Las Juntas de Gipuzkoa han aprobado este miércoles con una aplastante mayoría –todos los grupos salvo el PP– una propuesta de resolución a través de la cual se insta al Departamento foral de Hacienda a facilitar a las administraciones competentes que lo soliciten los datos fiscales y del catastro necesarios para calcular los índices de precios de referencia para el mercado de alquiler.

La iniciativa partió a tres bandas desde EH Bildu, PSE y Elkarrekin, y el PNV añadió la necesidad de que Hacienda reciba previamente «una solicitud formal» de los datos, para cumplir las leyes de protección de los mismos. Con ese aditamento se elaboró el texto que se ha votado hoy.

En sus argumentos iniciales, las tres formaciones proponentes recordaban la aprobación de la Ley estatal de Vivienda y la preocupante situación que se vive particularmente en Gipuzkoa, con su capital Donostia liderando rankings de carestía.   

El Gobierno de Lakua presentó una lista de municipios susceptibles de solicitar su declaración de zona tensionada, para topar los precios de los alquileres, entre otras medidas. Veinte pertenecen a Gipuzkoa, aunque por ahora solo Errenteria ha completado los trámites.

Para calcular los valores de referencia en cada municipio son necesarios los datos fiscales y catastrales –en poder de la Hacienda foral–, y ahí es donde entra en juego la propuesta de resolución aprobada.

Intervenciones

Obviamente, el debate ha ido más allá del breve texto de tres líneas sometido a votación. Ha abierto el fuego Miren Echeveste (Elkarrekin), quien a pesar del acuerdo no ha perdido la oportunidad de lanzar chinitas al PNV por su postura obstruccionista ante la Ley de Vivienda, alegando invasión competencial.

Alberto Albistegui (PSE) ha recordado que la Hacienda del Estado español ya ha  publicado su Indice de Precios de Referencia, por lo que las haciendas forales de Hego Euskal Herria van más tarde.

Maddalen Iriarte (EH Bildu) ha puesto el acento en que las dificultades para el acceso a la vivienda afectan particularmente a los y las jóvenes menores de 25 años, sobre todo a las mujeres; pero que la emergencia habitacional también tiene graves consecuencias para las personas mayores.

Xabier Otxoa (PNV) ha remarcado que los grandes tenedores, las viviendas vacías y los pisos turísticos representan tan solo el 3,5% de las viviendas existentes, por lo que el principal problema es que hay mucha demanda pero ha bajado la oferta. «Hace dos décadas se construían 11.000 viviendas al año en Euskadi, ahora 4.500», ha resumido.

Jorge Mota (PP) ha anunciado su voto en contra y ha defendido que Ley estatal de Vivienda no ha dado ninguna solución y que los alquileres han subido en Gipuzkoa una media del 5,4% en el último año por el «intervencionismo» de las administraciones, que han «declarado la guerra a los propietarios».