La asociación Alda ha mostrado su satisfacción por la decisión adoptada por el Tribunal de Baiona, que ha condenado a una agencia y a sus dos gestores por prácticas abusivas y fraudulentas contra arrendatarios en situación de vulnerabilidad social.

La condena se ha traducido en la pena de doce meses de cárcel, exentos de cumplimiento, y de cinco años de inhabilitación profesional.

La gerente de la agencia ICS, exgerente de la agencia ADP y exsocia de la agencia Avantages Immo, ha recibido una severa condena por exigir el abono de fianzas, que oscilaban entre 6 y 12 meses de alquiler, a los inquilinos de esta última agencia.

Esas personas, con poco recursos económicos e incluso vulnerables, nunca recuperaron en dinero depositado en manos de la agencia inmobiliaria.

Conocida como Julia, la gerente de la agencia inmobiliaria se servía de diferentes apellidos  (Julia Perrochon, o Julia Dordain, o Julia Claudia Antonio, o Julia Antonia Perrochon).

El tribunal la ha declarado culpable de complicidad en prácticas comerciales engañosas.

El tribunal, que daba a conocer su decisión el 15 de febrero, fue incluso más allá de las peticiones de la Fiscalía al decidir un castigo de doce meses de prisión sin obligación de ingreso en prisión, frente a los 6 meses solicitados por el Ministerio Público, y a una prohibición de ejercer durante cinco años en el sector inmobiliario.

Una condena extensible, además de a Julia, a la agencia Avantages Immo y a su gerente.

Deberán pagar, de manera solidaria, cerca de 36.000 euros en concepto de daños y costas.

La empresa Avantages Immo ha recibido una multa añadida de 10.000 euros.

Una primera victoria, con valor disuasivo

La asociación Alda apoyó esta causa que afecta a varios inquilinos, y que fue defendida ante el tribunal por los abogados Hervé Espiet y Xantiana Cachenaut.

Tras el fallo favorable del tribunal, estas personas obtendrán el rembolso de las cantidades que les fueron sustraídas de forma ilegal.

Alda ha mostrado a través de un comunicado su satisfacción con esta decisión judicial que, por primera vez desde que la asociación iniciara sus acciones en favor del derecho a la vivienda, en otoño de 2020, se ha traducido en «un duro golpe al fraude inmobiliario, que hasta ahora ha quedado impune con demasiada frecuencia».

La asociación confía en que, a la vista del severo castigo impuesto por el juez, esta sentencia ayude a «disuadir de futuros fraudes».

Alda asegura que, una vez obtenida la condena, se asegurará de que «esta directora de agencia inmobiliaria, que ha causado graves daños a tantas personas en situaciones de precariedad humana y material, respete al pie de la letra su prohibición profesional y que no intervenga, ni siquiera indirectamente, en transacciones en el sector inmobiliario».

De hecho, esta persona ya había sido condenada en el pasado por casos similares sin que ello llevara a que se le retirara la licencia para ejercer su actividad profesional.

Finalmente, Alda anuncia que su acción en tribunales no se limitará al «caso Julia», ya que está decidida a apoyar a otros inquilinos que sean objeto de prácticas fraudulentas.