Martí (Unrwa) en Bilbo: Por el derecho al retorno, en el punto de mira de Israel
Representar los derechos de los seis millones de refugiados palestinos ha colocado a la Unrwa en el punto de mira de Israel, que no ceja en su empeño de expulsarla de Palestina. Cuando la diplomacia no funciona, asegura la agencia de la ONU, hay que pasar a la acción para acabar con la ocupación.
Un día antes de que colonos iraelíes prendieran fuego al perímetro de la sede de la Agencia de a ONU para los Refugiados Palestinos (Unrwa) en Jerusalén, asediada a diario durante el último mes, su directora ejecutiva en el Estado español, Raquel Martí, explicó en Bilbo el motivo por el que la agencia se ha convertido en objetivo de Israel: representar el derecho que los seis millones de refugiados palestinos llevan reclamando desde 1948, el derecho al retorno.
Un regreso que «pondría en peligro su proyecto de Estado judío de Israel», remarcó Martí, quien aseguró que esa es la razón de la campaña lanzada sin pruebas por Israel contra la agencia, precisamente cuando la Corte Internacional de Justicia iba a hacer pública su resolución sobre la acusación de genocidio que estaba cometiendo en la Franja de Gaza. Una acusación que le llevó a atravesar su momento más crítico por la retirada de la financiación –temporal en muchos casos–por parte de los Gobiernos aliados de Tel Aviv, que, no obstante, fue suplida por el aumento de las aportaciones realizadas por otros Estados y, destacó, la de la ciudadanía, que se volcó con la causa palestina y donó a la Unrwa 150 millones de dólares.
La agencia se constituyó en 1949 con un mandato temporal de tres años –renovado periódicamente los últimos 75– para atender a los 700.000 refugiados que dejó la guerra árabe-israelí, pero Martí recalcó que «la violencia es lo que define la ocupación» y desde 1967, las suscesivas olas de violencia tanto en Cisjorcania como en Gaza han dejado miles de muertos a manos de soldados y colonos, miles de detenidos, la destrucción de hogares, hospitales, escuelas, pozos.... Una situación que se agravó en 2023 y se «reaceleró» a partir de los ataques de Hamas del 7 de octubre.
«Crisis de humanidad»
«Pero cuando hablamos de crisis humanitaria nos referimos a una crisis de protección, ya que los palestinos sufren desprotección y falta del derecho a la vivienda, a la salud, a la educación y, sobre todo, a la vida», denunció Martí, que aseguró que el bloqueo de la Franja desde 2007 ha provocado el colapso del sistema económico y las siete incursiones militares israelíes, que se han repetido cada tres o cuatro años, han destruido toda la infraestructura: no hay agua potable, ni combustible, ni electricidad, ni pesca, ni cultivos, ni reciclaje de aguas residuales –que se vierten al mar, donde pescan y se bañan–, ni canalizaciones de agua, ni hospitales, ni escuelas, ni viviendas, ni monumentos.... Nada. Solo una población traumatizada y miles de desplazados forzosos, incluidos trabajadores de la Unrwa y quienes se refugiaban en edificios de la ONU que no pueden ser atacados. «Es una crisis de humanidad», sostuvo.
«Unas 300.000 personas permanecen en el norte porque se negaron o no pudieron marchar hacia el sur. No hay un lugar seguro en la Franja. Saben que serán atacados si se mueven», señaló.
Recordó que no se conoce ningún otro conflicto «con ese grado de destrucción y número de menores, trabajadores humanitarios, trabajadores sanitarios o periosdistas asesinados», y consideró que va a sentar un precedente de cara al futuro.
Martí aseguró que se trata de un conflicto por la tierra y los recursos naturales: «Desde la creación del Estado de Israel, Israel ha ocupado espacios que no le pertenecen, anexándose la mayor parte del territorio de Palestina desde 1967 ocupando tierras, construyendo asentamientos, declarando reservas naturales o zonas de uso militar en territorio palestino».
Fue clara al subrayar que «no se puede mantener para siempre esta ocupación» y que hay que acabar con ella. Señaló que «aunque la solución ideal» sería la creación de dos Estados con sus fronteras delimitadas, «no parece viable» con 500.000 colonos, falta de continuidad territorial entre Cisjordania y Gaza y dos Gobiernos en esos territorios. Así, remarcó que «la mayoría de los jóvenes palestinos y muchos adultos abogan por un único Estado con los mismos derechos para todos, palestinos e israelíes».
Martí concluyó que «la diplomacia no ha funcionado y hay que pasar a la acción: acabar con la ocupación ilegal y crear un Estado palestino».