El Gobierno español ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica cuyos casos son muy antiguos, han prescrito o no han aportado pruebas suficientes. Se trata de una de las recomendaciones que hizo el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en el informe que presentó en el mes de octubre.

«Queremos dar respuesta a esas recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo para prevenir, para reparar y para tratar de saldar esa deuda que tiene nuestra sociedad y nuestra democracia con las víctimas de estos abusos sexuales», ha asegurado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Según ha señalado Bolaños, el plan contiene cinco ejes de actuación: el primero, reconocer y reparar; el segundo, atender a las víctimas; el tercero, prevenir; el cuarto, formar y sensibilizar; y el quinto, informar e investigar sobre el primer eje.

Asimismo, el Ejecutivo tiene previsto organizar un acto público con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica y con sus familiares. «Supondrá una reparación simbólica de nuestra democracia a estas personas que han sufrido los abusos», ha apuntado.

En todo caso, ha señalado que esa reparación simbólica «por sí misma no basta», por lo que irá acompañada con una reparación material «adecuada y suficiente» en términos económicos para las víctimas de los abusos.

Así, ha indicado que, con ese fin, se adoptarán las medidas legales y administrativas que correspondan para aquellos casos en los que no hayan tenido oportunidad de una reparación en el ámbito judicial, por ser casos muy antiguos, por estar prescritos o porque no existen pruebas. «Adoptaremos medidas para por ejemplo ampliar los plazos de prescripción de la responsabilidad civil hasta los 35 años o evitar que algunos delitos prescriban», ha asegurado.

Bolaños también ha expuesto que el Gobierno quiere reforzar el sistema de ayudas a las víctimas mediante el desarrollo de la Ley Orgánica de Libertad Sexual, en cuanto a las ayudas económicas que reciben las víctimas de violencias sexuales.

Respecto al segundo eje, ha precisado que el Ejecutivo hará hincapié en la prestación de un trato «adecuado y óptimo» en las oficinas de detención a las víctimas del delito que el Ministerio de Justicia, de Presidencia de Justicia y Relaciones con las Cortes tiene habilitadas. En este sentido, también tiene previsto generar «entornos seguros» con salas «amigables» para las declaraciones, para evitar que las víctimas puedan tener ningún contacto con su agresor. Asimismo, ha explicado que tienen previsto garantizar la asistencia jurídica gratuita a todas las víctimas de abusos sexuales que también quieran acceder a ella.

Supervisión en las inspecciones educativas

En cuanto al tercer eje, ha explicado que van a reforzar las labores de supervisión en las inspecciones educativas. Igualmente, ha asegurado que el Ejecutivo va a formar una nueva figura en los centros docentes, los coordinadores de bienestar y de protección.

También ha avanzado que el Ejecutivo tiene previsto realizar un estudio sobre la prevalencia de la violencia hacia la infancia, con el objetivo de conocer las causas donde se produce con mayor frecuencia, «para adoptar decisiones y políticas públicas que sean adecuadas a esta cuestión».

Además, ha recalcado que el plan tiene que ver con las competencias de distintos departamentos ministeriales, por lo que se creará una comisión de diferentes ministerios para hacer el seguimiento. La vigencia de este plan es hasta el año 2027.

«En colaboración con la Iglesia», que dice que no

«Nuestra idea es hacerlo de la mano con la Iglesia Católica. Ya hemos iniciado conversaciones, la semana pasada tuve ocasión de reunirme con el nuevo presidente de la Conferencia (Espiscopal) y me gustaría que el Gobierno pudiera trabajar con la Iglesia Católica en la reparación de estos abusos sexuales cometidos en su ámbito», ha subrayado Bolaños.

En este sentido, Bolaños ha indicado que «nadie entendería» que la Iglesia española no actuara como han actuado otros países como Irlanda, Estado francés, Bélgica o EEUU. «Me parece que la Iglesia Católica tiene voluntad de colaborar, es mi impresión, así me lo trasladaron. De hecho, me consta que están trabajando también en cómo proceder a la reparación integral de las víctimas de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia y también me lo explicaron de esa manera», ha destacado.

Sin embargo, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha respondido al Gobierno español que la Iglesia «no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales».

«El texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado», ha afirmado la CEE en un comunicado.

Los obispos critican que, al centrarse solo en la Iglesia católica, el plan del Gobierno aborda únicamente una parte del problema. «Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones».

Por tanto, la CEE advierte de que no se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, «dejarían fuera a nueve de cada diez víctimas» (aquellas que han tenido lugar fuera del ámbito eclesial).

Compensaciones

Respecto a las compensaciones a las víctimas, Bolaños ha expuesto que las tiene que decidir un órgano independiente, en línea con lo que establece el Defensor del Pueblo. «Desde el Gobierno hemos iniciado esas conversaciones con la Iglesia Católica para que la Iglesia Católica sufrague el coste de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia», ha señalado.

En concreto, el plan contempla compensaciones económicas para las víctimas de abusos en el ámbito eclesial cuyos casos hayan prescrito o no hayan podido ser juzgados, un colectivo difícil de cuantificar ante la falta de registros.

No hay cifras oficiales sobre el número a pesar de la investigación llevada a cabo durante año y medio por el Defensor del Pueblo, que concluyó en un informe presentado el pasado 27 de octubre con testimonios de 487 afectados.

Este informe contenía los resultados de una encuesta según la cual el 1,13% de los ciudadanos del Estado mayores de edad aseguraba haber sufrido abusos en el ámbito religioso y un 0,6% por parte de un sacerdote o religioso. Si se extrapolan estas cifras, más de 445.000 personas habrían sufrido abusos en el ámbito religioso y casi 236.500 por parte de sacerdotes.

La Iglesia también ha investigado la cuestión. En febrero de 2022, la Conferencia Episcopal encargó una auditoría al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo para investigar los casos de abusos a menores y los resultados del mismo se conocieron a finales del año pasado. Este informe recogía un total de 1.383 denuncias y un mínimo de 2.056 víctimas.

En este trabajo entregado a la CEE, Cremades también propone una serie de indemnizaciones a las víctimas y establece cuantías de entre 6.000 y 100.000 euros, así como la creación de un fondo inicial de 50 millones de euros en el que participara tanto la Conferencia Episcopal como la Conferencia de Religiosos.

Por su parte, la CEE aprobó la creación de una Comisión de arbitraje, prevista en su Plan de Reparación Integral a las Víctimas de abusos en la Iglesia, para estudiar las denuncias presentadas en las oficinas de las diócesis que no tuvieran recorrido en el ámbito judicial, bien porque hubieran prescrito o porque el agresor haya fallecido.