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Prisión domiciliaria para el octogenario que mató a su hijo en Labio

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Agoitz ha decretado prisión domiciliaria, comunicada y sin fianza para el vecino de Labio, de 83 años, que mató el domingo a su hijo de un disparo. Está acusado de un delito de asesinato.

Un agente de la Policía Foral ante la vivienda en la que se registraron los hechos.
Un agente de la Policía Foral ante la vivienda en la que se registraron los hechos. (POLICÍA FORAL)

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Agoitz ha decretado este martes la prisión domiciliaria, comunicada y sin fianza del octogenario que el domingo mató a su hijo en Labio.

En la resolución judicial, que puede ser recurrida, la juez imputa al investigado, de 83 años, un delito de asesinato, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa (TSJN).

El hombre ha pasado este martes a disposición judicial después de que el pasado domingo fuera detenido por la Policía Foral como presunto autor de un homicidio en el domicilio familiar en la localidad de Labio al matar a su hijo, de 55, con un arma de fuego.

El crimen tuvo lugar hacia las 8.15 en la vivienda donde residían ambos, en la calle Iturria de Labio, concejo perteneciente al Ayuntamiento del Valle de Aranguren.

Según informa el TSJN, el investigado saldrá de la vivienda bajo vigilancia policial «para recibir tratamiento médico durante las horas necesarias». Además, podrá ser visitado por familiares y allegados de forma individual.

En la vista en el Juzgado de Agoitz, la Fiscalía ha solicitado, tras ver un informe forense, la prisión provisional atenuada «al entender que concurre riesgo de fuga y de destrucción y alteración u ocultación de las fuentes de prueba relevante».

La defensa, por su parte, se ha opuesto al entender que no concurre ninguna de los dos circunstancias expuestas por la Fiscalía y ha propuesto una fianza de 15.000 euros.

Amenaza de muerte por 200 euros

La resolución judicial recoge que el hijo se personó la madrugada del 28 de abril, sobre las 2.00, en la vivienda del padre, al que amenazó con un cuchillo en el cuello. Al parecer, le dijo que si sobre las 10.00 no le daba 200 euros le mataba.

Sobre las 6.00, cuando el investigado regresó de pasear a su perra, se encontró con que su hijo estaba de nuevo en su casa. Le volvió a colocar el cuchillo en el cuello y le habría vuelto a pedir los 200 euros El padre se negó.

Según consta en la resolución judicial, el investigado subió a su habitación, cogió la escopeta que tenía, la cargó con tres cartuchos y bajó. En ese momento, el hijo estaba recostado, «parcialmente dormido», en el sofá cama del salón.

Al despertarse el hijo, y al hacer amago de coger el cuchillo, el investigado le disparó en tres ocasiones, «dos en el pecho izquierdo a la altura del corazón y otro más en la cara».

Debido a las patologías que padece, el imputado requiere revisiones periódicas por parte de los servicios de urología, nefrología, oncología y cardiología por lo que, según la valoración del médico forense, «no se encuentra en el momento actual ni a futuro en condiciones psicofísicas de ingresar en prisión», expone la juez en la resolución.

Riesgo de fuga

La juez ha decretado la prisión domiciliaria al estimar riesgo de fuga. Así, aprecia una actuación «particularmente violenta», cometida con arma de fuego y aprovechando que el hijo se encontraba en el sofá cama recostado. Resalta que el investigado «acudió a su dormitorio a coger la escopeta, la cargó y la dirigió contra la víctima propinando tres disparos todo ellos en zonas vitales (dos en tórax izquierdo a la altura del corazón y otro más en la cara) asegurando el resultado de muerte».

Además, añade la juez, los hechos son indiciariamente constitutivos de un delito de asesinato perpetrado con la circunstancia agravante de alevosía, castigado con unas penas de prisión que oscilan entre los quince y los veinticinco años.  

La juez ve «la posibilidad de eludir la acción de la justicia en esas posibles penas», así como en la capacidad económica del imputado y en el apoyo de sus allegados (según manifestaciones espontaneas del detenido en sede judicial), lo que, a su juicio, determina una especial tentación de huir del Estado español para evitar los efectos del delito presuntamente cometido, «poniendo en riesgo su presencia en la vista de juicio oral, sin que la edad y el estado de salud del investigado indiquen, necesariamente, esta ausencia de riesgo de fuga teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y de las penas elevadas del delito presuntamente cometido».

Desavenencias conocidas

El alcalde de Aranguren, Manuel Romero, afirmó en declaraciones a Efe que eran conocidas las desavenencias entre padre e hijo, este último al parecer con «problemas de dependencias» y que en diferentes momentos intentaba «chantajear al padre», y «llega ya un momento en que pierde los papeles evidentemente».

El primer edil comentó que «con los vecinos no había ningún problema» y subrayó que «el tema de la convivencia convulsa era evidentemente entre padre e hijo, eso es una cosa constatada, pero con el resto de vecinos, nada».

De hecho, definió al detenido como «una maravilla de persona, implicadísimo siempre en tirar para adelante; lleva arrastrando muchísimo tiempo el apoyo a este hijo, a sus nietas... es un hombre volcadísimo con la familia».