La Audiencia Nacional española ha acordado abrir diligencias previas tras recibir la querella presentada el pasado mes de marzo por Abogados Cristianos contra el PSOE, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Patxi López, Junts y ERC por la Ley de la Amnistía. La instructora ha solicitado informe a la Fiscalía para determinar si es competencia de la Audiencia Nacional y, en su caso, qué pesquisas habría que realizar.
«Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones, querella recibida por reparto, siendo el querellante la Asociación de Abogados Cristianos, presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», dice el auto de la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, recogida por Europa Press.
La magistrada apunta, no obstante, en un razonamiento jurídico único que no están determinadas ni la naturaleza y circunstancias de tales hechos «ni las personas que en ellos han intervenido». Por eso, considera procedente instruir diligencias previas y «practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable».
La asociación, en el momento de la presentación de la querella, enmarcó la ley de amnistía como una medida del Gobierno para el «asalto» que está realizando «a la independencia judicial». En declaraciones a los medios, el letrado de la fundación, José María Fernández Abril, explicó que Abogados Cristianos creía importante poner su «granito de arena para ayudar a la unidad de España» y para aportar al «bien común».
Así las cosas, el letrado señaló que las personas contra las que dirigen la querella «son los partidos políticos que firmaron los acuerdos que llevaron a efecto la Ley de Amnistía». «Y había que elegir a una figura, a una autoridad pública que fuera la que en un momento determinado consumara el tipo. Hemos pensado en Patxi López porque fue el portavoz del Partido Socialista que llevó a la mesa del Congreso la propuesta de ley», detalló.
Cabe destacar que Abogados Cristianos interpuso la querella ante la Audiencia Nacional al considerar que los delitos se habrían cometido presuntamente en Bruselas (Bélgica), siendo este tribunal el competente para conocer de los delitos perpetrados en el extranjero por ciudadanos españoles.