El abogado Manuel Castells (Busturia, 1931) ha presentado este jueves en la Facultad de Derecho de la UPV en Donostia la publicación ‘Consejos de guerra en España’, un libro que vio la luz en 1976 y que la sociedad de ciencias Aranzadi y la cátedra Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU han reeditado ahora.

En la presentación, Castells, el reconocido abogado penalista que ha participado en varios de los más importantes procesos políticos de Euskal Herria, ha estado acompañado de Alberto Emparanza, el decano de la Facultad de Derecho, que ha mostrado su «satisfacción» por presentar «el libro de referencia» en materia de consejos de guerra durante el franquismo. También han participado Javier Buces, investigador de Aranzadi, y Eneko Etxeberria, abogado y profesor en la facultad, que ha destacado de Castells que es «el abogado en mayúsculas» y que su «enorme vocación pública y social» lo han llevado a ejercer la abogacía y la política con compromiso; «oponiéndose a todo, oponiéndose a un Estado», ha enfatizado. «Te has pasado», le ha reprochado el propio Castells.

‘Consejos de guerra en España’ recoge la crónica de estos casos y las últimas ejecuciones del régimen franquista. La primera edición tuvo que escribirla con seudónimo

‘Consejos de guerra en España’ desgrana el proceder de la jurisdicción militar franquista contra la disidencia vasca, y recoge la crónica de los consejos de guerra y de las últimas ejecuciones del régimen franquista, de los vascos Jon Paredes ‘Txiki’ en Cerdanyola y Angel Otaegi en Burgos; y de los militantes del FRAP Xose Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz en Hoyo de Manzanares.

«No sé si estamos haciendo historia o prehistoria», ha apuntado el abogado después de que Javier Buces destacara la gran importancia histórica de reeditar libro que Castells escribió «mientras intervenía» en los consejos de guerra como abogado defensor de militantes antifranquistas.

La primera edición la tuvo que firmar bajo el seudónimo de Pierre Celhay para protegerse de la represión franquista, ya que escribió el libro en el «último año con Franco vivo, pero a diferencia de otros tiempos posteriores, estaba vivo en carne y hueso», ha apuntado.

Los últimos cinco

Miguel Castells recoge en su libro una crónica detallada de las ejecuciones de Txiki y Otaegi el 27 de setiembre de 1975, pero antes de llegar hasta ese día analiza el proceder de la jurisdicción militar franquista, del Tribunal del Orden Público (TOP), y las presiones exteriores que consiguieron condicionar algunas de sus sentencias.

Primero, según ha comentado el escritor, el dictador español soportó presiones de sus propios aliados internacionales, como EEUU, cuando anunciaba penas de muerte, porque aunque Franco controlaba con censura u otros medios la opinión pública en el Estado, no disponían de la misma ventaja los países occidentales dentro de sus lindes, por lo que rogaban al dictador que no matara para que pudieran seguir manteniendo relaciones con él frente a Rusia (eran tiempos de Guerra Fría) sin que estuviera mal visto.

Sobre Burgos, el abogado ha apuntado que «no fue el juicio de ruptura lo que les salvó la vida, sino la lucha de los pueblos»

Segundo, la presión social, sobre todo en Euskal Herria, era muy fuerte. Y esa era una de las cartas más eficaces de los abogados para ir contra la Fiscalía y los jueces franquistas. Se vio claro en el Proceso de Burgos, donde participó Castells. «Los abogados teníamos una cosa clara: si la correlacion de fuerzas no cambiaba, iba a haber ejecuciones. Pero, ¿cómo cambiar correlación? Había mucha fuerza en Euskadi, muchísima lucha. Había que aumentar y abrir esa lucha fuera de España. Había que hacer una fuerza mayor que la que el régimen hacía. Era una posibilidad. Por lo que yo siempre digo que no fue el juicio de ruptura lo que les salvó la vida, sino la lucha de los pueblos», ha comentado el abogado.

El Proceso de Burgos fue un punto de inflexión, que sirvió a la ciudadanía vasca pero también al régimen franquista. «El régimen aprendió del Proceso de Burgos, quizás más que nosotros. Y actuó de forma muy distinta en 1975», ha apuntado. Así, el 27 de setiembre de 1975 consiguió ejecutar a ‘Txiki’ y a Otaegi; el primero fue acusado de matar al policía José Díaz Linares y el de Azpeitia por haber dado albergue al comando de ETA que mató al guardia civil Gregorio Posadas Zurrón. Y a los tres militantes del FRAP.

Sin embargo, con estas cinco ejecuciones, el régimen franquista se limitó a hacer «lo que pudo». Porque, en realidad, había ratificado más de 20 penas de muerte, en causas «mucho más importantes» que las de ‘Txiki’ y Otaegi, entre ellas la relativa al comando de ETA que propició «la ascensión a los cielos de Carrero Blanco», ha precisado Castells. «Todo eso se paralizó por la lucha popular. Que mataran a cinco ya suponía una derrota del régimen», ha añadido.