El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, junto a otras plataformas del conjunto del Estado español, han dirigido una carta a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para hacerle llegar su preocupación «porque las reivindicaciones básicas por las que nos estamos movilizando desde hace más de seis años siguen pendientes de solución».

En la misiva, que ha sido registrada este lunes en Bilbo, Donostia e Iruñea en las delegaciones del Gobierno español, los pensionistas denuncian el deterioro de sus condiciones de vida «debido a la insuficiencia de las pensiones públicas» y concretan las mismas en las consecuencias de la privatización de los servicios de sanidad, residencias y el encarecimiento de dichos servicios.

El incremento del coste de la vida y de los servicios básicos, según los firmantes, «hacen que cada vez más personas mayores no puedan acceder a una alimentación sana, una vivienda confortable y unos ingresos por encima del umbral de la pobreza».

Añaden que las decisiones adoptadas para mejorar las pensiones mínimas «son muy insuficientes» y denuncian que tras seis años de exigir una pensión mínima de 1.080 euros, «seguimos esperando que el Gobierno cumpla con su obligación de que las pensiones públicas sean dignas y suficientes».

Sigue la brecha de género

Focalizan asimismo sus demandas en la mayor repercusión que estas condiciones tienen para las pensionistas mujeres, ya que «se siguen sin adoptar medidas eficaces para erradicar la brecha de género en salarios y pensiones y mejorar sustancialmente la pensión de viudedad».

«La ampliación a 27 años del cómputo de cotizaciones (para el cálculo de la pensión) agrava la brecha de género, porque penaliza las carreras profesionales más cortas que mayoritariamente son de mujeres», dicen los firmantes.

En su opinión, «la tasa de reemplazo de las pensiones sigue disminuyendo debido a que los recortes introducidos en la reforma de 2011 (retraso en la edad de jubilación a los 67 años, y prolongación del período de cálculo para las pensiones, desde los 15 hasta los 25 años) que se mantienen en la de 2021, siguen reduciendo las pensiones» y añaden que «no podemos esperar un día más sin derogar esos recortes que lo ocasionan».

Los firmantes ven «inexplicable» que todavía no se haya realizado la auditoria de las cuentas de la Seguridad Social recogida en la Ley 21/2021, y que se sigan sin derogar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados.

Reclaman asimismo que todo el esfuerzo que se está realizando por construir un sistema complementario de pensiones se emplee en «garantizar el Sistema Público y mejorar las pensiones públicas».

Solicitan en este sentido la derogación de La ley 12/2022 y la creación del fondo público de pensiones, así como que «ni un solo euro de la Seguridad Social sea destinado a fomentar los planes privados de empresa».

Las asociaciones de pensionistas consideran que solo es cuestión de voluntad política hacer realidad sus demandas y solicitan a la ministra una reunión «a la mayor brevedad posible» para hacerle llegar sus preocupaciones y conocer de primera mano las líneas de actuación de su departamento.