El pasado 19 de febrero, la Unión Europea y Ruanda firmaron un memorando de entendimiento para cooperar en el desarrollo de las «cadenas de valor de materias primas» en el país africano que incluía, entre otras cuestiones, financiación para infraestructura, investigación y formación. La UE ha firmado acuerdos similares con Canadá y Ucrania en 2021, con Kazajstán y Namibia en 2022 y con Argentina, Chile, Groenlandia, Zambia y República Democrática del Congo en 2023.

La firma no gustó nada en Kinshasa y cuatro días más tarde, el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, calificó el acuerdo como «provocación de mal gusto» que «fomenta el saqueo». La razón es que Kinshasa lleva mucho tiempo acusando a Kigali de saquear sus recursos gracias al apoyo que presta al grupo rebelde M23 en el este de la República Democrática del Congo.

No es una acusación infundada. Un informe de la ONU señala que las facciones rebeldes respaldadas por Uganda y Ruanda, incluido el M23, controlan redes estratégicas de contrabando que van desde las minas en el este del Congo hasta Ruanda y Uganda, desde donde los minerales se exportan a las cadenas de suministro del mundo. Esto explicaría por qué Ruanda se ha convertido en uno de los mayores exportadores de coltán del mundo, a pesar de tener pocas minas propias en las que se extrae ese mineral.

Tshisekedi dijo asimismo que «con estos productos ilegales van a equipar a su Ejército y continuarán su expedición aventurera en la RDC». Y añadió: «¿Y quién es su cómplice? La Unión Europea. La UE, que siempre nos ha dado lecciones de democracia, predica ahora con el peor ejemplo posible». La Comisión, como siempre, haciendo amigos.

Razón no le falta a Tshisekedi, ya que el año pasado la UE firmó un memorando de entendimiento con RD Congo y Zambia, de modo que en ese ansia por acaparar materias primas se ha metido ella sola en un bonito jardín. De paso, vuelve a demostrar lo poco preocupa en Bruselas la guerra y los derechos humanos cuando se trata de sus intereses económicos, entre los que ahora se encuentra el de asegurar el suministro de lo que la UE ha denominado materias primas críticas.

Materias primas críticas

El listado de materiales críticos fue actualizado el año pasado con la inclusión de seis nuevos minerales entre las materias primas críticas. Entre los 34 que conforman la actual lista están incluidos, por ejemplo, el níquel y el cobre, pero no porque haya problemas de suministro, sino por su elevada importancia económica. En este caso, el motivo de preocupación para la UE parece ser la concentración de la propiedad. Otros minerales se han añadido al listado, no solo porque se necesiten para la transición verde y digital, como insistentemente se repite, sino porque son importantes para ramas de la industria, como la aeroespacial y la de defensa, en las que se espera que se dé un aumento de la demanda en el futuro.

Por tanto, la estrategia de la UE va más allá de la transición verde. El principal objetivo que plantea Bruselas es el de lograr un «suministro justo y sostenible de materias primas en los mercados globales». Una meta un tanto paradójica, ya que, por un lado, menciona los mercados globales, que se suponen libres, pero por otro, se encuentra en la necesidad de implementar una estrategia para asegurar algo que en teoría puede comprar libremente en esos mercados globales.

Una contradicción que lleva a pensar que cuando los responsables europeos hablan de «mercados globales», en realidad se refieren a mercados controlados por ellos mismos. En tal caso, es evidente  que el control requiere cierto andamiaje más o menos sofisticado. Bruselas ha preparado una elaborada estrategia que consta de cuatro pilares fundamentales: el club de las materias primas críticas, Global Gateway o puerta de enlace global, alianzas estratégicas en torno a las materias primas y acuerdos de libre comercio e inversión.

Los cuatro pilares

El primero es el club de las materias primas críticas que el comisario de Comercio, Valdis Dombrovskis, definió como el formado por «todos los países con ideas afines dispuestos a fortalecer las cadenas de suministro globales». Consumidores y países ricos en recursos unidos alrededor de cuatro objetivos: compartir conocimiento y cooperar, impulsar la producción sostenible y el procesamiento local, garantizar un comercio y una inversión fiable y que el aumento del suministro no sea a expensas de las comunidades y el medio ambiente.

