A cada decisión del poder legislativo respecto a la amnistía, desde el judicial se produce un movimiento para desestabilizarla. Ayer, en vísperas de que la ley llegase al pleno del Congreso español, se conocieron dos decisiones judiciales vinculadas con el procés. Por la mañana, el juez del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, reactivó la investigación sobre las supuestas conexiones de dirigentes independentistas con Rusia; por la tarde, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón prorrogó seis meses más la investigación del caso Tsunami Democràtic.

En el auto sobre el caso Volhov, Aguirre opta por extender otro seis meses la instrucción e insiste en implicar en la misma al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en el supuesto intento de Rusia de influir en la independencia de Catalunya. Aunque el juez no especifica el delito exacto bajo investigación, la descripción de las reuniones y mensajes sugiere que las acciones mencionadas podrían estar relacionadas con la alta traición, un delito que está excluido de la amnistía, según la última versión del proyecto de ley que se somete a votación hoy.

La operación, que comenzó en octubre de 2020 y resultó en la detención de 21 personas, surgió a raíz del descubrimiento de dos conversaciones grabadas en las que el exconseller de ERC Xavier Vendrell y el exdirigente convergente David Madí dialogaban con Víctor Terradellas, exjefe de relaciones internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya, sobre la posibilidad de obtener respaldo de 10.000 soldados rusos tras una declaración de independencia. La causa seguía abierta, pero quedó archivada para Madí, y ahora el juez ha decidido prorrogarla por tan solo un nuevo indicio: una carta anónima con recortes de prensa recibida en diciembre pasado. El resto de elementos ya estaban en el juzgado desde hace años.

Por su parte, García-Castellón acordó la prórroga por seis meses de la instrucción de la causa de Tsunami Democràtic, ya que asegura que todavía quedan diligencias por practicar, como peticiones de auxilio internacional, una de ellas al Estado francés para recabar la declaración de los familiares del turista fallecido en el aeropuerto de Barcelona durante las protestas. Su muerte, de acuerdo con el juez, podría haber sido provocado no solo por la grave cardiopatía congénita que sufría el difunto –de hecho, formalmente murió por causas naturales–, sino también por los propios actos de protesta.

En su auto, el instructor remarca que Tsunami fue fundada por Puigdemont, e insiste en que el Tribunal Supremo debe investigar al expresident catalán por «terrorismo».

Además de las críticas por parte del independentismo a las continuas implicaciones políticas de los jueces, incluso fuentes del PSOE criticaron, en declaraciones a la agencia Efe, a determinados jueces por «mover ficha» en función de los pasos que va dando el poder legislativo.

¿Hasta última hora?

En la Comisión de Justicia del Congreso español celebrada el 18 de enero, se incorporó a la proposición de ley de la amnistía dos enmiendas transaccionales pactadas por PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Junts y Podemos para ampliar la amnistía en el delito de «terrorismo», pero con excepciones. Con la enmienda, se fija que los actos que de forma manifiesta y con intención directa que hubiesen causado «violaciones graves de los Derechos Humanos» quedan excluidos, para intentar blindar así la medida para Puigdemont a raíz de las últimas maniobras de García-Castellón para tratar interferir en el debate político.

Aunque el texto en aquella comisión salió adelante con el voto de las dos formaciones independentistas catalanas, Junts cree que habría que eliminar de la ley toda referencia al delito del «terrorismo» en el apartado de ‘excepciones’ para cerrar el agujero jurídico que Garcia-Castellón trata de explotar para excluir de la amnistía a los investigados por el Tsunami, un punto que el PSOE asegura que no quiere cambiar. Con todo, tanto Junts como ERC mantienen «vivas» muchas de las enmiendas que en la comisión fueran rechazadas, y que ayer ERC aseguraba que se negociarían «hasta última hora».

Sin embargo, el diputado del PSC en la Cámara Baja José Zaragoza insistió, en una entrevista radiofónica, en que el PSOE no votará a favor de las enmiendas «vivas» de Junts y ERC. En la misma línea se expresó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, desde Bruselas al afirmar que el Gobierno español considera cerrada la ley de amnistía.

Al tratarse de una ley orgánica, la proposición de ley requiere 176 votos a favor, y todo hace indicar que va a salir adelante con el voto favorable de los partidos incluidos en el bloque de investidura de Pedro Sánchez. No obstante, según aseguraron fuentes de Junts a ‘Cadena Ser’ al cierre de esta edición, el partido de Puigdemont insistió al PSOE para que apoye la enmienda pactada con el PNV y «eliminen cualquier referencia al terrorismo» en ese apartado de ‘excepciones’. Según este mismo medio, esas fuentes incluso llegaron a deslizar que se plantean votar en contra para que la ley vuelva a la Comisión de Justicia. Sin embargo, el PSOE señala que eliminar ese precepto da margen para que Bruselas o el TC tumben la norma.