La Asamblea Legislativa se ha convertido en la extensión del poder absoluto que Nayib Bukele ejerce en El Salvador. No solo le ha garantizado desde marzo de 2022 acabar con derechos y libertades a través de un régimen de excepción perpetuo, sino que ahora ha dado un paso más allá adaptando la Constitución para sus propios intereses.

A nadie se le escapa que una de sus pretensiones podría ser no abandonar el poder en mucho tiempo, al estilo de cualquier dictadura en el mundo. De momento, el 1 de junio iniciará un segundo mandato, tras arrasar en las elecciones del 4 de febrero, a pesar de que varios artículos de la Constitución prohíben la reelección. No conforme con eso, ahora la Asamblea Legislativa le ha allanado el camino para una hipotética reforma constitucional que permita reelegirse una legislatura más.

Un día antes de que se disolviera la Asamblea, 66 de los 84 diputados del Congreso aniquilaron el último contrapeso que impedía que Bukele pudiera perpetuarse en el poder. Con su voto, el pasado 28 de abril, modificaron el artículo 248 de la Constitución, lo que permitirá que, a partir de ahora, se puedan introducir reformas a la Carta Magna en una sola legislatura cuando se cuente con los votos de las tres cuartas partes de la Asamblea Legislativa que está conformada por 60 diputados, la mayoría de ellos de Nuevas Ideas.

Ello supone cambiar radicalmente la dinámica parlamentaria que establecía la Constitución vigente desde 1983, dado que el citado artículo señalaba que solo se podía cambiar el texto constitucional en dos legislaturas.

En la primera votación, se necesitaba la mitad más uno de los diputados y, posteriormente, debía ser ratificada por la siguiente legislatura con dos tercios de los votos. Ello posibilitaba que la ciudadanía, a la hora de votar a los nuevos diputados del Congreso cada tres años, pudiera dar su apoyo o no a los partidos que habían apostado por la reforma de la Carta Magna, algo que ya no será posible.

Por tanto, Nuevas Ideas, el partido creado por Bukele y que cuenta en esta legislatura con 54 de los 60 escaños, podrá ejercer el rodillo parlamentario aprobando reformas a la Constitución sin que nadie se lo impida.

Uno de los artículos de la Carta Magna que corre el riesgo de ser modificado es el 154, que fija la duración del periodo presidencial en cinco años «sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más». También podrían llegar a ampliar el periodo para el que fueron electos los diputados, pasando de tres a cinco años para coincidir con la legislatura del Gobierno.

La «nueva realidad»

Ello ha encendido las alarmas de la oposición y de varias organizaciones que llevan años denunciando la deriva dictatorial de Nayib Bukele sin que tenga ningún efecto en la población, que lo apoya incondicionalmente, con un 85% de respaldo en las últimas elecciones. Mientras el oficialismo defiende que no le está quitando nada a la Constitución, sino que la está adaptando a los cambios que demanda la «nueva realidad», la debilitada oposición denuncia que se está “atentando” contra la seguridad jurídica.

Esta situación se produce en un contexto en el que el Salvador está pendiente de una profunda reforma constitucional, después de que, en septiembre de 2021, el vicepresidente, Félix Ulloa, presentó un anteproyecto a Bukele para modificar más de 200 artículos de la Carta Magna.

Hasta el momento, no ha sido presentado al Congreso, si bien no se espera ningún cambio en materia de derechos sociales, tan pendientes en este país ultraconservador.

El mandatario ya cerró la puerta a introducir el aborto terapéutico, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la eutanasia. Por el contrario, sí aceptó otro paquete de reformas, entre las que destaca ampliar el mandato presidencial de cinco a seis años a partir de 2027 e instaurar la posibilidad de revocar al presidente en un referéndum al tercer año del mandato.

La seguridad ha mejorado a pasos agigantados en detrimento de restar derechos a la población, si bien salvo organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas del régimen de excepción, nadie alza la voz ante la concentración de poder en El Salvador. Incluso sus medidas represivas se han convertido en un modelo a seguir en países de Latinoamérica, como Honduras y Ecuador.

La oposición ha quedado desintegrada tras décadas de corrupción, lo que provocó un hastío en la población que dio su voto de confianza a Bukele en las últimas dos elecciones. Poco a poco, a través de Nuevas Ideas, ha aglutinado todo el poder y no hay visos de que nadie a corto plazo pueda arrebatárselo.