y varios heridos de bala el 8 de julio de 1978. En la misma se destacaba su disconformidad por la escasa instrucción judicial que se llevó a cabo entre los años 1978 y 1980 y que se cerró, al tiempo que se reclamaba que se continuase con la investigación al aportar nueva documentación, como un informe del Ministerio de Gobernación que se ha logrado obtener después de solicitarlo durante décadas y otro informe pericial.

Inicialmente, el caso correspondió al Juzgado de Instrucción número 5 de Iruñea, que ordenó el archivo, pero un auto de la Audiencia Provincial de septiembre de 2021 rechazó el archivo y entregó la causa al Juzgado de Instrucción número 2, que fue el que abrió los sumarios sobre estos hechos en 1978 y 1980. Sin embargo, este juzgado decidió en junio de 2022 mantener el archivo al considerar que había transcurrido un plazo de prescripción de un año sin que se solicitara la realización de diligencias. Este decisión fue recurrida ante la Audiencia Provincial, que ahora ha confirmado el archivo.

Prescripción sin reapertura

La letrada Lourdes Etxeberria, del equipo jurídico de esta querella, ha mostrado su disconformidad ante esta decisión, destacando que no se puede aplicar que haya transcurrido un plazo de un año, ya que el Juzgado de Instrucción número 2 ni siquiera se han planteado reabrir o no el caso tal y como le demandaba la Audiencia Provincial. Técnicamente, ese plazo de prescripción debería comenzar a contar en el momento en el que el Juzgado decidiera reabrir el caso, pero no se puede tener en cuenta porque ni siquiera ha decidido si lo abre o no.

«Se han pasado cinco años decidiendo qué juzgado era el competente para luego no hacer nada», ha destacado.

De este modo, consideran que se ha producido una vulneración del derecho fundamental de las víctimas y de sus familiares a un proceso judicial, por lo que presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Junto a ello, han avanzado que presentarán una nueva querella al considerar que los sucesos de los Sanfermines de 1978 son constitutivos de delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, no han prescrito. Esta nueva querella se presentaría de nuevo en los Juzgados de Iruñea porque los hechos ocurrieron en la capital navarra. En principio, el juzgado competente se podría decidir por reparto, pero cabe la posibilidad de que vuelva al 2 de Instrucción, que es el que ha archivado ahora la causa.

«Pasividad y desidia»

Mikel Legorburu, uno de los heridos de bala que firmaban la querella archivada, y Rakel Arjol, presidenta de la Federación de Peñas, han denunciado «la pasividad y desidia» con la que su demanda «ha sido tratada en estas instancias judiciales pues, como afirma el refrán, ‘la justicia que es lenta no es justicia’».

«Queremos afirmar que su archivo es una muestra más de la colaboración de la Justicia con la política de impunidad con la que el Estado y sus instituciones han tratado este crimen. Política de impunidad que afecta también a hecho similares habidos durante la transición española: Montejurra y 3 de Marzo en Gasteiz, en 1976; Semana negra madrileña y II Semana pro-Amnistía, en 1977. Todos ellos constituyen crímenes contra el derecho internacional, crímenes contra la humanidad», han añadido.

En este sentido, han recordado que las querellas interpuestas en 1978 fueron desestimadas y archivadas. «Se argumentó entonces la falta de pruebas suficientes con respecto a la responsabilidad policial en aquel crimen. Lo que contemplaron miles de personas en la Plaza de Toros no fue suficiente. Las declaraciones de decenas de testigos que presenciaron los disparos policiales que acabaron con la vida de Germán, tampoco. Los jueces se lavaron entonces las manos y acataron la versión de Martín Villa que afirmó aquello de ‘lo nuestro son errores, lo de ellos son crímenes’», han explicado.

Junto a ello, han subrayado que la presentación del recurso de amparo ante el Constitucional y de una nueva querella en Iruñea tiene como objetivo que «tengan ocasión de juzgar el fondo del asunto y responder a unas sencillas preguntas: ¿fue responsable la Policía, sus mandos y Martín Villa, entonces ministro del Interior, de la agresión policial padecida por la ciudadanía de Iruñea en sus calles y plaza de toros?, ¿fueron responsables directamente del asesinato de Germán Rodríguez?».