Esta semana la Unión Europea han dado luz verde a la modificación del mercado eléctrico y del mercado de gas. El discurso oficial señaló que con los cambios se quiere lograr un mercado más «estable y asequible», además de proteger a los consumidores contra la volatilidad de los precios. La realidad de la reforma, sin embargo, parece indicar otra cosa.

En lo fundamental se mantiene el actual mercado marginalista de fijación de precios de la electricidad. El sistema consiste básicamente en que se ordenan las ofertas de electricidad de menor a mayor precio hasta que la oferta y la demanda casan. En ese punto se fija el precio de la electricidad que se pagará a todas las empresas generadoras, independientemente de la tecnología que usen. Un sistema que, como hemos experimentado estos últimos años, puede provocar grandes variaciones en los precios, con importantes picos que afectan tanto a las compañías eléctricas como a los consumidores industriales y a los hogares.

Contrato por diferencia

La parte más importante del cambio es la introducción del contrato por diferencia o contrato bidireccional por diferencia (CfD) que a grandes rasgos consisten en que los Estados pueden licitar nuevas instalaciones de generación de electricidad para las que se acuerda un precio estable de compraventa con unos márgenes de fluctuación, como aparece en la imagen adjunta que reproduce el gráfico publicado en la página web del Consejo Europeo. Las nuevas inversiones podrán dirigirse a la generación de energía renovable y también energía nuclear, como exigía el Estado francés, y reflejo del mercadeo existente en Europa a cuenta de la transición energética.

La peculiaridad de este tipo de contrato es que cuando el precio de la electricidad supere los límites marcados, se procederá a compensar la diferencia. Si el precio sube por encima del límite superior, las cumbres en el gráfico adjunto, la compañía eléctrica devolverá el exceso cobrado que, según señala la directiva, se reintegrará a los usuarios.

En el caso de que el precio descienda por debajo del precio mínimo, será el Estado el que compense a la compañía que genera energía por cobrar unos precios por debajo de los acordados. Por la experiencia de los últimos años, puede parecer que este caso no se dará tan a menudo como la subida por encima de los límites pactados –de hecho solo han dibujado dos picos por debajo y tres por encima–, sin embargo, existen poderosas razones para pensar que puede empezar a suceder cada vez más a menudo.

Precios a la baja

Durante el mes de marzo el precio de la electricidad en el Estado español fue cero durante algunas horas. El 1 de abril el precio de la electricidad fue negativo por primera vez y durante bastantes horas. Esto quiere decir que resultaba más barato a la compañía generadora pagar por vender su electricidad que detener la producción.

Esta situación se ha repetido a lo largo de abril, hasta el punto de que el precio medio ha sido de 13,7 €/MWh, un 80% menos que hace un año, cuando fue de 73,7 €/MWh. En total fueron 155 horas a precio cero y 107 con precios negativos, lo que quiere decir que la electricidad se vendió a precio cero o negativo nada menos que el 36% del mes.

La explicación general es que se ha dado una situación excepcional por las lluvias y el viento. Excepcional o no, lo cierto es que a pesar de la apuesta por la electrificación para avanzar en la transición energética, el consumo de electricidad está disminuyendo desde el máximo que alcanzó en 2008. Entonces se consumieron 260.000 GWh, que en 2023 se han quedado en 244.000 GWh.

La demanda media también ha caído hasta los 26 GW (en 2008 eran 32 GW) con unos picos de consumo máximo de 41 GW. La potencia instalada en el Estado triplica el pico de consumo máximo y ronda ya los 120 GW. Una cantidad que parece excesiva, incluso teniendo en cuenta el factor planta, es decir, la generación real de electricidad en relación con la potencia teórica. En el caso de las renovables es bastante baja: del 10% al 40% en la eólica y del 10% al 30% en la fotovoltaica. Lógico ya que la generación depende en gran medida de las condiciones atmosféricas.

