La FDSEA y Jóvenes Agricultores 64 mantienen este miércoles sus bloqueos en los accesos a Baiona, lo que se traduce en una circulación más que complicada en todo el BAB (Biarritz-Angelu-Baiona).

Instalados con sus tractores sobre el puente Hubert Touya, los productores persisten en su reclamación de que se aligeren las tasas y normativas que, según explican, «ahogan la economía de nuestras explotaciones y no nos permite vivir dignamente de nuestro trabajo».

De esta forma, la circulación por la autopistas en la circunvalación de la capital labortana está cortada tanto en dirección Biriatu-Irun como en sentido Burdeos.

Los vehículos están obligados a tomar rutas alternativas, lo que traslada los atascos a las carreteras departamentales y localidades circundantes, de Urketa a Hiriburu.

Los agricultores han depositado además una montaña de neumáticos en la rotonda de Grande Basque, que reparte el tráfico a la entrada a Baiona desde las autopistas A63 y A64. 

También han arrojado neumáticos cerca de la salida de Baiona Norte, a la altura del centro comercial Ametzondo, con lo que acceder al centro de transporte de Mugerre es una tarea difícil.

Bloqueos hasta en 89 departamentos hexagonales

Del Gers a Nueva Aquitania, la movilización de los agricultores que arrancó el martes se extenderá a partir de hoy, según da a entender la FDSEA, a 85 de los 96 departamentos hexagonales.

El pulso no cederá, asegura el poderoso sindicato agrario, hasta que el Gobierno de Emmanuel Macron no adopte medidas concretas que, según fuentes cercanas a Matignon, podrían ser anunciadas «antes del fin de semana».

Los agricultores reclaman distintas medidas, algunas de ellas en contradicción con los propósitos de Bruselas de alinear la agricultura con la transición ecológica.

Es el caso de las reclamaciones para que se mantengan las subvenciones a carburantes o que se compense la subida de precios de los plásticos que se utilizan para empacar la hierba.

Con todo, los convocantes de la protesta, que se tiñó de luto ayer con la muerte de una agricultora y de su hija tras ser embestidas por un vehículo mientras participaban en una protesta en Ariège, anuncian la presentación de una tabla con una cuarentena de reivindicaciones.

Los agricultores remarcan que «la sucesión de normas estatales y directivas europeas» crean malestar en el sector, y se quejan de que el Estado francés importe productos de «países que no cumplen con esas obligaciones».

Un discurso de «prioridad para la producción nacional» con el que, a tres meses de las elecciones europeas, la ultraderecha francesa se mimetiza sin aparente dificultad.

De hecho, el «número uno» de Rassemblement National, el eurodiputado Jordan Bardella, no ha tenido problemas en encadenar dos conflictos laborales.

Así, tras acudir, el pasado fin de semana, al encuentro de los agricultores, a pie de carretera, para remachar un discurso antieuropeísta que obvia que el Estado francés sea el socio que recibe más ayuda de la Política Agraria Común (PAC), con 9.000 millones de euros anuales, ayer se desplazó a Bretaña, para acercarse al sector pesquero, y denunciar que «la UE está matando la pesca francesa firmando tratados de librecambio que favorecen la competencia desleal».

Aunque las formaciones de izquierda francesa mantienen una posición abiertamente crítica contra los tratados de libre comercio porque «perjudican a los agricultores tanto en los países de origen como en Europa», su discurso apenas se escucha estos días en los medios.

Tampoco está demasiado presente el mensaje de los ecologistas que, en todo caso, por boca del eurodiputado Jannick Jadot, han hecho constar que hay «una política de dos pesos, dos medidas», a la hora de tratar las protestas.

Es evidente que los militantes contra el cambio climático o los que se han sumado a protestas contra los embalses de agua artificiales al servicio de la industria agrícola han sufrido cargas policiales, multas y hasta procesos judiciales.

Por contra, no ha habido hasta ahora ni una acción policial hostil ante los bloqueos de los agricultores que impiden la circulación en decenas de autopistas y carreteras.

Acuerdo de libre comercio UE-Nueva Zelanda

Saltando de las carreteras a los despachos en que se decide «quién produce qué, dónde y a qué precio», es obvio que la política de acuerdos comerciales de Bruselas es un factor clave para entender el empobrecimiento de los productores agrícolas, que se movilizan desde semanas atrás en Alemania, Bélgica u Holanda, y a los que se han sumado ahora los agricultores galos.

Mientras los precios para os agricultores locales se desploman, Bruselas ratificó el pasado noviembre el acuerdo UE-Nueva Zelanda (ALE) que llevará a esa misma Unión que preconiza un «Pacto Verde» a importar, a partir de primavera, miles y miles de toneladas de productos agrícolas y ganaderos que recorrerán 20.000 kilómetros antes de llegar a los mercados europeos.

Además de sortear los Acuerdos de París sobre cambio climático, ese acuerdo, que se suma a otros ya suscritos con anterioridad con Vietnam o Japón y a los que siguen su curso de negociación con los países de Mercosur, tendrá graves impactos sobre la biodiversidad en el país de origen y sobre la soberanía alimentaria de los países de destino.

El acuerdo ALE-Nueva Zelanda prevé levantar los aranceles que pesan sobre productos agrícolas como los kiwis, las manzanas o las cebollas y contempla que cada año lleguen 10.000 toneladas de carne de vacuno neozelandés y 38.000 de carne de ovino, además de 15.000 toneladas de mantequilla o 25.000 toneladas de quesos.

Dos modelos de agricultura

ELB, sindicato mayoritario en Ipar Euskal Herria, y su referencia hexagonal, Confédération Paysanne, con ser solidarios con la ola de protestas de los agricultores en el Estado francés son críticos con el mensaje de «a menos tasas y controles, mayor competitividad» que defienden los grandes sindicatos galos que, por cierto, cuentan entre sus socios con algunos grandes captadores de ayudas comunitarias.

«El 80% de las ayudas de la PAC se reparten entre un 20% de grandes productores agrícolas», hacen saber esos sindicatos, partidarios de apoyar la transición ecológica en el medio agrícola sin que ello implique una carga insoportable para los productores.

Al tiempo de reclamar que se repartan de manera justa las ayudas, pero también que se agilicen los pagos de indemnizaciones, estos sindicatos hacen hincapié en que los recurrentes problemas sanitarios y las pérdidas ligadas a fenómenos climáticos extremos obligan a «repensar los modos de trabajar la tierra» y postular un apoyo más firme a la agricultura «a escala humana» y respetuosa con el medioambiente.

Haciendo patente que el momento elegido para este estallido de cólera «saca a la luz los areglos entre FDSEA y Gobierno», ELB cuenta con todo aportar su grano de arena para hacer patente la grave situación que soportan el sector primario.

Beñat Etxeto, miembro de la dirección del sindicato vasco, anuncia, sin dar mayores detalles, acciones propias «a finales de esta misma semana».