El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Nafarroa, José María Aierdi, ha comparecido este martes en el Parlamento foral, donde ha informado de que la empresa Ekondakin, que es la que opera la incineradora de Zubieta, envió 5.563 toneladas de residuos líquidos peligrosos a la empresa Ecofert, de Artaxoa, que no tenía permiso para recibirlos y, por ello, está en un proceso de cierre gubernamental.

La comparecencia del consejero se ha producido a instancias del parlamentario de UPN Miguel Bujanda y ha servido para comprobar que a todos los grupos lo ocurrido les produce «máxima preocupación». Puesto que, como ha explicado el representante del PSN Carlos Mena, el resultado de los análisis realizados a los residuos recogidos a mediados de 2023 en la balsa de Ecofert son «ecotóxicos».

Contrato con datos irregulares de Ekondakin

En esta cuestión hay dos partes y dos posibles ilegalidades, además de responsabilidades de los gobiernos de Lakua y de Iruñea. Por un lado, la incineradora de Zubieta a través de Ekondakin firmó un contrato con la empresa Ecofert Sansoain el 11 de agosto de 2022 para trasladar allí lodos provenientes de las plantas de aguas. Pero se ha sabido que lo que finalmente trasladó fueron lixiviados considerados internacionalmente como peligrosos.

Es decir, una empresa pública de la CAV suscribió un contrato con una firma que se dedica a realizar compost y fertilizantes, a sabiendas de que esa empresa no está autorizada legalmente para recibirlos. Pero hay más. Según el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz, con el contrato en la mano este hablaba de 200 toneladas. Pero el consejero Aierdi ha explicado que se trasladaron 2.163 toneladas en 2022 y 3.500 toneladas en 2023. Es más, ha apuntado que Ecofert siguió recibiendo esos lixiviados de la incineradora de Gipuzkoa hasta el 18 de diciembre, cuando con anterioridad se le había dejado claro que era ilegal.

En todo caso, ni el consejero ni los grupos que forman parte del Gobierno de Nafarroa, han querido calificar la actuación de los rectores de la incineradora de Zubieta, aduciendo que para ello ya hay diligencias abiertas en los juzgados de Gipuzkoa. De hecho, una intervención en la empresa Ecofert de Artaxoa se hizo a instancias de una petición de información de la Guardia Civil.

Por contra, tanto UPN como EH Bildu han señalado que es obligación de los gobiernos, tanto del de Lakua como del de Iruñea, controlar los productos peligrosos que por toneladas han cruzado las carreteras navarras.

Por otro lado, conviene subrayar que a finales de diciembre, el Gobierno de Nafarroa ya comunicó a su Parlamento que «le consta» que en Artaxoa se estaban recibiendo residuos líquidos procedentes de la incineradora de Zubieta incorrectamente codificados. Lo hizo respondiendo a una pregunta de EH Bildu. Al día siguiente, el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, que preside José Ignacio Asensio, del PSE, lo negó «rotundamente». Por lo visto en la comparecencia, ni los representantes del PSN acaban de creerles.

Balsa desbordada en Ecofert de Artaxoa

La segunda parte es la referida a Ecofert Sansoain, que ha estado admitiendo ilegalmente lixiviados líquidos en sus instalaciones, primero de una empresa navarra instalada en Tutera, y después también de la incineradora de Zubieta. Todo ello a pesar de las advertencias y multas que ha ido recibiendo, y que han terminado en la orden actual de cierre de las instalaciones, hasta que corrijan y reparen esta situación.

Lo peor es que se ha conocido que el Departamento de Medio Ambiente pudo comprobar, en enero de 2023, a partir de una denuncia anónima, que la balsa de esta empresa se estaba desbordando y que los residuos almacenados estaban yendo a parar a acequias.

Pese a la multa, la orden de dejar de recibir lixiviados y de enviar los residuos a un gestor autorizado, el consejero Aierdi ha afirmado que en la inspección de noviembre se constata que ha dejado de recibir residuos líquidos de Navarra pero que se han seguido recibiendo de Ekondakin. Además se observa la presencia de lixiviados en el exterior de balsas, que la balsa ha sido modificada sin permiso y que no se ha enviado al gestor autorizado.

Es a partir de ahí cuando se pone en marcha el proceso que deriva en la orden de cierre de Ecofert Sansoain, que está ahora en trámite de alegaciones por parte de la empresa.

Existe la preocupación de que además de los lixiviados desbordados, estos se hayan mezclado que los fertilizantes y el compost que fabrica esta empresa, se haya utilizado en agricultura y que pueda pasar a la cadena alimentaria. El Gobierno de Nafarroa está a la espera de los resultados de los análisis encargados.