Otro aspecto a tener en cuenta es que aproximadamente el 20% del consumo de energía es eléctrico. El resto depende básicamente de los combustibles fósiles y no hay una estrategia clara para sustituir ese 80% de consumo por electricidad renovable, simplemente porque muchas veces no se consume de manera eléctrica. El investigador Antonio Turiel sugería en 2021 que tal vez tenía más sentido ver cómo aprovechar mejor la electricidad que producir más o generar con renovables otras formas de energía que no sean eléctricas.

El aumento de electricidad generada con renovables lo único que está consiguiendo es rebajar el precio. Además, Europa no es tan grande y la estrategia ha sido similar en todos los países, de modo que cuando las condiciones son favorables los precios caen en media Europa, como se observa en el mapa adjunto.

Crisis de las renovables

Unos precios bajos ponen en peligro la rentabilidad de las inversiones. El año pasado, por ejemplo, las licitaciones británicas para parques eólicos en el mar del Norte se cancelaron simplemente porque no hubo ninguna oferta. La crisis de las renovables afecta especialmente a la energía eólica. Conocidos son, por ejemplo, los problemas de Siemens Gamesa, que ha sido rescatada por el Gobierno alemán. Las ocho mayores empresas eólicas redujeron sus activos en 3.000 millones el año pasado, según recoge el informe elaborado por Allianz Research.

En la crisis de la eólica se combinan tres factores: dificultades de abastecimiento de materiales, fuerte subida de las materias primas por la inflación y la subida de los tipos de interés. Este último punto tiene una gran importancia porque los proyectos eólicos exigen fuertes inversiones y los pagos por intereses están destrozando las cuentas de las multinacionales. En una entrevista publicada el año pasado en Frankfurter Allgemeine Zeitung, el presidente de BASF, Martin Brudemuller, fue claro: «Los chinos son técnicamente mejores que nosotros y además, más baratos», para a renglón seguido concluir de manera categórica diciendo que la tecnología eólica europea «ya ha desaparecido».

No menos importante en esta crisis es el marco de libre competencia, en el que el único criterio es siempre el de la oferta más baja, lo que ya hundió a la industria fotovoltaica.

Rescate encubierto

En este contexto de crisis se entiende mejor la reforma aprobada en Europa: más que un ajuste es un rescate en toda regla. La privatización y el mercado eléctrico se vendieron como la panacea que bajaría los precios. A base de grandes inversiones lo han conseguido.

Ahora se han dado cuenta de que una electricidad barata beneficia a los consumidores, pero quiebra las cuentas de las empresas. Para arreglarlo, a partir de ahora el Estado compensará a los oligopolios con los contratos CfD que fijan unos precios mínimos, y en consecuencia los inversores obtienen un beneficio asegurado por su inversión.

El resultado es que el consumidor paga menos directamente por la electricidad, pero más indirectamente, ya que el Estado compensará a las eléctricas cuando los precios caigan. Esto significa que habrá menos recursos para invertir en sanidad, enseñanza o infraestructuras, de modo que lo que el consumidor se ahorra en la factura eléctrica, lo pagará en forma de peores servicios públicos. En definitiva, una pérdida neta para la gente corriente.

Eso sin contar con el enorme despilfarro que supone invertir en infraestructuras de generación de electricidad que están la mayor parte del tiempo paradas. Da la impresión de que lo que las autoridades europeas buscaban con esta transición energética sui generis, consistente en llenar todo de aerogeneradores, era impulsar la industria eólica que, a pesar del esfuerzo, también está en declive.

La profesora Daniela Gabor ha llamado a este enfoque de las políticas públicas el Estado que elimina riesgos (The derisking state). Garantizar beneficios a las inversiones de capital privadas se está afianzando como el principal eje de las políticas públicas de la Unión Europea. La pregunta que plantea el esquema es, ¿y dónde queda el riesgo asociado a la competencia en el mercado? ¿No era la competencia lo que aseguraba la eficiencia económica?

Al parecer en el mercado eléctrico no funciona. Esto es lo que ocurre cuando los presupuestos ideológicos liberales se anteponen al sentido común. El mercado no es una solución buena para gestionar una red eléctrica, ni en general para organizar suministros regulares que necesitan planificaciones detalladas y a largo plazo.