Son días convulsos los que atraviesa la presidenta de la Comunidad de Madrid. El viernes pasado, la Comisión de la Verdad –que, a falta de un proceso en los tribunales, decidió impulsar una investigación propia sobre lo ocurrido en la pandemia en las residencias– publicó un informe lapidario sobre la actuación del Gobierno autonómico. Todo en medio del huracán mediático que vive la capital con respecto a la trama que involucra a Alberto González, pareja y concubino de Isabel Díaz Ayuso. Como si faltara algo más, el jefe de gabinete y artífice del giro trumpista de la presidenta, el exalto cargo de Aznar Miguel Ángel Rodríguez, ha explotado contra elDiario.es (quien dio la exclusiva del caso de González) y amenazó con venganza y «cerrarlos».

La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid fue una idea surgida el año pasado para ayudar a los familiares de los fallecidos en las residencias madrileñas a encontrar un foro en donde puedan expresarse y encontrar una explicación a lo ocurrido. Se calcula que más de 7.000 residentes murieron en soledad y mal atendidos debido al llamado «protocolo de la vergüenza» que pedía a los médicos no hospitalizar a los ancianos con covid (está explicado con lujo de detalles en el libro del ex consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ‘Morirán de forma indigna’, Ed. Libros del K.O., 2022).

Este tribunal ciudadano, conformado por expertos de distintas áreas ―epidemiólogos, académicos especializados en gestión sanitaria, sociólogos― comenzó a trabajar a mediados de septiembre y escuchó durante varios días a trabajadores, antiguos residentes, familiares y peritos con la intención de esclarecer las miles de muertes en los más de 500 geriátricos de la región capital en 2020.

El informe fue presentado por el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín (presidió la comisión), por el jurista Eduardo Ranz y por la escritora Anna Freixas. Los resultados ratificaron lo denunciado estos años por los familiares: asegura que hubo una actuación «inadecuada» del Gobierno de Ayuso por restringir el número de derivaciones (cayeron de 100 a 50 diarias), un número que a ojos de la comisión debió haber aumentado hasta 200.

La comisión, presidida por Martín Pallín, constata que hubo menos derivaciones a hospitales de las debidas, los centros no estaban bien equipados y se sumaron decisiones «discriminatorias»

La reflexión de la comisión también señala que el Gobierno autonómico mintió cuando dijo que habían medicalizado las residencias para garantizar el tratamiento de los ancianos y constató que los centros «no estaban equipados para tal tarea, ni en material ni en personal». También concluye que «más de 4.000 personas pudieron haber salvado su vida» y que no se produjo la atención adecuada por «decisiones políticas y de gestión discriminatorias».

«Lo que las plataformas y las familias decíamos era verdad: no se salvó porque no se quiso», ha dicho a NAIZ la portavoz de uno de los grupos de familiares de fallecidos en las residencias, Mercedes Huertas.

Huertas –su padre falleció en un geriátrico por covid en 2020– ha tachado de «demoledor» el informe y dice tener «la esperanza de que no se va a poder mirar hacia otro lado y por fin se va a hacer justicia».

«Si esto no se castiga, se investiga y se depuran responsabilidades, dejamos abierta la puerta a cualquier mente retorcida que quiera hacer algo parecido», ha añadido.

Sobre la comisión, ha explicado: «Tras dos años de inacción por parte de la justicia, decidimos crear esta plataforma para conseguir que se haga una investigación, una comisión ciudadana con expertos de prestigio y pruebas que hemos recogido las familias».

La pareja y MAR, en bucle

La sentencia extrajudicial ha tenido mucha repercusión en la órbita política madrileña justo en los días en que Ayuso veía a su entorno personal una vez más involucrado en una presunta trama de corrupción. Esta vez no era ni la madre ni el padre ni el hermano (que han tenido lo suyo), sino su pareja, Alberto González Amador.

