Jóvenes independentistas de Nueva Caledonia se están movilizando en el archipiélago contra un proyecto de enmienda constitucional que se debate en París y que de ser aprobado diluiría el peso de la población autóctona de esta colonia francesa ubicada en el Pacífico sur, al este de Australia.    

Según fuentes oficiales, en Noumea, la capital de este territorio insular situado a 17.000 kilómetros de la metrópoli, los manifestantes han incendiado automóviles, viviendas y fábricas, saqueado tiendas y se han enfrentado con armas a las fuerzas policiales.

Las protestas arrancaron este lunes, coincidiendo con el comienzo del debate de una reforma de la Carta Magna que, según los independentistas, prevé cambios en el censo electoral que diluyen el peso de la población autóctona. El archipiélago cuenta con 270.000 habitantes.

El ministro francés de Interior, Gérald Darmanin, ha asegurado que se han producido «disparos con armas de gran calibre, con carabinas de caza, contra los gendarmes» y ha anunciado el toque de queda en la capital por el tiempo que sea necesario y el envío de refuerzos policiales.

Según Darmanin, 54 agentes han resultado heridos en los enfrentamientos, «algunos de ellos de gravedad». También ha denunciado el acoso que sufren las familias de los policías.

El alto comisionado de la República, Louis Le Franc, cargo con el que se nombra al representante del Ejecutivo francés en Nueva Caledonia, ha asegurado que al menos 50 fábricas han sido incendiadas y otros tantos comercios, además de algunas viviendas.

Escuelas y aeropuertos cerrados

El Gobierno local, por su parte, ha pedido calma a la población y «responsabilidad a los ciudadanos y a los representantes políticos, institucionales, tribales, religiosos, asociativos y familiares. Ningún motivo de descontento, de frustración o de cólera justifica que se destruya lo que el país ha construido durante décadas y se hipoteque su futuro».

Además, ha ordenado el cierre de escuelas e institutos, mientras que la aerolínea local Aircalin ha suspendido todos sus vuelos y el aeropuerto internacional permanece cerrado.

En el origen del conflicto está la reforma constitucional que prevé cambiar el cuerpo electoral, establecido desde 1998 y que el Gobierno francés considera que priva de derecho al voto a un quinto de la población, procedente de la metrópoli europea.

Aprobada ya por el Senado, la Cámara Baja debía votar la reforma este martes, pero la oposición de izquierdas presentó un elevado número de enmiendas que ha retrasado el calendario.