En Ayacucho, en Perú, los familiares de las víctimas del conflicto entre Sendero Luminoso y el Estado peruano muestran su indignación ante el proyecto de ley que pretende aprobar el Parlamento. Impulsado por diputados aliados del fujimorismo, permitiría amnistiar los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1980 y 2002, los años de plomo de un conflicto que tuvo su escenario principal en la propia Ayacucho: de alrededor de 69.000 víctimas reconocidas, aún quedan más de 22.000 personas desaparecidas, y  10.000 de ellas son de esta región.

Como la mayoría de miembros de Sendero Luminoso murieron en el conflicto o en las cárceles peruanas, esta ley beneficiaría principalmente a soldados, políticos y paramilitares que cometieron crímenes de lesa humanidad. Entre ellos está el expresidente Alberto Fujimori, puesto en libertad a finales de 2023 por supuestos problemas de salud, que había sido condenado a 25 años de prisión por ordenar dos secuestros y dos matanzas, y sobre quien aún pesa el «caso Pativilca», en el que le acusan de autorizar el secuestro, la tortura y la ejecución de seis campesinos en 1992.

«Nos da rabia. Los que hacen estas leyes solo buscan protegerse. Dicen representar al pueblo, pero solo representan sus intereses personales», lamenta la afectada María Elena Tarqui Palomino. «Fujimori estaba enfermo, no hablaba, decía su médico, pero ahora está sano y camina», dice Lidia Flores Huamán, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep).

«Esta ley es inconstitucional»

Este proyecto de ley, aprobado a mediados de marzo por la comisión constitucional, limitaría la temporalidad de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad ratificada por Lima en 2003. De aprobarse en el Parlamento, y una vez agotada la vía legal en Perú, los familiares y las organizaciones civiles recurrirían a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). «Este proyecto de ley ha sido promovido por los congresistas [José] Cueto, de Renovación Popular, y Fernando Rospigliosi, del fujimorismo. En caso de aprobarse, los crímenes cometidos por los altos mandos del Ejército peruano prescribirían», explica Ronald Aquino Vilca, abogado de Anfasep. «En el marco normativo que tenemos, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Como sociedad civil nos estamos organizando porque esta ley es inconstitucional», añade el letrado, que indica que las principales entidades judiciales, incluido el Tribunal Constitucional, están bajo control del fujimorismo.

«Los pobres, que hablamos nuestro quechua, que somos personas del campo, no tenemos igualdad. ¿Por qué le dan el indulto a Alberto Fujimori? ¿Por qué personas como Fernando Belaúnde Terry [fallecido en 2002] no estuvieron presas? Este señor decía que había que hacer desaparecer Ayacucho del mapa, que era un nido de terroristas», recuerda Adelina García, vicepresidenta de Anfasep. «Luego siguió el señor Alan García e hizo lo mismo: intentó que no juzgaran los casos, defendía a los militares y decía que el Estado no había cometido esos asesinatos», prosigue, y subraya que el caso de su esposo, desaparecido desde 1983, llegó a las cortes en 2004 y que los autores fueron condenados en 2017. Sin embargo, ninguno entró en prisión. «Algunos huyeron a otros países al enterarse de que iban a dictar sentencia. Otros tienen enfermedades, son viejitos o están muertos. Ninguno está preso. Esto no es justicia», sentencia.

En 1977, la guerrilla maoísta Sendero Luminoso inició una actividad de captación de estudiantes universitarios y aldeanos en el sur y el este de Perú. Eran años en los que los movimientos radicales de izquierda brotaban en el mundo y veían en la violencia política la única forma de hacer valer sus derechos. Ocurrió con ETA en Euskal Herria, con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán en Turquía o con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador.

En este contexto, tras tres años de actividad entre bastidores, Sendero Luminoso inició su lucha armada en 1980, principalmente en las regiones del VRAEM, bañadas por los ríos  Apurímac, Ene y Mantaro. Durante más de dos décadas, se enfrentó al Gobierno peruano, que orquestó grupos paramilitares como Colina y utilizó la fuerza para oprimir de forma indiscriminada a la población.

En el Museo de la Memoria de Ayacucho, inaugurado en 2005 en recuerdo a las víctimas y los desaparecidos del conflicto, los familiares culpan tanto al Estado como a Sendero Luminoso, pese a que todos los presentes reconocen que fueron los soldados peruanos los últimos que vieron con vida a sus seres queridos.