Como se explicaba la semana pasada en NAIZ, elDiario.es avanzó que el concubino de la presidenta (juntos desde 2021) había defraudado a Hacienda 359.951 euros entre 2020 y 2021 valiéndose de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla, según figura en la denuncia que la Fiscalía Provincial de Madrid presentó en el juzgado el pasado 5 de marzo. Hay tres acusaciones: dos por fraude y otra por falsedad documental.

Maxwell Cremona, empresa de Alberto González, no tiene ni un empleado pero sí un coche de lujo

Además, González multiplicó sus ingresos por seis durante ese período y lo hizo gracias a participar en negocios millonarios relacionados a la compra de material sanitario. De hecho, medios que tuvieron acceso a los sumarios indican que  el origen del fraude son las comisiones por dos millones de euros que la pareja de Ayuso cobró por mediar en la compraventa de material sanitario a través de la firma Maxwell Cremona SL, propiedad al 100% de Alberto González.

ElDiario.es todos los días va publicando informaciones desglosadas del sumario y de los documentos a los que tuvo acceso, con detalles que salpican a la pareja de Ayuso y que, si bien no demuestran legalidad explícita, sí sugieren una notable opacidad. El último ejemplo es de este martes: explican que el informe de la Agencia Tributaria evidencia que González usó dos sociedades sin trabajadores contratados ni apenas medios materiales para canalizar ingresos y que la mencionada Maxwell Cremona no tiene ni un empleado pero sí un coche de lujo a su nombre (un Porsche Panamera).

MAR entra en acción

Para más inri, Miguel Ángel Rodríguez no se ha podido contener y se ha zambullido en un escándalo que le ha valido el pedido de renuncia y de sanción por parte de la oposición progresista en Madrid (Vox evita hacer leña del árbol caído en este caso) y también por parte de asociaciones de periodistas.

Básicamente, cuando se comenzaron a conocer las informaciones sobre González, el exalto cargo del gobierno de José María Aznar agredió a través de un chat telefónico a Esther Palomera, periodista de ElDiario.es, y amenazó con hacer lo posible para «cerrar» la empresa.

El ex portavoz del Gobierno Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, a una periodista de ElDiario.es: «Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, idiotas. ¡Que os den!»

«Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, idiotas. ¡Qué os den!», fue uno de los improperios de Rodríguez a la periodista. «¿Es una amenaza?», le pregunta la redactora y él contesta que «es un anuncio».

En declaraciones públicas admitió al día siguiente la veracidad de la conversación, pero arguyó que se trataba de una charla informal entre dos personas «con confianza», casi una amiga. Palomera ha explicitado que de ninguna manera se considera amiga o de confianza con Rodríguez.

Conocido por todos en Madrid como MAR, el alto cargo es el jefe de gabinete y el virtual número dos de Ayuso, es el creador de su segunda etapa política, en la que la presidenta se enfrenta con Pablo Casado y Teodoro García Egea y tiene un giro trumpista en su discurso y en la confrontación con Moncloa.

Quizás sea por eso y por todo lo que pone en juego MAR con el impulso del ayusismo, que está empezando a dar signos de desquiciamiento político: este miércoles ha enviado a varios medios de comunicación informaciones falsas donde se acusa a periodistas de elDiario.es de intentar allanar «encapuchados» la vivienda de la presidenta madrileña. Algo similar ha ocurrido con reporteros de ‘El País’.

Ambos medios han denunciado esto y de hecho el periódico más leído del Estado ha cambiado su editorial de la mañana por otro en el que acusa estas intimidaciones y pide un cambio urgente de actitud. Rodríguez ha admitido esto y dice que lo hizo a título personal, que su divulgación «no fue una comunicación oficial» del Gobierno autonómico.

Ayuso ha defendido a Rodríguez, se ha negado a criticarlo y a pedirle que dé una disculpa y acusa a los medios de una «persecución». Por ahora sigue bajo la tormenta y vive días que hacen parecer aquella guerra con Casado-Egea de marzo de 2022 una época de sosiego.