El Ayuntamiento de Iruñea, según ha informado en una nota, tendrá que destinar 11,25 millones de euros de su remanente para gastos relacionados con desviaciones, pagos no realizados o prórrogas forzosas previas a 2024. En el cuarto trimestre de 2023, con Cristina Ibarrola como alcaldesa y antes de la moción de censura, se aprobó la continuidad del contrato en 29 expedientes de licitación, una vez agotado su plazo de vigencia, entre ellos, los de mayor volumen del Consistorio, que están ahora pendientes de licitación.

Esta información coincide con la relativa a la pérdida de recaudación de 30 millones de euros por no actualizar el catastro durante los mandatos de UPN, pese a que así lo establece la ley.

Entre estos contratos prorrogados por Ibarrola se encuentran la limpieza y la gestión de la red Civivox de 2018, caducada desde 2022. También se halla en esa situación la gestión de la Casa de la Juventud de 2018, caducada desde 2022, el expediente de limpieza viaria, desde 2016, el de mantenimiento de la vía pública, y el de limpieza de edificios municipales, que es también de 2018 y caducaba en 2022. «Estas prórrogas forzosas han tenido como consecuencias la pérdida patrimonial, revisión de precios al alza o desestimiento de las empresas adjudicatarias», señala el Ayuntamiento.

A estos gastos se unen los 50.000 euros pendientes de sentencias de obligado cumplimiento aún sin ejecutar, más otros pagos que deben ser cubiertos con remanentes, como retribuciones de Policía, que suman un importe de 6,55 millones, dinero adeudado a promotores por cierre de polígonos, hasta los 1,03 millones, o gastos de seguridad social, nóminas y asesoría del Servicio de Atención a Domicilio, por 350.000 euros.

Pagos obligados por desviaciones

Las desviaciones de gasto suman en total 1.135.000 euros. La cantidad mayor corresponde a la reforma de la escuela infantil Donibane, con 485.000 euros. Las desviaciones de la obra de construcción de Civivox Zabalgune suman 300.000 euros y las del polideportivo de Buztintxuri, 200.000 euros. El proyecto OpenLab presenta una desviación de 150.000 euros.

El mantenimiento de zonas verdes alcanza un total de 718.322,41 euros; de ellos, 416.033,56 euros se adeudan a la firma Acciona y 302.288,85 euros, a la empresa Eulen. También hay pendientes 244.307,79 euros de diversos trabajos de mantenimiento de edificios, y 100.000 euros por obras tras la aparición de goteras en los barrios de Txantrea y Arrotxapea.

Pagos obligados por revisión de precios

En el apartado de revisiones, el total alcanza 1.083.861,59 euros. La revisión de precios en la escuela infantil de Mendebaldea se sitúa en 107.000 euros, y la de las pistas deportivas del CEIP Ermitagaña, en 55.037,84 euros. La revisión de la renovación de redes en la colonia San Miguel del barrio de Txantrea alcanza los 38.642,05 euros, y las redes de abastecimiento y saneamiento de las calles Manuel de Falla, Río Urrobi y Río Irati, en Arrosadia, suman 301.334,12 euros.

A estas cifras se añaden los 92.750,23 euros de revisión del Eje Sostenible de Labrit, que conecta el barrio de Txantrea con el centro de la ciudad a través de 1,2 kilómetros de bidegorri y dos revisiones de la empresa Erriberri, por valor de 273.322,35 y 135.415 euros, respectivamente, y otra de Obenasa, por 80.360 euros.

Entre los pagos pendientes se encuentra la ejecución de una sentencia judicial por importe de 80.000 euros, y el fondo para la parcela de la plaza de Santa Ana, por 14.159,57 euros.