El lehendakari, Iñigo Urkullu, firmó el pasado lunes el decreto de disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones en la CAV para el 21 de abril. El portal gubernamental Irekia inmortalizó el acto con seis fotografías y un video de un minuto y siete segundos. Y para el día siguiente Lehendakaritza convocó a los medios gráficos para que a las diez de la mañana tomaran imágenes de Iñigo Urkullu presidiendo el Consejo de Gobierno, no se sabe muy bien por qué, puesto que seguirá habiendo reuniones cada martes hasta que se forme otro Ejecutivo. Pero las lluvias del día inundaron la zona de Lehendakaritza y la convocatoria quedó anulada.

Sin embargo, lo que no se han anulado son algunas campañas gubernamentales que están expresamente prohibidas por la ley, pero siguen ahí.

La firma del lunes llegó precedida el domingo de una decisión conflictiva, puesto que el Gobierno de Lakua recurrió la Ley de Vivienda ante el Tribunal Constitucional «por vulneración de competencias» tras agotarse justo ese día el plazo previo de negociación con el Ejecutivo español sin haber cerrado un acuerdo.

En realidad, habría que decir que ha sido la parte jeltzale de Lakua quien ha decidido dar el paso de formalizar el recurso, puesto que el propio consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, mostró el lunes su desacuerdo con el recurso y defendió que la Ley de Vivienda «no impone sino que facilita y permite que las comunidades autónomas adopten una serie de medidas» que antes no estaban facultadas para hacerlas.

Era inevitable que esta decisión del PNV se convirtiera en elemento de choque en campaña; y no se puede olvidar que unos días antes, después de que militantes de Sortu tomaran un par de pisos de «grandes propietarios» para «denunciar la emergencia residencial que se vive en Euskal Herria», el candidato jeltzale, Imanol Pradales, llegó a decir en una entrevista radiofónica que consideraba «preocupante» que la política de vivienda de EH Bildu sea la de la ocupación.

Además de por parte del consejero de Vivienda, el recurso del PNV fue criticado por el PSE en su conjunto, EH Bildu, Podemos, Sumar, la mayoría de los sindicatos y Stop Desahucios.

Ante todo ello, el PNV convocó una rueda de prensa el miércoles en Sabin Etxea en la que la responsable del Área de Ordenación del Territorio, Transporte y Desarrollo Sostenible del Euzkadi Buru Batzar, María Eugenia Arrizabalaga, aseguró que «el recurso contra la Ley de Vivienda no tiene que ver con la dialéctica izquierda-derecha: va contra el autogobierno y limita nuestra capacidad de hacer políticas de vivienda eficaces».

Pero el caso es que la parlamentaria jeltzale apenas criticó al PSE, con el que su partido comparte Gobierno y diputaciones, además de ayuntamientos que han pedido la aplicación de la ley para declarar «zonas tensionadas», sino que se centró en atacar a EH Bildu, pretendiendo cuestionar su abertzalismo.

No parece que este vaya a ser un elemento de confrontación rentable para el PNV, puesto que ante el problema para comprar o alquilar una vivienda, habrá más partidarios de topar precios que entusiastas del procedimiento tan puntillosos que se preocupen por una supuesta invasión competencial que incluso expertos cercanos al PNV no acaban de ver clara.

Cuando hasta expertos cercanos al PNV tienen dudas sobre la invasión competencial de la Ley de Vivienda y ante los problemas de la ciudadanía, no parece electoralmente rentable anteponer el formalismo a topar los precios.

Pero la supuesta «desabertzalización» de EH Bildu va a ser otra de las constantes del PNV en esta campaña, lo que también le va a resultar difícil de defender, ya que todos los estudios sociológicos demuestran que su electorado es el que más independentista se declara y, a la vez, es la sigla que el resto de la sociedad también identifica de igual manera. Y lo mismo ocurre con el eje izquierda-derecha.

El candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, está defendiendo la necesidad de aprovechar que después de la cita del 21 de abril se va a sumar una mayoría abertzale en el Parlamento de Gasteiz con un Congreso de Diputados capaz de aprobar leyes de amnistía, para que «la ambición» en materia de autogobierno no sea «cumplir el Estatuto de Gernika, sino escribir un nuevo estatus político».

La respuesta de Imanol Pradales fue que «Otxandiano y EH Bildu han venido a la senda del PNV. Hablan de autogobierno, cuando hasta ahora nunca lo hacían. Se muestran preocupados por nuestros instrumentos propios, aunque al mismo tiempo aprueban una ley española, como la de Vivienda, por ejemplo. Bienvenidos al ámbito del autogobierno, que ha sido liderado por el PNV durante 45 años».

Pradales se felicitó de las trasferencias acordadas la pasada semana, y añadió que «a partir de ahí vamos a la segunda fase, que es cumplir totalmente el Estatuto en los dos primeros años de la legislatura en España. Luego llegará una tercera fase. Por lo tanto, paso a paso».

Entre tanto, el PSE hace gala de escapar de esta «competición por quién es mas abertzale». Pero cabe recordar tanto a Andueza como a Pradales que el acuerdo de investidura del PSOE con el PNV contempla negociar «de buena fe» y acordar el autogobierno futuro en el primer año y medio de la legislatura, lo que vendría ser antes de acabar 2025.

La disolución del Parlamento evitó que el jueves se diera un debate sobre la revitalización de Busturialdea y el Guggenheim de Urdaibai, y el martes el Consejo de Gobierno se sacó de la chistera el anuncio de un plan que todavía no tiene concreciones y que irá para largo.

En eso estaban PNV y PSE cuando el candidato del PP, Javier de Andrés, que todavía sigue siendo diputado, preguntó en el Congreso al ministro de cultura por el Guggenheim de Urdaibai y Ernest Urtasun respondió que, en su opinión, «genera graves problemas» desde el punto de vista medioambiental y urbanístico. Pradales consideró hirientes las palabras y la diputada foral de Bizkaia, Teresa Laespada, del PSE, olió un «tufo electoral». Entre tanto, Javier de Andrés, el autor de la pregunta al ministro, afirmó que el proyecto del Guggenheim en Urdaibai es «el último juguete roto del PNV». A lo que añadió que el PNV lleva 16 años «vendiendo» la idea del proyecto, «pero como EH Bildu dice que no, el PNV se asusta, cada uno empieza a decir una cosa diferente y ahora tenemos todas las dudas del mundo».

Porque mientras todo quisqui ve una disputa entre el PNV y EH Bildu por ganar las elecciones, el PSE pretende vender que puede haber un resurgimiento de Lizarra y el PP va todavía más allá, asegurando que todos los anteriores, además de Sumar y Podemos, son en realidad distintas marcas de un mismo proyecto rojo-separatista.