Samuel Vuelta-Simon era procurador en el Tribunal de Baiona en el periodo en que se produjo el desarme de ETA con el concurso de la sociedad civil. Destinado actualmente en Toulouse, recibió días atrás en la capital occitana a ‘Mediabask’, que publica en su página web una extensa entrevista en la que el magistrado defiende globalmente lo actuado, en relación al desarme de la organización armada vasca, al considerar que «cuando se presenta la oportunidad de poner fin a la violencia, hay que actuar en consecuencia».

‘Kazeta’ ofrece, por su parte, un resumen de la entrevista y también el vídeo que, subtitulado en euskara, figura en la cabecera de esta información.

Vuelta-Simon coincide en sus declaraciones en reconocer el papel jugado por la sociedad civil, al tiempo que remarca el carácter «histórico» del proceso hacia el desarme, que tuvo un hito mayor el 16 de diciembre de 2016 en Luhuso. Estima que «solo hace falta ver los resultados para caer en el cuenta de ello».

El exprocurador en Baiona acota dos momentos diferentes. Sobre el primero, que se saldó con la detención de los artesanos de la paz en Luhuso, hace hincapié en que tuvo un conocimiento indirecto de una operación policial guiada desde la Fiscalía Antiterrorista de París.

Su papel fue más relevante en la jornada del desarme del 8 de abril de 2017. De hecho, expresa su satisfacción «por haber aportado mi grano de arena» a un proceso que, insiste, «valió la pena porque un año después ETA anunció su disolución».

«No tuve relación con las personas que actuaron en Luhuso (...) pero si creemos a lo que ellas dicen, dicho sea esto con toda la prudencia necesaria, ya entonces se trató de un intento de hacer algo para pacificar un conflicto y, sobretodo, para contar con pruebas sobre una renuncia definitiva a la violencia que duraba demasiado», explica.

Considera que en abril de 2017 el punto de partida fue otro. «Hay un periodo previo en el que representantes de buena fe del grupo terrorista ETA expresan la voluntad de entregar su arsenal no a la Justicia española, sino a la francesa», señala.

«Recibimos esa oferta, la analizamos y ello nos permitió organizar las cosas», resume, evitando entrar en demasiados detalles. De acuerdo a su relato, sólo en un segundo tiempo «interviene ese colectivo», para facilitar la entrega al Tribunal de «documentos con indicaciones de los puntos en que estaban escondidas las armas».

Luego, los voluntarios se colocan en esos «zulos», según considera Vuelta-Simon «para asegurarse de que nadie toque las armas hasta la llegada de la Policía».

«Todo se desarrolla en unas pocas horas», apostilla el funcionario, para insistir en que «no creo que antes hubiera relación con ningún colectivo, más bien con un representante de la organización terrorista que era un intermediario que era creíble y actuaba de buena fe».

Opciones ante el juicio de París

Con la debida reserva, dado el cargo que ostenta, plantea, sin embargo, algunas opciones respecto al proceso que tendrá lugar los días 2 y 3 de abril en el Tribunal Correccional de París. En el mismo Jean-Nöel Etxeberri 'Txetx' y Béatrice Molle-Haran deberán responder de los cargos de «traslado y depósito de explosivos» que les imputa la Fiscalía Antiterrorista.

«Al juez se le pide que se concentre sobre el caso, sobre la personalidad de la persona juzgada, mientras que el procurador debe, por el contrario, incorporar elementos externos, para tomar una decisión conforme a la ley», expresa a modo de introducción quien en el pasado ejerciera como juez de enlace con Madrid.

«Es lo que yo hice en su momento, ya que se trataba de un grupo terrorista que propone entregar sus armas, y cuando se participa (en esa situación) se pueden cometer infracciones de ley, y se puede también dejar que se cometan infracciones», deja caer el magistrado.

«El balance costo-resultado de la operación sale a cuenta y si se debiera volver a pasar por ahí, al existir una necesidad clara de poner fin a décadas de violencia y de atentados, con una organización terrorista que propone entregar no una o dos escopetas sino un arsenal consistente, pues, bien, creo que merecería la pena», reitera este magistrado de ascendencia gallega.

Para apostillar: «Mereció la pena hasta tal punto que un año después ETA se disolvió tras proceder a la entrega de las armas, cuando habían pasado cinco o seis años sin avances en ese sentido».

Y concluye: «Lo que yo pude constatar es que existían pruebas de la voluntad de una organización terrorista de poner fin a la violencia y a su propia existencia. Eso era una evidencia».