A pesar de esa equidistancia, estas personas, integrantes de Anfasep, siguen siendo consideradas «terrucas» o «terroristas». Pese a que la guerrilla no existe a nivel operativo más allá de remanentes insignificantes ligados al narcotráfico, el «todo es Sendero» sigue presente en 2024.

Las familias de los desaparecidos

María Elena Tarqui Palomino vio por última vez a su padre el 14 de mayo de 1988, cuando los soldados se lo llevaron para interrogarle. Lleva décadas buscando justicia: condenaron a los culpables el año pasado, 35 años después del crimen, pero estos recurrieron y aún no han entrado en la cárcel. «Están apelando y apelando, y así dilatan todo en el tiempo mientras los familiares vamos desapareciendo poco a poco y nos quedamos sin fuerza. El Estado no está garantizando una justicia digna», asevera. De aprobarse esta ley de amnistía, los acusados no necesitarían volver recurrir la condena.

Adelina García estuvo presente en el momento en el que los soldados se llevaron a su marido a las 00.30 horas del 1 de diciembre de 1983. «Mi esposo se había dado cuenta de que venían por la bulla que hicieron al aproximarse. Patearon la puerta y entraron con armas, y me preguntaron si era ‘terruca’. Yo no sabía nada, mi esposo no era ‘terruco’, era exmilitar y tenía un taller. Nunca había salido a ningún sitio, pero se lo llevaron. Lo retuvieron en el cuartel de Cabitos, me dijeron que lo transferirían a otra instancia y que saldría libre, pero sigue desaparecido y han pasado 41 años», recuerda, y asegura que en el conflicto murieron muchos inocentes.

«Los familiares de los desaparecidos no estábamos a favor de Sendero Luminoso. En 1980, Sendero empezó a asesinar a las autoridades y a los dirigentes de las comunidades, y en el 83, el Estado desplazó a los militares de Lima a Ayacucho. Pensábamos que nos iban a proteger de esa violencia, pero no fue así: los militares empezaron a violar los derechos humanos», añade.

Lidia Flores Huamán vio por última vez a su marido el 17 de julio de 1984. Dice que se lo llevaron por no tener el documento de identidad. Nunca más supo de él. Entonces comenzó su lucha hasta convertirse en la actual presidenta de la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú. «Buscábamos a las familias e íbamos a las autoridades, y nos decían que volviéramos en 15 días. Al padre Cipriani, de la Iglesia, le llevábamos documentos porque él iba cada domingo al cuartel a dar misa para los presos y los soldados. No dio resultado; nadie nos apoyó», lamenta.

Rubén Arotoma Tucno tenía un padre y una madrastra que eran profesores y que decidieron formar una organización política izquierdista en un pueblo que era bastión del Ejército. No eran de Sendero Luminoso, pero les consideraron «terrucos». Una oscura noche de 1991 se los llevaron y nunca más los volvió a ver. «Mi madrastra estaba embarazada de ocho meses, no respetaron ni la vida del bebé que llevaba dentro. Al día siguiente lo negaron todo, decían que no sabían nada», recuerda. «Por miedo, mucha gente huyó a la ciudad. Quedarse allá [en las aldeas] era muy peligroso: por un lado estaba Sendero y por el otro, los militares», añade.

Eudocia Conde, oriunda de Cancha Cancha, en el distrito de Chuschi, habla de esa época dominada por el terror estatal. «Qué cosa no hicieron los militares. En Pampa Cangallo asesinaron a personas que iban a la feria de venta de mercadería, y en Tocto se llevaron a 13 personas», recuerda. Ella perdió a su esposo en 1983. Llevaba apenas 6 años con él, un profesor lleno de esperanza que desapareció con 27 años y que dejó una familia con tres hijos. «Era un muchacho inocente», dice. Explica que sus hijos, que eran muy pequeños, apenas recuerdan a su padre y le piden a ella que deje de luchar. «Me dicen que lo deje, que ya pasó lo de papá, pero yo sigo buscando», asevera. «No voy a olvidar nunca a mi esposo», sentencia. Para Eudocia Conde, como para muchas otras personas afectadas, solo existe un camino por el que transita desde hace más de 40 años y que no le permite olvidar, al menos hasta que se haga justicia con su marido y con el resto de desaparecidos.