Este proyecto es una copia de la Iniciativa para la Gobernanza de los Recursos Energéticos lanzada por EEUU en 2019 y que iba dirigida a «socios con ideas afines», esto es, una asociación económica pero regida por criterios ideológicos con el fin de excluir a China. Y la UE opta por el mismo esquema.

Global gateway o puerta de enlace global es un proyecto que básicamente consiste en invertir en infraestructuras para contrarrestar la influencia de la Franja y la Ruta chinas. Otro proyecto en el que la UE, defensora del libre mercado, opta por crear barreras. Se centra en cinco sectores: digital, clima y energía limpia, transporte, salud y educación e investigación.

Bruselas pretende movilizar 300.000 millones de euros entre 2021 y 2027, básicamente a cuenta de la iniciativa privada. Para ello ofrece subvenciones y préstamos de instituciones financieras. Un estudio de Eurodad señala que difícilmente logrará ese objetivo, por lo que la UE ha decidido colocar bajo este paraguas algunos proyectos de inversión ya existentes, reduciendo de esta forma la cantidad de dinero fresco que necesita atraer.

Un tercer pilar son las alianzas estratégicas. Se trata de acuerdos que se recogen en los memorando de entendimiento, como el que ha firmado recientemente con Ruanda, que en realidad no son vinculantes y solo expresan una voluntad de colaborar. El informe “La fiebre de las materias primas” de Transnational Institute señala que a partir de la firma, se establece una hoja de ruta con las actividades concretas a realizar. Un plan que no es pública ni tampoco es supervisado por ningún organismo independiente, y, por tanto, cabe pensar que no contiene ninguna referencia a medidas concretas para garantizar la sostenibilidad, participación de la sociedad civil, los derechos humanos o el medio ambiente.

El cuarto pilar es la decisión que la Comisión tomó en 2015 de incluir un capítulo de energía y materias primas en todos los acuerdos de libre comercio que firme, esos mismos que ahora critican los agricultores. Según la Comisión, las reglas de la Organización Mundial del Comercio no eran suficientes para definir este apartado por lo que decidió incluir un nuevo apartado para afianzar sus privilegios.

Las cláusulas de Comercio

Transnational Institute ha analizado el capítulo de energía y materias primas que se está incluyendo en los acuerdos de libre comercio y señala algunos puntos conflictivos. En primer lugar, estas sí son cláusulas vinculantes y en caso de conflicto, las partes pueden recurrir a los tribunales de arbitraje que se determine.

En segundo lugar, los principios del libre mercado son la regla clave. Determinan que se debe eliminar cualquier distorsión en el comercio, y por distorsión se entiende cualquier medida estatal que pueda obstaculizar el flujo de materias primas o energía, como las estricciones a la exportación. Así, Indonesia, que cuenta con grandes reservas de níquel, decidió en 2014 prohibir la exportación de minerales no procesados para poder desarrollar una industria propia. Posteriormente, ha tomado medidas similares con la bauxita, lo que ha llevado a las multinacionales y a la UE a impugnarlas ante diferentes tribunales, donde la lucha continúa. Se trata de un claro ejemplo del modo en el que los tratados de libre comercio entorpecen la creación de una industria nacional e impiden alterar los patrones históricos de colonialismo y dependencia.

En tercer lugar, prohíben los monopolios a la importación y exportación. Una medida que entorpece, por ejemplo, que se puedan crear agencias nacionales que compren materias primas para venderlas posteriormente, cuando las condiciones de mercado mejoren, y de este modo maximizar el beneficio para el país.

En el mismo sentido funciona la prohibición de fijar precios de exportación. Un aspecto en el que la Unión Europea cedió ante Chile, pero a cambio logró unas condiciones tan restrictivas para aplicarlo, que su aplicación se ha convertido en algo excepcional.

El informe de Transnational Institute concluye que «el término colonialismo verde se utiliza cada vez más para describir esta situación, esto es, la extensión de las relaciones coloniales de saqueo y desposesión a la era verde de las energías renovables, con el consiguiente desplazamiento de los costes socioambientales a los países del Sur global».