El PNV jugó este sábado al péndulo, enviando a Imanol Pradales al Día de Andalucía en Sestao y a Andoni Ortuzar a reivindicar en Guardia la construcción de «un muro en el Ebro» para aislarse del ruido de la política estatal. «¿Queremos aquí el modelo de inestabilidad, parálisis, ‘show’, desacuerdo y ruido, que no trae nada bueno ni arregla los problemas?», pregunto el presidente del EBB.

La respuesta ha llegado un día después, hoy, y es que sí, que lo queremos. O al menos, que lo quieren los jeltzales. En un domingo cualquiera, a un mes vista de las elecciones, el PNV se ha destapado como digno alumno de la escuela ayusista para cargar contra los impuestos y tratar de elevar a problema nacional nada menos que la ocupación ilegal de viviendas. Como si el problema de miles de vascos para acceder a una casa tuviese algo que ver con la ocupación de inmuebles.

Las campañas no suelen servir precisamente para elevar el nivel del debate político, pero en Sabin Etxea parecen estar dispuestos a quemar todas las naves. Lejos de levantar muro alguno, ayer construyeron un puente de plata para que lo peor de la política española y de la agenda reaccionaria entre en la campaña electoral.

Es probable que el PNV haya detectado preocupaciones novedosas en el electorado de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, relacionadas con temas como la seguridad y la estabilidad económica, pero tratar de explotarlas de esta manera para sacar rédito electoral puede dañar al país mucho más allá de las elecciones, cualesquiera que sean sus resultados.

Todo por la clase alta, en nombre de la clase media

Por partes. Pradales intentó ayer echar la red en el caladero de la clase media, recurriendo a una frase que hace escasos meses los propios jeltzales hubiesen tildado despectivamente de populista: «Quieren meterle mano en la cartera a la clase media de este país». «Quienes proponen que todo sea público y la administración soporte todo el gasto, no nos dicen que esa ronda la acabaremos pagando entre todas y todos los ciudadanos», añadió.

La administración pública como secuestradora del salario de la clase media y el dinero público como gasto, no como inversión. Dos ideas-fuerza peligrosas y contraproducentes incluso para el imaginario social-cristiano que suele reivindicar el PNV. Articulados, además, a través de un discurso facilón y tramposo, porque nadie lleva en su programa «que todo sea público» y porque rompe con aquel Ortuzar al que gusta recordar que para tener buenos servicios hay que pagar impuestos.

Pero lo peor del discurso de Pradales en Arrasate es que se envuelve en la bandera de la clase media –en la que se autopercibe su masa de votantes– para defender, en realidad, los intereses de la clase alta.

El ejemplo utilizado por el propio candidato del PNV sirve para explicarlo. «Esta semana he escuchado a algún partido político que hay que ir eliminando la deducción por vivienda habitual en la declaración de la renta. Nosotros vamos a defender la deducción fiscal por compra de vivienda habitual, porque hay miles de vascas y vascos que tienen una hipoteca a la que hacer frente», señaló.

La ecuación está planteada de tal manera que parece que las deducciones fiscales son la única manera para luchar contra la burbuja del precio de la vivienda, ocultando la existencia de otros mecanismos para regular los precios y evitar que estos suban tanto. Evidentemente, evitar el encarecimiento de la vivienda protegería también a la clase media –y a las clases populares– sin necesidad de aplicar deducciones fiscales que, a la postre, menguan el presupuesto público, algo que el candidato parece no tomar en consideración. Sin embargo, una regulación de los precios limitaría los ingresos de quienes sacan partido de la creciente carestía de la vivienda, que no son precisamente de clase media. ¿En quién piensa Pradales cuando anuncia estas políticas?

Sabin Etxea desokupa

Después de Pradales ha llegado la noticia sobre la propuesta legislativa presentada por los jeltzales en el Congreso de Madrid para poder ejecutar desahucios en 48 horas en casos de ejecución ilegal. Se trata de una propuesta que ya estuvo encima de la mesa en la anterior legislatura, presentada en aquella ocasión por el PSOE, pero con un matiz reseñable. En la propuesta de Sánchez, quedaban exentas de la norma aquellas personas que no pudieran pagar un alquiler o una hipoteca. En el texto del PNV no existe esta excepción.

No merece la pena comentar una propuesta que, lejos de resolver un problema, busca mucho más crear un clima de alarma. Pero conviene no pasar por alto que ha sido el PNV, y a falta de solo un mes para las elecciones, quien ha puesto el tema encima de la mesa. Como el péndulo siga escorándose, va a olvidar el camino de regreso.