Numerosas organizaciones internacionales, entre las que se encuentra Etxerat, se han dirigido a las autoridades chilenas para mostrar su apoyo a la huelga de hambre que llevan quince presos políticos mapuche e instando a que se reconozcan sus reivindicaciones. La protesta se inició el 13 de noviembre, por lo que llevan ya 81 días sin ingerir alimentos.

En primer lugar, reclaman que se decrete la nulidad del juicio contra Ernesto Llaitul, Ricardo Delgado, Nicolás Villouta y Esteban Henríquez, «quienes, a pesar de la inexistencia de elementos probatorios, fueron injustamente condenados a más de quince años de prisión».

La huelga de hambre cuenta con el apoyo de otros once presos políticos mapuche encarcelados en Bío-bío y Temuco, entre los que se encuentra el histórico Héctor Llaitul, que también se han sumado a esta protesta. Estos últimos alcanzan este viernes los 54 días de ayuno.

Junto a ello, se exige la implementación de un módulo de presos mapuche en la cárcel de Bío-bío, «tal cual se contempla en los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile».

Condición de presos políticos

De este modo, reclaman que se reconozca a los presos como miembros del pueblo originario mapuche, que se tenga en cuenta su condición de presos políticos, «toda vez que sus causas tienen relación con el conflicto histórico que existe entre el pueblo nación mapuche, el Estado de Chile y la lucha que se lleva a cabo contra el extractivismo –principalmente forestal–, que depreda Wallmapu.

Junto a ello, se denuncia que «la decisión política de frenar y contrarrestar el conflicto histórico ha agudizado la persecución y criminalización de las reivindicaciones mapuche durante los últimos 30 años», lo que ha llevado a cientos de personas a la cárcel.

Asimismo, se subraya que las movilizaciones del pueblo mapuche han logrado, «aunque de manera insuficiente», que se respeten condiciones culturales y espirituales en las prisiones, como la obtención de módulos propios.

Los firmantes denuncian que con el Gobierno actual se ha registrado «una negación y un retroceso» de los derechos fundamentales de los presos mapuche en la cárcel de alta seguridad de Bío-bío. «Denunciamos las vulneraciones y transgresiones sistemáticas cometidas, además, contra las familias y miembros de las comunidades, que visitan a los presos políticos mapuche, no existiendo ningún trato especial, –en su calidad de miembros del pueblo originario mapuche–, desconociendo, por tanto, lo establecido en los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile», señalan.

«Consideramos que el hecho de mantener a presos políticos mapuche en una cárcel de alta seguridad, corresponde a una decisión política y no sólo administrativa. Reconocemos que los presos políticos mapuche, están privados de libertad, pero en ningún caso dejan de ser sujetos de derechos fundamentales, ni menos, pierden su condición de miembros del pueblo mapuche. Por lo anterior, es que exigimos que el tratamiento y las condiciones intrapenitenciarias, sean acordes a su situación de presos políticos y a su condición de miembros del pueblo mapuche. Exigimos que se dé solución a las demandas que se plantean con la huelga de hambre, así como hacemos responsables a las autoridades del Estado de Chile, de las eventuales consecuencias irreversibles en la salud y vida de los huelguistas», reclaman.

Entre los firmantes del documento, además de Etxerat, se encuentran las Abuelas y Madres de la Plaza de Mayo, el grupo Wallmapu Euskal Herria y el colectivo La Tetera de Euskal Herria.

Los presos mapuche reciben el nombre de comuneros y se encuentran en prisión imputados por acciones en defensa de su territorio frente a la actividad extractivista de las multinacionales con el visto bueno del Estado chileno.