Tras una larga gestación en la Asamblea Nacional francesa, los diputados adoptaron, en la noche del 29 de enero, en primera lectura un texto llamado a cubrir el vacío legal sobre los alojamientos turísticos a través de plataformas como Airbnb que permite ahora obtener ventajas fiscales a sus tenedores en flagrante desigualdad con los alquileres al año.

A partir de ahora se establecerá un régimen fiscal similar para ambos tipos de alquileres.

El texto, defendido por el diputado de la circunscripción «vasco-bernesa» Iñaki Echaniz, mano a mano con una diputada macronista Annaïg Le Meur, empezó a debatirse la pasada primavera, pero el año terminó sin que se pudiera votar el texto.

La perseverancia de los proponentes ha permitido finalmente la adopción del texto, que ha contado con 100 votos a favor y 25 en contra.

No hubo sorpresa en el reparto de los votos. La propuesta salió adelante gracias al apoyo de la izquierda, los independientes del grupo Liot y la mayor parte de la bancada macronista.

Por su parte, la mayoría de los diputados adscritos a la derecha de Les Républicains (LR) así como los de Rassemblement National (RN, ultraderecha) votaron en contra, invocando como argumento principal la defensa de «los pequeños propietarios».

Rebajar las deducciones fiscales

La medida rebaja a un 30% la deducción fiscal que se aplicará a los ingresos procedentes del alquiler turístico de corta duración, equiparándolos así con los alquilere al año.

Ahora, los alquileres con Airbnb obtenía deducciones de entre el 50% y el 70%.

La medida contará con una excepción, ya que no se aplicará en las «zonas rurales de baja densidad demográfica» donde la deducción fiscal se mantendrá en el el 71%.

Con todo, el periplo de la ley no está completamente despejado.

El dispositivo es causa de discordia en el campo macronista. De hecho, el ministro de Cohesión Territorial, Christophe Béchu, pidió, nada más completarse la votación, «encontrar un punto común de salida» cara a la tramitación en el Senado, donde la derecha tiene mayoría.

De ahí que propusiera poner en marcha una comisión parlamentaria para analizar globalmente la fiscalidad del alquiler en un momento en que la escasez de bienes al alquiler anual ha empujado al alza los precios, provocando una preocupante situación social.

En todo el territorio, salvo zonas rurales poco pobladas

De salir adelante la actual redacción de la ley esta debería ser de aplicación en todo el territorio hexagonal, a excepción de las ya citadas «zonas rurales de baja densidad demográfica».

El texto Le Maur-Echaniz  incluye además otras medidas. Así, al igual que ocurre con los alquileres ordinarios, también los pisos turísticos deberán pasar un diagnóstico energético.

Ese diagnóstico, obligatorio para los alquileres clásicos, clasifica de A a G la eficiencia energética de las viviendas y estipula que los propietarios de inmuebles que cuenten con peor calificación (dos últimas letras) no puedan aumentar el alquiler cada año de acuerdo al IPC o, a futuro, no tengan autorización para alquilar.

Además, la nueva norma aporta nuevas herramientas de regulación a los alcaldes, que podrán rebajar de 120 días a 90 días al año el periodo máximo de alquiler para una residencia habitual.

También prevé una medida de la que se ha congratulado, a través de un comunicado, la asociación vasca Alda!, ya que establece más sanciones y controles para los propietarios que tratan de eludir el registro obligatorio de esos bienes de uso turístico.

En la misma línea de sacar a la luz tales alquileres, obliga a los tenedores de viviendas a comunicar ese uso turístico a los administradores de las comunidades de vecinos.

Aplausos de proponentes y entidades sociales

«Es un compromiso que hemos tardado un año y medio en concretar» se ha felicitado el diputado socialista Iñaki Echaniz para mostrar su esperanza en que el texto sea registrado lo antes posible en el Senado.

✅ L’adoption du texte est une grande victoire pour nos territoires et pour le logement permanent.

C’est un texte très attendu que j’espère voir rapidement inscrit à l’ordre du jour du Sénat.

D’autres combats pour un logement digne et durable nous attendent.#Airbnb pic.twitter.com/MA9xTObURw

— Iñaki Echaniz (@Inakiechaniz) January 29, 2024

La otra ponente del texto, la diputada bretona Annaïg Le Meur, ha considerado la norma como «un primer paso» y ha estimado que la norma «da una respuesta concreta a la crisis inmobiliaria».

Por su parte, la exministra de Vivienda y actual directora de Oxfam, Cécile Duflot, ha saludado la aprobación de la norma y ha pedido ir más allá hasta «eliminar todas las ventajas fiscales que favorecen el alquiler de alojamientos turísticos de corta duración».

De diferente opinión, en un comunicado remitido a la agencia AFP, la plataforma Airbnb considera que «en lugar de hacer más complejo el marco legal actual (...) queremos trabajar con más ciudades para aplicar las normas ya existentes», en referencia a las medidas que cada vez más ciudades adoptan para tratar de limitar el fuerte aumento de este tipo de alquileres.

La normativa vasca

En Euskal Herria, la Mancomunidad Vasca mantiene a 24 localidades en la llamada «zona inmobiliaria tensionada».

En ese área se incluyen las localidades de Ahetze, Angelu, Arbona, Arrangoitze, Azkaine, Basusarri, Baiona, Biarritz, Bidarte, Biriatu, Bokale, Donibane Lohizune, Getaria, Hendaia, Hiriburu, Jatsu, Lehuntze, Larresoro, Milafranga, Mugerre, Urketa, Urruña, Uztaritze y Ziburu.

La institución adoptó en 2022 la llamada norma de compensación, que obliga a quien alquila un bien para cortos periodos a sacar al mercado otro para el alquiler al año.

Tras un periplo en tribunales, por la denuncia de «pequeños propietarios», en marzo de 2023 entró en vigor la norma sobre alquileres turísticos para esas 24 localidades labortanas.

A ese dispositivo hay que sumar las disposiciones adoptadas por la institución de Iparralde para poner coto a los alquileres vía plataformas, o las decisiones de los ayuntamientos de aumentar los impuestos en el caso de segundas residencias.

Esa última medida autoriza a subir los impuestos sobre viviendas secundarias y vacías, más allá de esa zona tensionada. Sobre esa base, el Consejo de la Mancomunidad abogaba, en setiembre del año pasado, por extender el radio de acción de esa norma fiscal a 34 localidades del norte del Bidasoa.

Igualmente, la Mancomunidad Vasca logró en 2023 que París asumiera un proyecto piloto, defendido por entidades sociales vascas, destinado a regular los precios de los alquileres.

Ya rigen normas similares en localidades francesas como Burdeos, Lyon, París o Montpellier y, a partir de esas experiencias, el dispositivo vasco debería empezar a ser aplicado, como tarde, en otoño de 2024, según las previsiones de la Prefectura de Pirineos Atlánticos.