Iberdrola ha presentado una demanda contra Repsol centrada en la Ley de Competencia Desleal por blanqueo ecológico o «greenwashing» en publicidad, una medida inédita que está generando notable revuelo.

La demanda fue presentada el pasado 21 de febrero en los Juzgados de lo Mercantil de Santander y se interpone al amparo de los artículos 5, 7 y 18 de la citada ley, que versan sobre actos de engaño, omisiones engañosas y publicidad ilícita en el marco de campañas de publicidad y comunicaciones corporativas.

Según la demandante, Repsol se está publicitando como una compañía sostenible, líder en la transición energética, que protege el medio ambiente y que trabaja por la reducción de la huella de carbono y la mitigación de los efectos del cambio climático.

Por su parte, fuentes de Repsol aseguran que esta iniciativa es fruto del «nerviosismo» de Iberdrola a tener que actuar en un mercado cada vez más competitivo y en el que en el último año ha perdido clientes.

Fuentes de Iberdrola dicen que hay un total de 15 referencias en la web de Repsol que constituyen «greenwashing», así como tres campañas publicitarias en concreto: 'Biocombustibles avanzados, una alternativa para la movilidad' (enero 2023), 'Hidrógeno renovable' (enero 2023) y 'Conectar energías' (marzo 2023).

Las mismas fuentes han recordado que Repsol ha sido sancionada ya en dos ocasiones por «greenwashing» por la Advertising Standards Authority (ASA) en Reino Unido por campañas con mensajes similares a las de España. Además, tuvo que retirar una campaña que decía: «En Repsol desarrollamos biocombustibles y combustibles sintéticos para conseguir cero emisiones netas».

Según la demandante, Repsol, pese a promocionar iniciativas sostenibles, en su oferta multiproducto busca fomentar el uso de carburantes y, aunque centra su publicidad en la sostenibilidad, ésta es un «elemento menor» de sus actividades, además de omitir en sus comunicaciones la actividad principal de la compañía y los verdaderos efectos para el medio ambiente de sus productos y servicios.

Asimismo, las fuentes de Iberdrola indican que Repsol, que es la empresa española con mayor emisión de gases de efecto invernadero (GEI), en sus comunicaciones se autodefine como líder en sostenibilidad y transición energética.

Ley de Competencia Desleal

Para la demandante, las campañas de Repsol constituyen una infracción también a la Ley de Competencia Desleal, al incluir actos de engaño y omisiones engañosas sobre su compromiso medioambiental.

Iberdrola solicita en su demanda que se le condene a cesar en ellos, se le prohíba su reiteración en el futuro y que se destruyan «mercaderías, embalajes de productos, cartelería, entregables y folletos publicitarios, correspondencia comercial, videos o grabaciones acústicas, o cualesquiera otros materiales destinados a hacer llegar a los consumidores los contenidos publicitados».

Asimismo, solicita que la sentencia que emita el juez se publique en el apartado Sala de Prensa de la web corporativa de Repsol, y en radio y televisión al menos una vez al día durante una semana, en los mismos canales y la misma franja horaria y duración que tuvieron los contenidos declarados ilícitos, así como en dos periódicos de mayor circulación nacional, y en las redes sociales.

Fuentes de Iberdrola han indicado que Repsol omite deliberadamente información relevante en sus comunicaciones, como que en 2022 aumentó sus emisiones de CO2 un 16 %, siendo el mayor emisor de CO2 del Estado, según el Informe Descarbonización 2023, elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad (OS) y la consultora Grandmother.

Además, dice que ha destinado el 82% de sus inversiones en 2022 a combustibles fósiles y solo el 0,82% a la producción de energía renovable, a lo que se añade que sólo el 0,4% de sus ingresos provino ese año de actividades de generación renovable.

Fuentes de Repsol señalan que lo que ellos ofrecen es una propuesta que es única en la Península Ibérica.

Algo que, según fuentes de Repsol, que ha sumado 246.000 nuevos clientes de electricidad en el Estado español en 2023, en que fue el operador con más altas y en el que superó los 2,1 millones de clientes, ha generado «nerviosismo en Iberdrola», que dicen que no está acostumbrada a manejarse en un marco competitivo, sino más bien a depender de las reglas propias de un mercado regulado.

Ribera en Bilbo

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado este miércoles en Bilbo, donde ha acudido al congreso sobre energía eólica WindEurope, «la novedad» que supone que Iberdrola considere en su demanda contra Repsol por blanqueo ecológico o «greenwashing» que «eso puede ser considerado competencia desleal».

Según ha destacado, «la novedad de esta demanda, que tendremos que ver qué recorrido tiene, es que hay una compañía que considera que eso puede ser considerado competencia desleal, que puede estar generando distorsión a la hora de que los consumidores se decanten por uno u otro producto».

A su juicio, «es relevante el hecho de que cada una de las compañías en nuestro país sean lo más exigentes posible con respecto a esa confianza que quieren que los consumidores depositen en ellos».

Además, «queremos evitar que haya esas distorsiones en el mercado», ha añadido.

La ministra ha asegurado ser «absolutamente neutra» en este asunto, pero ha señalado que «sí» sabe dónde está: «Estoy en una agenda verde que no puede inducir a confusión y a error».

Mensaje a Imaz: «No podemos pedir un recreo»

Preguntada por qué le diría al dirigente de Repsol Josu Jon Imaz, Ribera ha indicado que le pide que «siga yendo por la dirección de transformación de su compañía en una empresa de servicios energéticos coherente, compatible y diría congruente con esa necesidad de descarbonización, ese compromiso de dejar atrás combustibles fósiles que adoptamos en Dubai, con el respaldo de 190 países, incluidos los países productores de combustibles fósiles».

Según ha afirmado, «la agenda verde es importante. No podemos pedir un recreo a las alteraciones del sistema climático. Tenemos que seguir apostando por una transformación de nuestros sistemas productivos».

«Detrás de la agenda verde hay gran esfuerzo, un gran compromiso económico y, sin embargo, y esto requiere confianza, que lo que se diga, lo que se anuncie, tenga una realidad detrás», ha añadido.

Ha puesto de manifiesto que en los últimos años han proliferado los mensajes y los anuncios «en torno a si un producto es sostenible o verde y no siempre respondían a parámetros suficientemente claros y confiables».

«Esto ha llevado -ha explicado- a que Reino Unido, por ejemplo, prohibiera la emisión de publicidad de algunas compañías petroleras por considerar que lo que estaban diciendo no se correspondía con una realidad detrás verde».

Asimismo, «ha llevado a que algunas asociaciones de consumidores y usuarios reclamen mucho más claridad y esto ha llevado a la Comisión a proponer una directiva que regule el greenwashing, es decir la publicidad engañosa presentando como verde como sostenible lo que no es».

Según ha señalado, por parte del Gobierno «tenemos que seguir vigilantes, trabajar en esa idea de claridad, de evitar publicidad engañosa».

En su opinión, «lo más llamativo» en el caso de la demanda citada es «no han sido las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de consumidores, las que han presentado una demanda de estas características».