![Bolsonaro se fotografía con sus seguidores en el día en que el TSE arranca el juicio en su contra.](/media/asset_publics/resources/001/010/954/article_main_landscape/bolsonaro.jpg)
La Policía Federal de Brasil ha desplegado este jueves una gran operación que señala al expresidente Jair Bolsonaro, así como a varios de sus aliados más próximos, entre ellos exministros y militares de alta graduación, por intentar un golpe de Estado para mantener en el poder al líder ultraderechista.
El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes ha ordenado al exmandatario entregar su pasaporte en un plazo de 24 horas y le ha prohibido mantener contacto con otros investigados.
La Policía Federal ha indicado que su objetivo es esclarecer si los investigados integraron una «organización criminal» que actuó «en la tentativa de golpe de Estado» para «mantener al entonces presidente de la República en el poder» y evitar la asunción del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Los agentes cumplieron este jueves 33 órdenes de allanamiento (registro) y 4 órdenes de prisión preventiva, y además impusieron 48 medidas cautelares a los sospechosos.
Según la prensa brasileña, han sido objeto de registros los exministros y generales del Ejército Walter Braga Netto, Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, que integraron el gabinete de Bolsonaro (2019-2022), y el excomandante de la Marina Almir Garnier Santos.
También el exministro de Justicia Anderson Torres, quien ya estaba siendo investigado por la asonada golpista que protagonizaron simpatizantes de Bolsonaro el 8 de enero de 2023, y Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), formación que lidera el exmandatario brasileño.
Detenidos tres militares y un asesor
De acuerdo con el rotativo ‘O Globo’, los cuatro detenidos son Filipe Martins, que fue un estrecho asesor de Bolsonaro durante su mandato; los coroneles del Ejército Marcelo Câmara y Bernardo Romão Corrêa Netto; y Rafael Martins, mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército.
La investigación apunta que el grupo investigado «se dividió en núcleos de actuación para diseminar» sospechas de fraude en las elecciones de 2022, en las que Lula venció a Bolsonaro, para así «legitimar una intervención militar».
Los investigados supuestamente querían sembrar dudas sobre la fiabilidad de las urnas electrónicas que el país usa desde 1996 y que nunca dieron problemas.
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